CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Burriana ha recuperado los 9.511.946 euros de los fondos públicos de las garantías y apremios por el proyecto de Sant Gregori, un PAI de unos 2,5 millones de metros cuadrados que estaba previsto desarrollar al norte de la desembocadura del Clot de la Mare de Déu con un presupuesto del proyecto de obras de urbanización de casi 120 millones a fecha de 2020.
El consistorio ha recibido la notificación una vez que el pasado mes de noviembre se aprobara en pleno la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anuló el acuerdo municipal de 2019 con el que la anterior corporación buscaba reactivar el proyecto urbanístico. Un pleno en el que se hizo efectiva la retirada de la condición de agente urbanizador de la promotora Urbanización Golf Sant Gregori y la incautación de las garantías para el proyecto, por valor de más 8,5 millones de euros.
Según han informado desde el consistorio, "esto supuso, a efectos prácticos, volver al escenario de 2016 y anular todas las decisiones tomadas por el anterior equipo de Gobierno, formado por PSPV y Compromís, durante los últimos 8 años". Asimismo, han explicado que el pasado mes de febrero, a través de un pleno extraordinario, se aprobó también la inadmisión del recurso interpuesto por la entidad avalista del proyecto PAI Sant Gregori, como sucesora de Bankia, y que exigió un nuevo plazo para la reposición de estos fondos públicos, en favor del Ayuntamiento de Burriana, por un total de 9.511.946 euros.
Paralelamente, el consistorio ha iniciado el proceso para que una empresa externa realice un peritaje de las obras realmente ejecutadas hasta la fecha en que el TSJCV dictó sentencia. Un contrato que ha sido licitado por 48.400 euros y al que concurren seis empresas. De ellas, la oferta más ventajosa la ha presentado la mercantil NM Consultores en Ingeniería y Gestión Integral de Proyectos SL, con sede en Granada.
No obstante, la mesa de contratación ha emitido un acta en la que establece que la citada oferta "está incursa en presunción de anormalidad" por el "bajo nivel de precio ofertado" y requiere a la mercantil a que, en el plazo de tres días, justifique y razone su propuesta para "proceder a su admisión o exclusión". La siguiente propuesta mejor valorada es la de la castellonense Atrio 31 Ingeniería y Dirección de Obras SLP.
Cabe recordar que los pliegos para la contratación de este servicio recogen que la última certificación de las obras es de fecha de junio de 2023 y arrojaba un porcentaje de ejecución del 7,8% de los casi 120 millones de euros, es decir, algo más de seis millones de euros ejecutados.
Desde el consistorio, informan que este peritaje por parte de una empresa externa se realizará "para conocer el estado exacto de ejecución del PAI, defender los intereses de los propietarios afectados y tener la información precisa, con el objetivo de liquidar a la antigua empresa urbanizadora que actualmente se encuentra en fase de liquidación". Así, sostienen que, ahora, "se va a comprobar de forma minuciosa" ese porcentaje de obra ejecutada del 7,8 fijado en junio de 2023.
"Mientras el anterior equipo de Gobierno entregó los fondos públicos a la urbanizadora amparándose en un acuerdo transaccional que ha resultado ilegal, tal y como dice la sentencia del TSJ, nosotros hemos peleado, junto con los técnicos municipales, desde el primer minuto por recuperarlos", ha señalado el concejal de Obra Pública, Juan Canós.
Según ha dicho, se trata de unos recursos que van a servir "para hacer frente a todas las reclamaciones provenientes de Sant Gregori".
Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha valorado que "es una excelente noticia y un alivio para todos ciudadanos de Burriana que refuerza la decisión de dotar de la máxima seguridad jurídica al proyecto apoyándonos en el criterio de los técnicos municipales". "Un PAI que recibimos paralizado y judicializado y que ahora da un paso más para salir adelante por el bien turístico de nuestra ciudad", ha concluido.
