VALÈNCIA (EFE). La disparidad de legislaciones tributarias entre los Estados de la Unión Europea, con una brecha de hasta veinte puntos en sus impuestos de sociedades, abre la puerta a una competencia desleal que merma la recaudación de algunos países y a la que busca poner coto el nuevo tipo mínimo global del 15 % para las grandes empresas.
La decisión de Ferrovial de trasladar su sede de España a Países Bajos ha puesto bajo los focos la diferencia de trato en materia de tributaria que reciben las multinacionales entre un país y otro, algo que, si bien no figura entre los motivos aducidos por la constructora española para mudarse, constituye un factor esencial para las empresas a la hora de elegir donde radicar su negocio.
Los Veintisiete son libres de fijar su política fiscal y, si bien el tipo nominal del impuesto de Sociedades es del 21,4 % de media en la UE, las tasas efectivas que pagan las empresas oscilan entre el 9 % de Bulgaria y el 29 % de España pasando por el 14,1 % de Irlanda y el 21,5 % de Holanda, según datos de la Comisión Europea para 2021.
En el caso de las multinacionales, el tipo efectivo se queda incluso por debajo del 5 % en países como Luxemburgo, Holanda y Chipre, de acuerdo con un estudio de la organización Justice Tax Network.
A reducir la factura con el fisco contribuyen esquemas como los incentivos fiscales a la cesión de patentes, las exenciones tributarias a la propiedad intelectual o las superdeducciones al I+D, prácticas consideradas muy perjudiciales por organizaciones como Oxfam, que ha denunciado que estas permiten, por ejemplo, que las farmacéuticas abonen solo entre un 5 y 6 % de impuesto en Bélgica.
También los "tax rulings", acuerdos fiscales a medida que permitieron que gigantes como Amazon y Fiat en Luxemburgo o Starbucks en Países Bajos pagasen impuestos por una mínima fracción de sus beneficios, como demostraron las investigaciones de la Comisión Europea.
Si algunos países han usado sus sistemas tributarios para atraer empresas, las grandes multinacionales también han sabido aprovechar las lagunas del mosaico de legislaciones nacionales para explotar las ventajas fiscales de las distintas jurisdicciones, trasladando beneficios de una a otra con complejas estructuras.
El resultado es que algunos Estados de la Unión Europea acaban perdiendo parte de la recaudación que les correspondería por los beneficios generados en su territorio en detrimento de países más atractivos fiscalmente gracias a prácticas legales, pero cuestionables en un mercado único.
Luxemburgo y Holanda son los que más ingresos restan al resto de socios comunitarios, que perdieron 12.000 millones de euros y 10.000 millones al año, respectivamente, solo por el traslado de beneficios de multinacionales estadounidenses a estos dos países, según cálculos de Justice Tax Network, que les incluye entre los diez principales paraísos fiscales del mundo.
Los más perjudicados son Francia, Alemania, Italia y España, que recaudaron entre 2.000 y 7.000 millones menos anualmente.
"Durante años Holanda ha provocado una carrera a la baja dentro de la UE", dijo el director ejecutivo de la organización, Alex Cobham, criticando el "serio coste" de esta "competencia fiscal".
España, en concreto, perdió 2.711 millones de dólares, un 11 % de la recaudación por sociedades, en favor de "paraísos fiscales en la UE", sobre todo de Holanda (1.089 millones), Luxemburgo (811 millones), e Irlanda (604 millones), según un estudio de las universidades de Berkeley, California y Copenhague de 2021.
La Comisión Europea mantiene que no existen paraísos fiscales en la UE, pero en 2018 reconoció que siete miembros - Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Bélgica, Chipre, Malta y Hungría- llevaban a cabo una "planificación fiscal agresiva" y desde entonces les ha pedido reiteradamente atajar estas prácticas, la última vez al negociar sus planes de recuperación poscovid.
Presionada por la crisis financiera y escándalos como el LuxLeaks o los Papeles de Panamá, Bruselas intentó en la pasada década aprobar una base común para el impuesto de sociedades en la UE que garantizase el pago allí donde se generan los beneficios, pero la legislación nunca salió adelante puesto que un solo país puede vetar cualquier propuesta en materia tributaria, lo que bloquea cualquier intento de armonización.
La Comisión decidió entonces centrarse en iniciativas para luchar contra la evasión fiscal, con varias directivas antiblanqueo, y en reforzar la transparencia y la cooperación entre países, con medidas como los informes por país sobre los impuestos que abonan las grandes empresas.
Sin embargo, el mayor paso adelante para acabar con la brecha tributaria de las multinacionales podría venir del acuerdo sellado por más de 140 países en la OCDE para fijar un tipo mínimo efectivo del 15 % a nivel global para las empresas que facturen más de 750 millones de euros al año.
El pacto, impulsado por Francia, España y Alemania, busca acabar con los incentivos para trasladar los beneficios a paraísos fiscales y fue suscrito por todos los socios de la UE, incluidas Irlanda, Hungría y Estonia, que habían mostrado reticencias inicialmente.
La medida se aplicará en los Veintisiete con una directiva que, tras meses de negociaciones para convencer a los países más celosos de su autonomía tributaria y sortear los vetos de última hora de Hungría y Polonia, fue aprobada en diciembre y entrará en vigor en 2025.
Esto permitiría recaudar 50.000 millones más en la UE, 700 millones en España, según EU Tax Observatory.