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Brines niega que los altos cargos contratados por Divalterra fueran por "razones políticas

Foto:EVA MAÑEZ
6/02/2020 - 

VALÈNCIA. Agustina Brines, excogerente de Divalterra y una de las acusadas en el caso Alquería, que investiga la malversación de más de dos millones de euros desde la empresa pública Divalterra a través de contratos de alta dirección, ha declarado este jueves a petición propia.

El caso Alquería fue el primer gran caso de corrupción vinculado a los gobiernos de izquierdas salidos de las urnas en 2015. En él se investiga cómo presuntamente el expresidente Jorge Rodríguez; su asesor Manuel Reguart; su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda, y los directores gerentes de la empresa pública Xavier Simón y Agustina Brines crearon hasta ocho puestos de alta dirección para colocar a personas afines al PSPV y Compromís. Están acusados de malversar cerca de dos millones de euros.


La declaración

Según fuentes presenciales, Brines, ha declarado que los contratos de siete altos cargos "no se hicieron por razones políticas", a lo que el magistrado le ha contestado que entonces cómo explica que fueran tres personas del PSPV y otras tres de Compromís. Ante esta pregunta, Agustina Brines ha declarado que "fue Presidencia quien recomendó las contrataciones, tanto los del PSOE como los de Compromís. No fue una selección pública".


La excogerente ha aseverado que "ni Secretaría ni nadie advirtió que los nombramientos de los siete altos cargos debían pasar por el Consejo". El Juez le ha replicado que hay 12 informes que lo advierten. Como parte de su estrategia de defensa ha aseverado que ella "se opuso" a los dos nombramientos de altos cargo se hicieron en el año 2018. Además de explicar que no fue hasta julio de 2017 que se enteró "que deberían haber pasado los nombramientos por el Consejo y se lo comunicó a Cuerda".


Pero lo más llamativo de la declaración fue el momento en que aseveró que los contratos "beneficiaban a la empresa porque eran temporales", hecho que según las fuentes presentes dejó perplejos a juez y fiscal, pues pese a la temporalidad, fueron dos millones de euros que presuntamente no se debían haber gastado nunca. Brines se negó a contestar al fiscal Anticorrupción porque, asegurada por su defensa, dijeron que "preguntaba en un turno que no era el que le correspondía".


En cuanto al porqué de las contrataciones, dijo que se hicieron para saber "qué estaba pasando en la empresa". Esta afirmación la realizó después de explicar que cuando entraron en la Diputación en 2015, que "había gente con contrato que no aparecía por el trabajo, que aquello era el paradigma de la corrupción de la Comunitat Valenciana".


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