VALÈNCIA (EP). La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se muestra decidida, junto con los ministros de Economía de Italia, Francia y Alemania, a pactar un impuesto digital común en el seno de la OCDE en 2020, así como un Impuesto global mínimo de Sociedades, y dice que "ahora es el momento".
"Debemos actuar ahora. Tenemos que responder a las demandas persistentes de nuestros ciudadanos", señalan los responsables económicos de España, Nadia Calviño, de Italia, Roberto Gualtieri, de Francia, Bruno Le Maire, y de Alemania, Olaf Scholf, en un artículo publicado por El País este sábado que señala la necesidad de una nuevo sistema fiscal para el siglo XXI.
Calviño y sus homólogos afirman que no actuar este año para unificar un impuesto a los servicios digitales y un tipo mínimo para las grandes multinacionales "conduciría a resultados arbitrarios y a un sistema global aún más fragmentado".
"Están en juego miles de millones de euros en ingresos tributarios para construir escuelas, hospitales y una infraestructura moderna...Debemos actuar decididamente, debemos actuar rápido y debemos actuar juntos", de esta forma instan los cuatro países al resto de los de la OCDE.
El alegato de Calviño para pactar un impuesto común se produce cuando el Ejecutivo acaba de aprobar la denominada tasa Google, un impuesto indirecto sobre determinados servicios digitales que gravará con un 3 % los ingresos que las grandes multinacionales tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
Sin embargo, esta tasa, que afectará únicamente a las empresas que facturen más de 750 millones a nivel mundial y 3 millones en España, dejará en suspenso su liquidación en el segundo y tercer trimestre del año hasta al menos el 20 de diciembre, con el objetivo de dar "margen" a la adaptación de las empresas y a la negociación con la OCDE y el G20, de cara al establecimiento de un impuesto digital global.
El impuesto español es muy similar al francés, cuyo Gobierno también ha dejado en el aire su liquidación hasta finales de año.
La tasa Google española pretende recaudar 968 millones de euros, menos de los 1.200 millones inicialmente planteados debido a la ralentización económica.
El artículo de El País recalca que las compañías más rentables son a menudo las que menos impuestos terminan pagando y señala que los beneficios de los gigantes tecnológicos, ya sean americanos, europeos o chinos, no tributan de manera justa porque obtienen beneficios sustanciales en jurisdicciones en las que tienen poca presencia física, pero en las que explotan los datos de millones de usuarios.
"Ahora es el momento de alcanzar un acuerdo que incluya tanto un impuesto sobre determinados servicios digitales como un impuesto global mínimo de sociedades. Estamos decididos a alcanzar una solución internacional a finales de 2020 y vamos a trabajar sin descanso", inciden los cuatro ministros.