CaixaBank pide para Olivas, Parra e Izquierdo más años de cárcel que la Fiscalía por el pelotazo de México

VALÈNCIA. El expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, y el exdirector general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, se sentarán en el banquillo para ser juzgados por las inversiones inmobiliarias que las entidades financieras que dirigían realizaron en México a través del Grupo Grand Coral que provocaronun agujero de 750 millones de euros.

Los tres han sido procesados junto a otras 45 personas entre las que se encuentran exdirectivos y consejeros de Banco de Valencia y varios empresarios que presuntamente se habrían beneficiado del pelotazo como Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó o Juan Poch para quienes en conjunto se les impone una fianza solidaria por responsabilidad civil que asciende a más de 1.437 millones.

El auto del juez Diego de Egea, dictado el 8 de noviembre, recoge los delitos y las peticiones de cárcel formuladas en sus respectivos escritos de acusación por parte de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Bankia Habitat –como heredera de Bancaja– y Banco de Valencia, el banco a través del que se financiaron las operaciones que, tras quebrar, Caixabank compró por un euro.

Todas las acusaciones coinciden en situar a Olivas, Parra e Izquierdo y a los empresarios Ferri, Baldó y Poch como las piezas principales de esa "operativa de desfalco" –según la calificó en su momento la jueza instructora– y piden para ellos penas que oscilan entre los 3 y los 7 años y medio de cárcel. También existen algunas diferencias llamativas, como el hecho de que tanto Bankia como CaixaBank no hayan dirigido la acusación contra los exconsejeros de Bancaja y Banco de Valencia, algo que sí hacen la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal, de hecho, reclama 6 años de prisión para los seis principales acusados, pero no es la petición más elevada. CaixaBank eleva el castigo y pide 7 años y medio de cárcel para Olivas, Parra, Izquierdo, Ferri, Baldó, Poch y para otros acusados como el exdirector de participadas inmobiliarias de Bancaja, Alfonso Monferrer, o Juan Carlos Zafrilla, exdirector de Auditoría, para quienes el Minisiterio Fiscal deja la petición en 4 años.

Multa de 108 millones para Parra e Izquierdo

El representante de CaixaBank considera a José Luis Olivas autor de un delito continuado de apropiación indebida agravado y pide para él 7 años y medio de cárcel y una multa de 15 meses a razón de 400 euros por día.

Idéntica pena de prisión reclama para Domingo Parra y Aurelio Izquierdo, pero en su caso añade subsidiariamente los delitos de administración desleal y blanqueo de capitales, ambos con carácter continuado. Por el primero de los dos delitos considera que procede imponerles una pena de 5 años de cárcel, mientras que también solicita para cada uno de ellos 108 millones de euros de multa, el cuádruplo del valor de los bienes presuntamente blanqueados.

En este puto, cabe recordar que en la instrucción llevada a cabo por la magistrada Carmen Lamela –que fue quien procesó a los 48 directivos el pasado mes de agosto antes de que De Gea asumiera el Juzgado Central de Instrucción número 3– se pudo determinar una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta de la empresa Summerville. Allí se recibieron 16 millones de dólares de la "injustificable plusvalía" de dos operación conocidas como Zacatón y Piedras Bolas.

Según los indicios, Izquierdo y Parra pudieron repartirse el dinero junto con los hoteleros Ferri, Baldó y Poch. Para estos tres últimos, acusados por CaixaBank de los mismos delitos que Parra e Izquierdo, reclama medio millón de euros de multa por los bienes blanqueados.

Una serie de correos electrónicos aportados a la causa apuntarían a que al día siguiente de que Bancaja y Banco de Valencia concedieran a la sociedad Grand Coral un crédito de 125 millones para comprar la finca El Zacatón, Ferri y Baldó, socios de Bancaja en Grand Coral, compraron esos mismos terrenos por 49 millones a través de una sociedad interpuesta. Un mes y medio más tarde, el 7 de febrero de 2007, Grand Coral pagó a los dos empresarios 125 millones por la misma finca.

Menos pena para Calabuig y Llácer

Al contrario de lo que sucede con los anteriores, la acusación de CaixaBank se queda sustancialmente por debajo de lo que reclama el Ministerio Público para los empresarios Eugenio Calabuig y Vicente Llácer, contra los que el acusados por el juez también abre juicio como cooperadores necesarios de los delitos de administración desleal, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

En ambos casos, el representante de CaixaBank rebaja la calificación y les considera cómplices de un delito de blanqueo de capitales por el que procedería imponerles la pena de seis meses de prisión y una multa de 580.464 euros, además del comiso del dinero blanqueado y de las ganancias obtenidas.

Para cubrir la responsabilidad civil que se derive de los delitos por los que se les acusa, a Olivas, Parra, Izquierdo, Ferri, Baldó, Alfonso Monferrer, Juan Poch, Fernando Rodríguez, Luis Candela, Marc Smet y Daniel Henry Kragt les exige que en el plazo de 24 horas presten, de forma conjunta y solidaria, una fianza de de 639.268.905 euros.

Además, a José Cortina Orrios y Rafael Tomás Codoñer Seguí,el juez les requiere igualmente 406.160.000 euros, mientras que para el resto de acusados –otras 35 personas entre los que se encuentran empresarios y ex integrantes de los órganos de gobierno de las entidades financieras– se fija una fianza en los mismos términos por una cantidad de 392.360.000 euros.

Se trata de Julián Dolz García, Manuel Setién Zuriaga, Antonio Paños Picazo, José Vicente Giner Ponce, Juan Carlos Zafrilla López, Juan Miguel Boluda González, José Fernando García de la Checa, Arturo Alario Mifsud, Joan Miquel Prats, Carlos Beamonte Nicolás, Alejandro Silva Taboada, Ángel D. Villanueva Pareja, Antonio José Tirado, Josefa Martí, José María Catalunya, Eduardo Montesinos, Vicente Montesinos, Ángel Abilio Álvarez, Manuel Escámez, Rafael Ferrando , Francisco V. Gregori Gea, Ana Llanos Herce, María Teresa Montañana, Ernesto Pascual, Remigio Pellicer, María del Rocío Peramo, Juan Antonio Pérez, Matilde Soler, Ana María Torres, Isaïes Fayos, Héctor Ferras, Carmen Hernández, Francisco E. Villena, Vicente Llacer y Eugenio Calabuig.

Operativa de desfalco

Según la magistrada, "los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch", beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros.

En ese momento, las entidades estaban presididas por Olivas, los directores generales eran Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, todos ellos procesados.

La operativa se llevó a cabo de cinco operaciones: los proyectos Emerald, Zacatón, Piedras Bolas y Vinoramas; movimientos accionariales en sociedades y contratos de gestión a favor de Ferri y Baldó.

Según el auto de procesamiento, toda esta operativa estaba "realmente" dirigida "desde dentro" de las entidades porque a Izquierdo y Parra "les guiaban espurios intereses económicos" conjuntos con Ferri y Baldó, a lo que se unió la "postura consentidora" de Olivas, entre otros.

Sobre el expresidente valenciano, el auto explica que "conoció y alentó las inversiones millonarias" que se estaban realizando en Grand Corald, lo que entiende como un "continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó", de tal manera que éstos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, le pagaron hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.

A lo largo de la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 3 se ha determinado que los consejos de administración de Bancaja permitieron las operaciones "en claro menoscabo de la entidad", con múltiples irregularidades y la ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, "constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Corald, lo que se valora en 750 millones de euros".