Cada vez más personal "a extinguir" y cada vez menos oposiciones

En los últimos meses hemos asistido a un notable incremento de personal del Sector público calificado como “a extinguir”, situación que se produce en un marco de reversión de un servicio público que con anterioridad era gestionado por una empresa privada. El caso paradigmático es el hospital de Alzira, donde todo su personal contratado y seleccionado por una empresa privada –la que obtuvo la concesión cuando la gestión fue privatizada-, pasó a ser personal del Sector Público. Sumado a ello, actualmente, la Consellería de Sanidad planea hacer públicos los servicios de radiología que el anterior gobierno también privatizó y, una vez más, lo hará asumiendo a todos los trabajadores seleccionados por la empresa privada –sin haber aprobado ninguna oposición- como personal del Sector público “a extinguir”.

Por muy mal que suene la coletilla “a extinguir” en realidad es un buen trato para estos trabajadores. Estos empleados tendrán derecho a permanecer en su puesto de trabajo hasta que se jubilen manteniendo sus condiciones laborales de origen. Asimismo, tal y como confirma un reciente informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, las plazas de estos trabajadores “a extinguir” no podrán salir a concurso, lo que implica que nadie, ni siquiera alguien con mejor “mérito y capacidad” podrá expulsarles de su plaza. Sin duda, ello viene justificado por la necesidad de que los trabajadores no vean terminada su relación laboral por el hecho de que la empresa privada pierda la contrata y el servicio pase a prestarse directamente por la Administración.

En cambio, para el resto de ciudadanos no es tan beneficiosa esta solución, pues pierden la oportunidad de presentarse a un concurso público en el que se examinen los requisitos objetivos de “mérito y capacidad” y obtener para ellos ese empleo.

En efecto, en esta situación existen dos intereses enfrentados; por una parte, el interés legítimo de todo trabajador contratado a mantenerse en su puesto de trabajo a pesar de una reversión y, por otra, el interés público de someter todas las plazas a un concurso de méritos con pruebas objetivas, cuyo resultado sea el de permitir exclusivamente a los mejores y más preparados el acceso al Sector Público. Los dos intereses presentados son difíciles de reconciliar, sobre todo con el contexto de privatización al que los servicios públicos se han abocado durante los últimos años.

Quizá el remedio se encuentre en el origen, en la exigencia de que, cualquier empresa que preste un servicio para la Administración Pública –servicio privatizado- haya de, obligatoriamente, contratar a sus trabajadores tras un concurso público fundado en criterios de mérito y capacidad. Si un hospital concertado se sustenta con fondos públicos, ¿acaso no hay razones para defender que todos los trabajadores que presten en él sus servicios hayan superado un proceso de selección al mismo nivel que un empleado público? ¿Es que el salario de un trabajador en un servicio privatizado no proviene en última instancia de las arcas públicas igual que si lo prestase directamente una Administración Pública? ¿Tienen los ciudadanos que acuden a un hospital público con gestión privatizada que ser atendidos por trabajadores que no hayan demostrado poseer tales aptitudes mediante pruebas selectivas que sigan los principios constitucionales de “mérito, capacidad y publicidad”?

Actualmente, parece que no puede encontrarse una solución de consenso distinta de aquélla adoptada por la Generalitat, calificando al personal revertido como empleado público. No obstante, vislumbrando futuros conflictos de privatización y posterior reversión, quizá debería buscarse una solución a largo plazo y abandonar soluciones cortoplacistas que siempre perjudican al Sector público de alguna forma.

De estos temas y otros relacionados se hablará en el Congreso sobre Reversión de Contratas Públicas a la Luz de la Ley de Contratos del Sector Público que organiza la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia los próximos 13 y 14 de diciembre, con el objeto de encontrar la mejor solución posible a los conflictos planteados.

Adrián Todolí Signes es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de València