VALÈNCIA (EP). La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "gobernar para engordar la caja de Cataluña con los fondos de vivienda que pertenecen al resto de autonomías".
Camarero se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación antes de su participación en la Conferencia Sectorial de Vivienda, convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, donde se han puesto sobre la mesa temas como el Plan Estatal de Vivienda o el Bono Joven.
La vicepresidenta ha lamentado que el Gobierno, "en lugar de hacer propuestas y buscar soluciones, se mueve a golpe de amenaza para intentar salvar un Ejecutivo que hace aguas", según ha informado la Generalitat. Así, ha subrayado que la aplicación de la Ley de Vivienda es "potestativa" y, de hecho, "ninguna comunidad la aplica, excepto Cataluña, por lo que no es una cuestión de partido sino de políticas efectivas".
En este punto, ha indicado que "las comunidades estamos implementando medidas que realmente funcionan en el marco de nuestras competencias, para crear más vivienda y reducir el precio, en nuestro caso, a través del Plan Vive, que contempla poner en el mercado 10.000 viviendas en cuatro años, y no podemos permitir la intromisión del Ejecutivo y mucho menos el chantaje con una cuestión que es la tercera preocupación de los ciudadanos, y la primera de los jóvenes".
"El Ministerio no tiene competencias en materia de vivienda, más allá de distribuir los fondos a las autonomías para facilitar este derecho constitucional a los ciudadanos", ha apuntado Camarero, quien se ha preguntado que, "si el Gobierno nos quita el dinero a las comunidades que hacemos las cosas bien, ¿para qué sirve el Ministerio si se ha autovaciado de funciones?".
La vicepresidenta ha advertido que el cupo catalán "nos puede costar en materia de vivienda 165 millones, que no es un número, sino 16.764 familias a las que el Gobierno deja sin ayudas: 10.500 personas que han recibido ayudas al alquiler, 5.700 jóvenes que disfrutan del Bono Joven, 410 jóvenes que han obtenido ayudas a la compra de vivienda o 154 personas en situación de vulnerabilidad".
Por ello, ha insistido en que la Comunitat Valenciana lo que reclama al Gobierno de España es que el Plan de Vivienda atienda a "criterios objetivos, justos y equitativos, como es el poblacional, el que da seguridad jurídica y garantía de esa objetividad necesaria a la hora de distribuir los fondos al conjunto de las comunidades autónomas".
En materia de Bono Joven, Camarero ha pedido al Gobierno que "agilice" los trámites para que se pueda publicar "cuanto antes" la convocatoria de ayudas. "Estamos fuera de plazo para que las ayudas puedan llegar a sus destinatarias, por lo que el Gobierno debería certificar la partida y tramitarlas a principio de año en las próximas ediciones", ha subrayado.
Además, según ha indicado, el Ministerio se comprometió a ampliar la partida de 200 millones de euros destinada a esta materia, "pero no nos ha distribuido ni un euro más cuando está pidiendo un esfuerzo superior a las comunidades para aportar es esta línea". "La Comunitat Valenciana cumple por encima de lo exigido, y no solo somos la única que aporta fondos propios al Bono Joven, junto con Cataluña, sino que destina más de lo exigido, con nueve millones aportados a este plan", ha aseverado.
Además, ha demandado al Gobierno una simplificación administrativa de la gestión de estas ayudas porque es "una carga insoportable para los más jóvenes, también para las administraciones que lo gestionamos".
Susana Camarero ha exigido también al Gobierno que deje de ser "rehén" de Cataluña, "de lanzar políticas sectarias y demagógicas y aumente las partidas destinadas a vivienda, apoye las iniciativas de las autonomías y aplique medidas efectivas contra la ocupación ilegal, que es otro de los problemas a los que está dando la espalda con cortinas de humo".
La Generalitat se ha sumado a un comunicado conjunto emitido y firmado por los gobiernos autonómicos de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla en el que reivindican la no intervención en los precios y en las competencias de las autonomías, así como el reparto igualitario de los recursos públicos.