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Bruselas da a España una oportunidad de corregir la gestión de aguas residuales antes de ir al TUE

9/06/2021 - 

VALÈNCIA (EP). La Comisión Europea ha dado a España una última oportunidad de corregir el deficiente tratamiento de aguas residuales en más de 300 aglomeraciones urbanas antes de elevar el caso a la Justicia europea si las autoridades nacionales no resuelven las deficiencias.

El caso se remonta a 2012, año en el que el Ejecutivo comunitario abrió expediente a España por incumplir la directiva que obliga a los Estados miembros a velar porque pueblos, ciudades o zonas de vivienda recojan y traten adecuadamente sus aguas residuales. Bruselas ya lanzó un ultimátum a España en 2015 y ahora da al país una nueva oportunidad antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.

"A pesar de la carta de emplazamiento enviada en 2012 y de un primer dictamen motivado enviado en 2015, España sigue incumpliendo, en términos generales, sus obligaciones en materia de recogida y tratamiento en 332 aglomeraciones", ha explicado la institución en un comunicado, en el que enfatiza que "España debería estar cumpliendo plenamente los requisitos de la directiva desde 2005".

Un total de 30 de estas aglomeraciones "carecen de sistemas colectores para sus aguas residuales urbanas", lo que supone que su tratamiento "depende parcial o completamente de sistemas individuales adecuados" que "no pueden alcanzar el mismo nivel de protección medioambiental que un sistema colector".

Además, las otras 302 aglomeraciones "tampoco cumplen los requisitos de la directiva pues las aguas residuales no entran en los sistemas colectores de aguas residuales urbanas, o no se tratan correctamente, ni cumplen las normas de postratamiento".

Por eso, Bruselas ha enviado a España un "dictamen motivado complementario" y el país dispone ahora de dos meses para "responder y adoptar las medidas necesarias". "De lo contrario, la Comisión podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE", amenaza la Comisión.

Dos meses para reducir la morosidad

La Comisión Europea ha lanzado también un últimátum de dos meses a España para que reduzca los "excesivos" retrasos que existen en los pagos por parte de comunidades autónomas y municipios a sus proveedores del sector privado y evitar así que el asunto acabe en el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).

El expediente contra España fue abierto en 2015 y ahora el Ejecutivo comunitario da un paso más en el procedimiento de infracción con el envío de un dictamen motivado, el último aviso antes de elevar el caso a la Justicia europea si pasado el plazo establecido persisten los incumplimientos.

"España dispone ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir llevar al país ante el Tribunal de Justicia", de la UE, ha explicado Bruselas.

La Comisión Europea ha reconocido en un comunicado "Los esfuerzos realizados por España en los últimos seis años para mejorar la puntualidad de los pagos de su sector público", pero sigue "preocupada" por los retrasos "persistentes" de las autoridades regionales y locales porque "su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse" a las normas europeas.

El Ejecutivo comunitario busca en particular que España adopte las medidas necesarias para garantizar una "correcta aplicación" de la directiva sobre morosidad y así "evitar pérdidas a empresas, en especial a pequeñas y medianas empresas".

En concreto, la directiva sobre morosidad obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en un plazo de treinta días (o de sesenta días en el caso de los hospitales públicos) y otorga al sector público una "obligación especial" de pagar a sus proveedores a tiempo y "servir de ejemplo" en la lucha contra las malas prácticas de pago en el entorno empresarial.

Además de a España, la Comisión Europea ha abierto un expediente a Italia por incumplimiento de la misma directiva, pero en su caso se trata de el primer paso dentro del procedimiento de infracción y no del último ante de elevarlo al TUE, como ocurre con España.

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