primeras propuestas antes del 30 de junio
El Consell crea la comisión de expertos que estudiará la reforma tributaria
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VALÈNCIA (VP). La Campanya per una Justícia Fiscal, que desde hace siete años engloba a diferentes movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de la Comunitat Valenciana, ha pedido a los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones del 28 de mayo que acometan una reforma tributaria con vistas a erradicar las desigualdades económicas que derivan del actual sistema. Para ello, ha presentado 19 propuestas concretas de implementación autonómica.
“Nuestro objetivo es avanzar hacia una fiscalidad progresiva y justa, que garantice la suficiencia de recursos para sostener políticas y servicios públicos de calidad para toda la población en la Comunitat Valenciana”, explica Ximena Medina, portavoz de la campaña.
En concreto, dichas medidas se incluyen en el “Análisis de las reformas acometidas por la Generalitat Valenciana en materia tributaria en la legislatura 2019-2023”, un documento de consulta pública que han puesto a disposición de partidos políticos y de la ciudadanía, en el cual estudian tanto los impuestos cedidos por el Estado como los propios.
Siguiendo con las palabras de la portavoz: “Queremos poner de manifiesto los avances producidos los últimos cuatro años, pero también las reformas que, a nuestro juicio, siguen pendientes”. De hecho, en el estudio la campaña señala la necesidad de profundizar en la agenda progresista en materia fiscal iniciada en las dos últimas legislaturas, especialmente en la imposición sobre la renta y en los impuestos que gravan la riqueza, “sobre los que pende una seria amenaza de desaparición propiciada desde los postulados neoliberales más recalcitrantes”, matizan.
Las medidas presentadas por la Campaña por una Justicia Fiscal se refieren a los impuestos de los que dependen en mayor medida el potencial redistributivo del sistema tributario. Así, por ejemplo, proponen más progresividad y equidad en las deducciones autonómicas del IRPF.
En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, plantean estudiar la posibilidad de establecer un recargo autonómico con objeto de poder mantener el gravamen por este impuesto si el Estado decide suprimirlo en el futuro sin derogar su ley reguladora y demandar la armonización de las potestades normativas cedidas a las comunidades autónomas a fin de garantizar una tributación mínima en todo el Estado.
Respecto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, algunas de las sugerencias son revisar las reducciones y bonificaciones, establecer un recargo autonómico como el señalado para el Impuesto sobre el Patrimonio y demandar la armonización de las potestades normativas cedidas a las comunidades autónomas a fin de garantizar una tributación mínima en todo el Estado.
A ello se suman medidas referentes a otros impuestos, como incrementar más la cuota gradual por Actos Jurídicos Documentados y los tipos autonómicos de gravamen para los vehículos más contaminantes. También exigen la aplicación efectiva del impuesto sobre viviendas desocupadas y ampliación de su ámbito subjetivo a los grandes tenedores (más de 10 viviendas) que sean personas físicas.
Desde la Campanya per una Justícia Fiscal aclaran que son propuestas ”a discutir y perfilar”, así como que quieren promover un cambio “sin que esto suponga una imposición comparativamente excesiva respecto del existente en otras Comunidades Autónomas ni, por supuesto, una presión fiscal insoportable en términos absolutos”. Los resultados del análisis y todas las propuestas pueden consultarse en la web oficial.