VALÈNCIA. (EP) La Comisión Europea ha advertido este miércoles de que da dos meses a España para transponer completamente las leyes que eliminan los obstáculos reglamentarios, incluidos los riesgos, en virtud de la Directiva sobre riesgos para la sostenibilidad de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios o, de lo contrario, puede decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Bruselas ha advertido a España de la necesidad de tomar medidas a través de un dictamen motivado por no haber incorporado plenamente la Directiva, que aclara la obligación actual de los gestores de activos de integrar los riesgos de sostenibilidad externos y determinadas implicaciones de diligencia debida, es decir, cuando los gestores de activos divulgan información con respecto a la consideración de impactos adversos sobre la sostenibilidad.
La Directiva sobre los riesgos para la sostenibilidad de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios añade el requisito de que las sociedades de inversión integren los riesgos para la sostenibilidad en la gestión, teniendo en cuenta la naturaleza, la escala y la complejidad de la actividad de las sociedades de inversión.
España no ha incorporado plenamente la Directiva al ordenamiento jurídico nacional antes de la fecha límite del 31 de julio de 2022, por lo que ahora dispone de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias.
