VALÈNCIA. (EP) La Comisión Europea ha informado este jueves de su decisión de denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE a España y otros cuatro Estados miembro por no cumplir con la obligación de trasladar a sus legislaciones nacionales antes de septiembre de 2020 la revisión de la directiva de servicios de comunicación audiovisual, un retraso por el que Bruselas reclama sanciones financieras contra los incumplidores.
La directiva regula la coordinación a escala de la UE de la legislación nacional sobre todos los medios audiovisuales y, tras la revisión de 2018, establece normas comunes aplicables a los contenidos mediáticos a escala de la UE, tanto para las emisiones de televisión tradicionales como para servicios a la carta o de intercambio de vídeos a través de plataforma.
Bruselas defiende que este nuevo marco crea un entorno más seguro para el espectador porque presta especial atención a la seguridad de los más vulnerables, como por ejemplo a los menores, amplía las normas relativas a los contenidos ilícitos y nocivos para incluir las plataformas de intercambio de vídeos y fomenta la diversidad cultural en los medios audiovisuales.
Además, la nueva norma pendiente de transponer en España, República Checa, Irlanda y Rumanía introdujo requisitos de independencia adicionales para los reguladores nacionales de los medios de comunicación.
El Ejecutivo comunitario decide acudir ante la Justicia europea para reclamar que estos Estados miembro sean multados porque no han cumplido con los plazos para llevar a sus leyes nacionales la reforma de la directiva o no han notificado sobre ello.
Bruselas aduce que la falta de transposición colisiona con el objetivo de la noma de crear condiciones de competencia equitativas para los diferentes tipos de servicios de medios audiovisuales, garantizar la independencia de los reguladores nacionales de los medios de comunicación o preservar la diversidad cultural, por ejemplo, al exigir que los servicios de vídeo a la carta tengan disponible al menos el 30 % de obras europeas en sus catálogos.
De la directiva los servicios comunitarios también destacan que protege a los menores y a los consumidores en general al establecer normas para la protección de los menores contra los contenidos nocivos en línea, incluida la protección en los servicios de vídeo a la carta y reforzando su protección en relación con las comunicaciones comerciales audiovisuales.
Además tiene por objetivo combatir el odio racial, religioso y de otro tipo mediante el refuerzo de las normas para prevenir la incitación a la violencia o al odio, así como la provocación pública a la comisión de delitos de terrorismo.