CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Burriana da nuevos pasos para materializar los efectos de la sentencia del TSJ valenciano que anuló el acuerdo municipal de 2019 con el que se buscaba reactivar el macroproyecto urbanístico del PAI Sant Gregori. Este miércoles, el pleno municipal prevé hacer efectiva la retirada de la condición de agente urbanizador de la promotora Urbanización Golf Sant Gregori, restituida como tal hace cuatro años, e incautar las garantías que depositó por el proyecto por valor de 8,5 millones de euros.
El pleno municipal debatirá y votará el acuerdo que ya pasó la semana pasada por la comisión municipal de Urbanismo, por lo que previsiblemente ratificará la decisión, que supone de facto poner fin a la posibilidad de que la compañía acabe de ejecutar la urbanización del sector. Cabe recordar que es uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la provincia de Castellón y de la Comunitat Valenciana, con 2,5 millones de metros cuadrados de superficie y la proyección de 6.000 viviendas, parques y jardines, bulevares, complejos hoteleros y hasta un campo de golf.
En 2019, el Ayuntamiento de Burriana intentó resucitar esta gran iniciativa urbanística pese a las reservas ideológicas del ejecutivo de izquierdas del momento, cuyo edil de Urbanismo, Bruno Arnandis, que defendía la decisión por el riesgo judicial y económico que podía implicar tumbar un proyecto ya avanzado que databa de 2005. Así, para reactivar el sector, adjudicó directamente la condición de urbanizador a la compañía Urbanización Golf Sant Gregori. Y fue precisamente la falta de concurrencia en la adjudicación lo que motivó la sentencia del TSJ.
En el fallo emitido en mayo de este año, el alto tribunal valenciano censuró que la condición de agente urbanizador se diera a la firma sin dar la oportunidad a que otras empresas optaran a ejecutar el PAI, ya que se modificaba sustancialmente el proyecto de urbanización que había sido aprobado en 2005, entonces en otras manos. Y por ello, la adjudicación aprobada en 2019 vulneraba la normativa de contratos de las administraciones públicas.
Aunque el anterior gobierno municipal tenía previsto recurrir el fallo del TSJ, las urnas otorgaron mayoría a la derecha en Burriana en los últimos comicios locales, producidos el mismo mes de mayo. Y el nuevo ejecutivo que lidera el alcalde Jorge Monferrer, del Partido Popular, anunció en verano que no recurriría la sentencia. Asimismo, el primer edil creó una área de Grandes Proyectos, donde se podría incluir este macroproyecto urbanístico.
De esta manera, lo aprobado en la comisión de Urbanismo y que previsiblemente se ratificará este miércoles en el pleno municipal supone la materialización de que el Ayuntamiento acta la sentencia y la ejecuta, lo que habían solicitado varios propietarios del sector a finales del pasado mes de septiembre. También el Consell Jurídic Consultiu (CJC) había recomendado resolver el convenio urbanístico con la promotora y retirarle la condición de agente urbanizador.
Así, el Ayuntamiento resolverá el contrato con Urbanización Golf Sant Gregori y dará curso al inicio del procedimiento administrativo para incautarse de los avales de la urbanizadora, que ascienden a casi 8,5 millones de euros en concepto de garantía por la redacción de proyectos de construcción de infraestructuras, de la propia urbanización, la construcción de un puente y una pasarela peatonal sobre el Riu Sec, y de la rehabilitación de la ermita de Sant Gregori. Asimismo, y en paralelo, se incautarán otros 200.000 euros en concepto de cuotas de urbanización.
A partir de ahora, el Ayuntamiento de Burriana tiene ante sí varias vías si quiere reactivar el sector urbanístico, unas más probables que otras. Por una parte, tiene la opción de una nueva adjudicación de agente urbanizador, lo que supondría retrotraer el proceso en un buen trecho para elegir al agente urbanizador en condiciones de libre concurrencia, si bien se desconoce si habría firmas interesadas en un PAI conocido por sus turbulencias.
Otra de las opciones que tiene el consistorio es actuar él mismo como agente urbanizador directamente, para lo que debería contar con el visto bueno del principal propietario de los terrenos, que es el último urbanizador. Y una tercera vía es que se pudieran unir los propietarios del suelo para llevar a cabo la urbanización del sector, algo harto improbable por falta de acuerdo hasta el momento. Con todo, además, habrá que analizar de qué forma puede afectar a la nueva tramitación el Pativel, el plan de protección territorial de la Comunitat, actualmente pendiente de una nueva sentencia y del que Sant Gregori era uno de los pocos proyectos que habían escapado.
Además del recurso contencioso administrativo que ha desembocado en el descarrilamiento de la actual empresa urbanizadora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vila-real dirime actualmente una querella contra la alcaldesa en funciones, el edil Arnandis y otras dos personas más por supuestos delitos de prevaricación y falsedad en las certificaciones de obra del PAI. Y a todo ello se suman al menos una treintena recursos contenciosos interpuestos por propietarios de terrenos afectados por el PAI que están pendientes de resolver en diferentes instancias judiciales.
El bloqueo del PAI del golf por la vía judicial y por la no presentación del nuevo plan de obras y de cobro de las cuotas de urbanización se suma a los problemas que han retrasado los trabajos desde que arrancaron. La modificación del proyecto de urbanización, las lluvias en ciertos momentos, la imposición de una zona de protección para la colonia de galápagos por parte de la Generalitat, las excavaciones arqueológicas y algunos casos de desocupación de viviendas abandonadas han ralentizado la evolución de las obras, además de la falta de voluntad de la promotora.
