VALÈNCIA (EP). La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha celebrado la unanimidad alcanzada este jueves por el pleno de Les Corts para la aprobación de la Ley de Accesibilidad Universal, una norma que recoge "demandas históricas" del sector y que supone "un hito que permitirá avanzar en un reconocimiento de derechos largamente esperado por las personas con discapacidad", con el objetivo de "remover los obstáculos que impiden una igualdad de oportunidades real y efectiva"
Según ha expuesto, esta norma surge de un proceso de tramitación parlamentaria que ha contado con la participación de entidades representativas del sector y de expertos en la materia, lo que ha permitido enriquecer el texto con aportaciones clave para responder a las necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias.
Camarero ha destacado, en un comunicado, que "el Consell lo tuvo claro desde el primer momento al dar su apoyo a que se tramitara esta iniciativa escuchando al sector, algo que es esencial porque desde la Generalitat se trabaja codo con codo con las entidades para desarrollar las políticas".
La reciente reforma constitucional mandata a los poderes públicos a desarrollar políticas que garanticen la plena autonomía personal en todos los ámbitos de la vida, con lo que "la Comunitat Valenciana no podía tampoco permanecer ajena a la necesidad de actualizar su corpus legal para equipararse a las normas más avanzadas en esta materia".
Se da así "un paso adelante fundamental para garantizar la no discriminación de las personas con discapacidad y de sus familias al establecer los mecanismos para hacer valer la accesibilidad universal en cualquier esfera de la vida pública", ha resaltado la consellera.
Esta norma incorpora la igualdad y la perspectiva de género como elementos inherentes a la accesibilidad universal, con el objetivo de garantizarla en todos los espacios públicos y sociales, entornos naturales, sistemas de transporte, medios de comunicación y servicios de atención a la ciudadanía como un compromiso común compartido por la Generalitat y los ayuntamientos valencianos.
Se incluyen condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación y planes de promoción y garantía de la accesibilidad universal, junto a la creación de un consejo valenciano de promoción y garantía de la accesibilidad universal para velar por el cumplimiento de la norma.
Entre las medidas de esta ley, se garantiza la lectura fácil en textos legales para personas con discapacidad, se regula y promueve la lengua de signos en la enseñanza y se vela por que todas las personas puedan desplazarse, acceder, usar y salir de un entorno sin barreras de ningún tipo.
Además, se obliga a incluir memorias de accesibilidad en proyectos de infraestructura y ajustes razonables en edificaciones existentes y urbanismo para eliminar barreras arquitectónicas.
En esta línea, se crearán planes de accesibilidad en parques naturales y se adaptarán playas urbanas con itinerarios accesibles y señalización inclusiva, además de instalar cabinas adaptadas en espacios públicos.
En materia educativa se desarrollarán planes específicos de accesibilidad en etapas obligatorias y superiores, mientras en emergencias se incorporarán medidas en planes de protección civil adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad.
Paralelamente, se establece la creación de una oficina de coordinación y promoción de la accesibilidad universal, algo que se impulsará en servicios públicos digitales para garantizar la igualdad de acceso a la información y la comunicación.
Habrá también requisitos obligatorios de accesibilidad en contratos públicos, con sanciones en caso de incumplimiento, y un enfoque interseccional que garantice la igualdad de género y no discriminación en todas las políticas públicas de accesibilidad.
En cuanto a las sanciones, se clasifican en leves, ante ausencia de señalización accesible; graves, por incumplimiento de requisitos de accesibilidad en edificios o servicios públicos, y muy graves frente a la negativa a realizar ajustes razonables o incumplimiento sistemático de la ley.
Las sanciones incluyen multas proporcionales, medidas correctivas obligatorias y, en casos extremos, suspensión de actividades. Pueden llegar a 300.000 euros de multa.
La Ley de Accesibilidad Universal, con más de cien artículos y varias disposiciones, ha llegado al hemiciclo tras superar la fase de participación ciudadana, con un total de 53 enmiendas, y de propuestas de los grupos parlamentarios en comisión.
Durante el debate de este miércoles, todos los grupos parlamentarios mostraron su apoyo a la ley y dedicaron unas palabras a Teresa Navarro, defensora de los derechos de las personas con discapacidad en el Ayuntamiento de València y líder de Impulsa Igualdad CV, tras su fallecimiento el pasado sábado. Al hemiciclo asistieron representantes del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
Para el presidente del CERMI CV, Luis Vañó, esta "Ley Teresa Navarro" es "un referente nacional, no solo cumpliendo los estándares normativos actuales, sino también impulsando una sociedad más justa, inclusiva y accesible".
"Las personas con discapacidad deben tener garantizado su derecho a entornos y servicios sin barreras de ningún tipo, y los parámetros de esta ley de quinta generación son claros: la inclusión debe centrarse en la participación equitativa, la diversidad en el reconocimiento y valoración de las diferencias, y la accesibilidad universal debe proporcionar las herramientas prácticas para hacerlo posible", expone en un comunicado donde la organización se compromete a velar por la implementación efectiva de esta ley.
Desde COCEMFE CV, su presidente, Albert Marín, celebra que esta ley recoja "reclamaciones históricas del colectivo tras más de 20 años": "Por fin la sociedad valenciana dispone de una ley integral que amplía los horizontes de los derechos de las personas con discapacidad y que se aprueba con unanimidad".
"Esta ley es un hito para nuestros derechos y la mejor herramienta para hacer una sociedad más justa e inclusiva", manifiesta, y llama a desarrollarla con la mayor celeridad posible para que mejore la vida de casi medio millón de personas con discapacidad y de aquellas que están en situaciones equiparables.
Entre los grupos de Les Corts, la diputada del PP Elena Bastidas afirmó que la ley es una reivindicación histórica que mejorará la vida de más de 400.000 valencianos, además de destacar medidas como la protección de la lengua de signos y los derechos de sufragio pasivo, la adecuación de planes de emergencia o el fomento de la autonomía de las personas con discapacidad.
La socialista Laura Soler celebró la ley como "un paso de gigante" y pidió que se aplique de forma coherente en el día a día, así como no olvidar el papel de los cuidadores de las personas con discapacidad y mejorar los protocolos de emergencias para este colectivo a partir de las lecciones de la dana.
Francesc Roig (Compromís) recordó que la ley fue impulsada por la Conselleria de Igualdad del Botànic, entonces dirigida por Mónica Oltra, mientras reprochó que se apruebe sin que haya comparecido la vicepresidenta y consellera del ramo, Susana Camarero, para exponer la afectación de la dana en el colectivo. También pidió blindar por ley la financiación para las personas con discapacidad.
Por su parte, la diputada de Vox Miriam Turiel destacó enmiendas de su grupo como facilitar el acceso a las playas a las personas que sufren daltonismo y llamó a "tender puentes y no trampas" a este colectivo: "No se trata de caridad, sino de calidad de vida".
El proyecto de la ley fue aprobado por el pleno del Consell en marzo de 2023, unos meses antes del final de la legislatura, sin que pudiera pasar por Les Corts por la convocatoria electoral, tras lo que Compromís lo retomó como proposición de ley.
Fue un proyecto que acordaron tramitar el pasado mayo el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en su primera reunión tras el inicio de la legislatura.