VALÈNCIA. La repetición electoral fijada para el 10 de noviembre ha terminado de salpimentar el agitado otoño al que se enfrentaban los tres socios del Botànic II, PSPV, Compromís y Unides Podem. Si el inicio de legislatura ya ha evidenciado que el mandato entrante apunta a ser más complejo que el anterior, factores externos como la ausencia de estabilidad en el ámbito nacional y la nueva cita con las urnas aplicarán el primer gran test de estrés a la alianza de izquierdas que controla el Consell.
Desde luego, si tal y como ha repetido en numerosas ocasiones la vicepresidenta del Ejecutivo, Mónica Oltra, el Botànic es "a prueba de bombas", los próximos dos meses serán una magnífica oportunidad para demostrarlo, dado que por delante hay al menos tres puntos de fricción considerables.
Para empezar, la propia convocatoria electoral y la inminente campaña apunta a dibujar un escenario notablemente bizarro en la izquierda valenciana. El PSPV, pese a no desear los comicios, hará campaña por su compañero Pedro Sánchez mientras sus socios en el Ejecutivo, Compromís y Unides Podem, llevan semanas criticándole con fiereza.
Y no solo eso. Todavía está por ver si se articula alguna alianza electoral. La coalición valencianista tiene la opción de pactar con el partido de Pablo Iglesias, concurrir en solitario o buscar una confluencia con la formación de Íñigo Errejón si éste decide presentarse a los comicios.
En el primero de los casos, la batalla entre el tándem de conveniencia y los socialistas estaría servido. En el segundo, Compromís debería lanzarse a la crítica tanto a PSOE como a Podemos por no haber llegado a un acuerdo. En cuanto a la tercera posibilidad, la hoja de ruta sería la misma con el agravante de que Oltra y los suyos habrían pactado con el enemigo número uno del 'pablismo'. ¿Alguien da más?
Mientras tanto, con todas las luces de precampaña iluminando la agenda política, los socios del Botànic II deben enfrentarse durante la próxima semana a asuntos tan 'frugales' como los recortes de unos 440 millones de euros en el presupuesto vigente. Una negociación a tres bandas que debe resolverse en apenas una semana para que el Gobierno valenciano pueda remitir el Plan Económico-Financiero (PEF) al Ministerio de Hacienda para que este transfiera los 250 millones del extraFLA.
Por si faltaba aderezo, solo hay que recordar la postura especialmente crítica de Compromís respecto a la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, respecto a los pagos pendientes -730 millones- por parte del Gobierno de España a la Comunitat Valenciana. Oltra ya ha reivindicado ante el conseller del ramo, Vicent Soler, la necesidad de aumentar determinadas partidas del Capítulo I (personal) antes de comenzar a negociar recortes. Una declaración de intenciones previa que augura una semana de conversaciones muy complejas en las que también habrá contar con Unidas Podem, que hasta el momento ha sido menos agresivo que Compromís pero que podría dar un golpe de timón en cualquier momento.
Pero aún hay más. En mitad de todo ello debe producirse también en el Botànic II otra negociación: nada más y nada menos que la de los Presupuestos de 2020. Unas cuentas con nuevas consellerias y partidos en liza, además de con unas perspectivas económicas que, tras los recortes que se deben aplicar en los números del presente año, apuntan a tender a la baja. O lo que es lo mismo, los pasados presupuestos fueron demasiado optimistas y expansivos y ahora quizá tocaría, por primera vez desde la existencia del Botànic, levantar el pie. Una situación, la de reducir dinero que a buen seguro no agrada a ningún conseller.
Ahora bien, tal y como publicó Valencia Plaza, altos cargos de PSPV y Compromís se plantean la solución de prorrogar los presupuestos actuales dada la situación de incertidumbre estatal y esperar a que haya un gobierno en España con la estabilidad suficiente para sacara adelante unas cuentas. Una vía ante la que el tercer socio del Botànic, Podemos, ya ha manifestado su desacuerdo.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral