MURCIA (Efe). Por cada metro cúbico que se amplíe el caudal que debe llevar el río Tajo a su paso por Aranjuez para poder trasvasar agua al Segura, se perderían en la Región de Murcia casi 5.500 empleos y 334 millones de euros anuales, y casi 9.800 empleos y 524 millones al año en las tres provincias afectadas por el recorte del trasvase (Murcia, Almería y Alicante).
Así se desprende de un estudio presentado este miércoles en el Palacio de San Esteban de Murcia, sede de la presidencia regional, y que forma parte de la documentación que se ha incluido en el recurso que el Gobierno de esta comunidad autónoma ha presentado ante el Tribunal Supremo contra el decreto 35/2023, que modifica una docena de planes hidrológicos, entre ellos, el del Tajo, aumentando sus caudales ecológicos con el consiguiente recorte para el trasvase.
El catedrático de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante Joaquín Melgarejo ha desgranado en una rueda de prensa los principales datos de ese estudio, en el que han participado expertos de esa universidad y las de Alcalá de Henares, Miguel Hernández de Elche, y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) coordinados por el Instituto Euromediterráneo del Agua.
Melgarejo ha subrayado que los cálculos que se han realizado parten de las previsiones recogidas en el plan hidrológico del Segura, que cifra en una caída de 105 hectómetros cúbicos anuales el agua que se trasvasará desde el Tajo cuando se complete el aumento de los caudales ecológicos que se prevé en su plan de cuenca.
En concreto, para poder trasvasar agua, el Tajo debe ahora tener un mínimo de caudal de 6 metros cúbicos por segundo, que pasará a 7 metros cúbicos por segundo este 2023, a 8 en 2026 y a 8,65 metros por segundo en 2027.
En esas condiciones, el regadío recibiría anualmente unos 119 hectómetros cúbicos del Tajo cada año, frente a la media de 200 que ha venido recibiendo durante los 44 años de historia del trasvase, lo que, según Melgarejo, tendrá "repercusiones inmediatas": la pérdida de un 15,6 por ciento de la superficie de regadío (unas 27.314 hectáreas), la pérdida de valor patrimonial de 5,692 millones de euros anuales y la desaparición de unos 15.300 empleos en toda el área del Levante.
Para hacer más cercanas las magnitudes, el experto ha señalado que cada metro cúbico que se eleve el caudal del Tajo a su paso por Aranjuez supondrá que la cuenca del Segura pierda 31,5 hectómetros de agua al año, desapareciendo 5.600 hectáreas de cultivos, 5.900 empleos y 297 millones de euros al año.
En el caso de la Región de Murcia, cada incremento de un metro cúbico en el caudal ecológico equivaldrá a pérdidas económicas de 149 millones al año y de 1.815 empleos solo en el sector agrario, y de 185 millones anuales y 3.669 empleos en el conjunto de la economía.
El incremento de los caudales ecológicos tendrá también un impacto directo en el abastecimiento, que dejará de recibir 27 hectómetros cúbicos del trasvase anualmente, lo que obligará a una subida de las tarifas por la mayor dependencia del agua desalada.
Según este informe, la subida será de 0,42 euros por metro cúbico, pasando de los 0,69 euros por metro cúbico actuales a los 1,04 euros, un 61 por ciento más.
El estudio recoge asimismo que cada hectómetro cúbico de agua que se deja de trasvasar tiene una potencial repercusión económica de 10,5 millones de euros anuales y una pérdida de 207 empleos en el conjunto de la cuenca del Segura.
El presidente murciano, Fernando López Miras, ha subrayado que estos datos justifican la presentación del recurso ante el Supremo y también la petición de medidas cautelares para impedir que se aumenten los caudales ecológicos del Tajo hasta que no haya una sentencia al respecto, evitando así "que se cause un perjuicio irreparable" a la Región de Murcia, Alicante y Almería.
El aumento del caudal del Tajo en Aranjuez, ha defendido, "no supone beneficio alguno para nadie, tampoco para el Tajo", pero sí dejaría "millones de perjudicados"en el Levante, por lo que "no hay ningún interés superior para su aplicación inmediata", que sí supondría, en cambio, "graves perjuicios", de ahí la petición de suspensión cautelar.
Miras ha insistido en que el recurso de la Región de Murcia se basa en un exhaustivo análisis del decreto, que adolece, ha dicho, de "innumerables defectos técnicos" con la única finalidad de acabar con el trasvase, por lo que ha confiado en que la justicia recoja los argumentos presentados en el recurso, con una decena de anexos elaborados por diferentes expertos.
Según ha explicado, el recurso se ha elaborado de manera coordinada con los que han presentado la Diputación de Alicante, la Junta de Andalucía y el SCRATS, todos ellos con similares argumentos y en la misma línea.
Son recursos, ha dicho, que difieren del presentado por la Generalitat Valenciana, con el que el Gobierno murciano no está de acuerdo porque asume un primer incremento de los caudales ecológicos, hasta los 7 metros cúbicos por segundo, y por tanto un recorte del trasvase que la Región de Murcia considera inasumible.