Calero encarga un informe sobre la exhibición de símbolos preconstitucionales en la marcha de Benimaclet

VALÈNCIA.  (EP) Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha encargado a la Abogacía del Estado un informe sobre la exhibición de símbolos preconstitucionales en la 'manifestación de antorchas' convocada el lunes en el barrio valenciano de Benimaclet por la formación de ultraderecha España 2000. El objetivo es determinar si el uso de esos símbolos fuera contrario a lo que establece la Ley de Memoria Histórica.

La marcha de la formación desfiló en dos columnas detrás de una bandera española en la que se podía leer 'Gobierno dimisión' y los participantes mostraron banderas preconstitucionales y simbología nazi como la cruz celta. El recorrido, que acompañaron con sonido de tambores y 'La cabalgata de las valquirias', acabó con la entonación del 'Cara al sol'.

Paralelamente al informe, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, mantendrá una reunión con la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, que ha solicitado a la identificación de la personas que exhibían estos símbolos, así como la de los convocantes y las posibles actas policiales levantadas por la Policía, según han informado fuentes de Delegación.

Pérez Garijo había pedido igualmente una reunión con Calero para trabajar conjuntamente en la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de memoria democrática "para el cumplimiento de la ley y con el fin de evitar que se repitan sucesos como los vividos ayer".

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática también ha anunciado "el inicio de un proceso sancionador contra las personas y organizaciones que exhibieron símbolos fascistas" en la 'marcha de antorchas'.

Desde Delegación del Gobierno han emitido un comunicado en el que han recordado que la manifestación es un derecho fundamental recogido en el artículo 21 de la Constitución Española, y que en relación a las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones que se exige la comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan "razones fundadas" de alteración de orden público, con peligro para personas o bienes.

"Según dicta la Ley Orgánica --9/1983 de 15 de julio sobre el derecho de reunión--, la autoridad gubernativa notificará al Ayuntamiento afectado los datos contenidos en el escrito de comunicación, a fin de que éste informe en un plazo de veinticuatro horas sobre las circunstancias del recorrido propuesto. En caso de no recibirse el informe en plazo, se entenderá favorable. Además se añade que el informe se referirá a causas  objetivas como el estado de los lugares donde pretenda realizarse, la concurrencia con otros actos, las condiciones de seguridad de los lugares con arreglo a la normativa vigente y otras análogas de índole técnico. En todo caso, este documento no tendrá carácter vinculante y deberá ser motivado", afirma la delegación.

Respecto a la marcha, han señalado que "en las manifestaciones del pasado lunes en el barrio valenciano de Benimaclet no existían comunicaciones contrarias a su realización puesto que las concentraciones opuestas discurrían por sitios distintos, lo suficientemente alejados entre sí y, además, se dispuso de un adecuado dispositivo policial".