Foto: EUROPA PRESS/CONTACTO/VINCENT ISOREVALÈNCIA (EP). La Comisión Europea ha dado a España un plazo de dos meses para culminar la revisión de sus planes de gestión del agua o, de lo contrario, podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Bruselas ha instado este jueves a España y otros siete Estados miembro -Bulgaria, Chipre, Irlanda, Malta, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia- a que finalicen la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca, de conformidad con la directiva marco del agua, y sus planes de gestión del riesgo de inundación, en base a la directiva sobre inundaciones.
Ambas directivas exigen a los países de la UE que revisen, actualicen e informen cada seis años de estos planes hidrológicos que incluyen un programa de medidas para garantizar el buen estado de todas las masas de agua y muestran las posibles consecuencias adversas asociadas a los escenarios de inundación.
La Comisión abrió en febrero un expediente a España para que cumplieran sus obligaciones y finalizara la revisión de sus planes hidrológicos. Sin embargo, sigue incumpliendo sus obligaciones.
En concreto, España, junto a Bulgaria, Chipre, Malta y Portugal, lleva retraso en la revisión, adopción y notificación de los terceros planes hidrológicos de cuenca y los segundos planes de gestión del riesgo de inundación.
Bruselas ha recordado que la legislación comunitaria sobre el agua debe aplicarse plenamente para alcanzar los objetivos de la UE en materia de economía circular, biodiversidad, contaminación cero y cambio climático.
España y el resto de países apercibidos disponen ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias o, a falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión puede decidir llevarlos ante el TJUE.
Asimismo, la Comisión Europea también ha dado un plazo de dos meses a España para poner en marcha la trasposición de la directiva sobre cualificación profesional en la navegación interior, antes de llevarle ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Después de que Bruselas abriera expediente a España y Dinamarca por esta cuestión en 2022, el Ejecutivo europeo señala que no ha recibido ninguna notificación de que hayan incorporado plenamente la Directiva a su ordenamiento jurídico nacional y da un ultimátum a ambos países.
Es por eso que ha dado un nuevo paso con un dictamen motivado, al entender que sus legislaciones nacionales no se ajustan plenamente a la directiva. Ahora Dinamarca y España disponen de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias, mientras que Bruselas se reserva la opción de denunciarles ante el TJUE.
España fue avisado en julio de 2022 de que debería haber introducido esta norma ya en enero de 2022. La directiva persigue la armonización y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de las tripulaciones en la navegación de aguas de interior.
