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LA COMISIÓN EUROPEA EXIGE CONOCER CÓMO SE VAN A CONDONAR 350 MILLONES DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN POR AYUDAS DE ESTADO

Bruselas da un mes más al Gobierno para explicar cómo piensa condonar la deuda del Consorcio

17/09/2018 - 

VALÈNCIA. La Dirección General de Competencia de la Unión Europea ha acordado ampliar el plazo que dio al Gobierno de España para que explique cómo piensa asumir 350 millones de deuda del Consorcio València 2007, un requerimiento que forma parte del expediente abierto por Bruselas para investigar si el préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar las infraestructuras necesarias para la celebración de la America's Cup de vela en 2007 y 2010 puede ser una ayuda de Estado ilegal.

En concreto, Bruselas ha accedido a extender en un mes el límite para reunir la documentación que se le requiere para justificar la adecuación de esa operación a las normas comunitarias de ayudas estatales, dado que el plazo de 30 días concedido inicialmente coincidió con el mes de agosto. La Comisión exige conocer las condiciones concretas de la medida pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Consell de Ximo Puig para librar al Consorcio de gran parte de su deuda.

El Consorcio nunca ha podido hacer frente a la devolución del crédito del ICO, del que responde el Tesoro al estar avalado por el Ministerio de Hacienda. La deuda actual del ente –participado en un 40% por el Estado, un 40% por la Generalitat y un 20% por el Ayuntamiento de València– supera los 426 millones de euros.

El compromiso del Gobierno con el Consell es condonar la parte de la deuda derivada de los intereses y recargos por el crédito del ICO que tendrían que asumir la Generalitat y el Ayuntamiento.

Además, a ello se suman la cantidad que previsiblemente tendrán que desembolsar para cancelar la deuda de 67 millones de euros que el Banco Santander ha cedido recientemente a un fondo oportunista, de la que los tres socios responden en la misma proporción en la que participan en el Consorcio. El Gobierno central confía en poder saldar esa deuda con el fondo con 8 millones de euros.

Por el momento, el Gobierno central no ha precisado de qué forma se va a llevar a cabo la asunción de la deuda. Fuentes del Ministerio de Hacienda preguntadas al respecto por este periódico remiten al anuncio que en su momento realizó el jefe del Consell sobre el asunto, que forma parte del conjunto de contrapartidas negociadas con el Ejecutivo central para apoyar su senda de déficit.

Para ello está previsto que próximamente se constituya una mesa técnica entre el Estado y la Generalitat para definir la fórmula jurídica mediante la que se podría llevar a cabo la condonación de esa parte de deuda.

Sospechas de ayuda de Estado ilegal

Tras haber conocido por los medios de comunicación de la intención del Gobierno central de perdonar al Consorcio la deuda, Bruselas envió una carta el pasado día 24 de agosto para pedir aclaraciones al respecto.

En la misiva, recordaba que con el 31 de julio ya había requerido información sobre el préstamo del ICO y daba 30 días hábiles de plazo al Consorcio para presentar la documentación, tanto la reclamada con la carta que llegó el 31 de julio como la que le pidió posteriormente.

Foto: EVA MÁÑEZ

La Comisión ya había pedido aclaraciones sobre si las autoridades españolas "han modificado cualquiera de las condiciones de este préstamo hasta ahora o han pagado alguna cantidad en su calidad de garantes". "¿Han participado las autoridades españolas en cualquier acción formal por la que se renuncie a este préstamo? ¿Ha habido conversaciones sobre una renuncia de este tipo hasta la fecha?", pregunta Bruselas, quien también reclama saber para qué utilizó el Consorcio los 319 millones del préstamo del ICO. "¿Qué obras de infraestructura se cubrieron exactamente con dicho préstamo? ¿Se financiaron con él también otros gastos no relacionados con la infraestructura de la Marina?", insiste la carta.

El Gobierno sigue sin nombrar representante

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda aún no tiene una fecha para el nombramiento de su secretaria de Estado como vocal del consejo rector del Consorcio València 2007. Aunque estaba previsto el nombramiento por parte del Consejo de Ministros de hace tres semanas, éste aún no se ha hecho efectivo.

Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero aseguran a este periódico que será "en breve", pero no concretan la fecha para que el Ejecutivo formalice el nombramiento de la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, como vicepresidenta del consejo rector del Consorcio en representación del Estado. La última ocasión perdida fue el Consejo de Ministros del pasado viernes día 14.

Este retraso impide cubrir la vacante que se generó con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez a finales de mayo, una situación que mantiene paralizado al ente gestor de La Marina de València justo en un momento en el que tiene pendiente tomar importantes decisiones sobre su situación financiera

Una de las decisiones más urgentes que quedan pendientes es la definición y aprobación de la estrategia negociadora con el fondo oportunista Taconic, a quien el Banco Santander cedió recientemente más de 67 millones de deuda de la Marina y que amenaza con abrir un litigio contra el ente en los tribunales británicos.

Además, este mismo martes 18 de septiembre la comisión delegada del Consorcio València 2007, donde está presente el Estado, se reúne para llevar a cabo la controvertida adjudicación de la Estación Marítima. Fuentes de la Conselleria de Hacienda aseguran que la vacante que el Gobierno central mantiene en el Consorcio no altera este proceso y destacan que la relación con el Ministerio de Hacienda es "muy fluida".

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