Camps pide que declaren en el juicio de Gürtel Puig, Dolores Delgado, Villarejo, Garzón, De la Vega...

VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha presentado su escrito de defensa en la pieza del caso Gürtel que le sentará en el banquillo por las adjudicaciones presuntamente fraudulentas a la trama corrupta del stand de grandes eventos de Fitur. Una causa por la que se enfrenta a dos años y medio de prisión que solicita la Fiscalía y nueve que pide el PSOE. Camps y su letrado, Pablo Delgado, fieles a sus escritos en los que todo lo basan en una conspiración del PSOE y lo que califican de una judicatura y unos medios de comunicación afines, han citado a declarar a destacados personajes de la política, la justicia y la prensa.

Entre las personas que solicita que testifiquen están el presidente de la Generalitat Valenciana y denunciante, Ximo Puig; los también socialistas Ángel Luna -recientemente nombrado Síndic de Greuges-, Cristina Moreno y Carmen Ninet; el magistrado instructor de la causa de los trajes de la que fue absuelto, José Flors; el primer juez instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón; la actual ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado; la vicepresidenta del Gobierno en el gobierno de Zapatero, María Teresa Fernández De la Vega; el excomisario Villarejo, y los exdirectores de la Cadena Ser, Daniel Anido, y de El País, Javier Moreno.

Pero la lista no termina ahí. Camps también quiere que declaren los exministros de Justicia Mariano Fernández Bermejo y Francisco Caamaño, así como el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido -hoy magistrado del Tribunal Constitucional-; las fiscales del caso Gürtel Myriam Segura y Concepción Sabadell, y el magistrado que sustituyó a Garzón al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

A estos nombres habría que sumar el de varios miembros de la Policía Nacional, así como otra casi treintena de personas que trabajaron en la administración valenciana en las fechas de la adjudicación bajo sospecha. Fuentes conocedoras del caso explicaron a Valencia Plaza que, probablemente, solo esa segunda lista sea admitida.

El escrito

El abogado del expresidente, Pablo Delgado, deja caer varios de los nombres de la lista ‘A’ para exponer por qué quiere que acudan como testigos, pero más allá de eso, Delgado explica en su escrito de defensa que niega la comisión de delito alguno. Esgrime que las acusaciones forman su relato fáctico desde el impulso de la petición de la Fiscalía sustentándose desde el principio "en una compleja y activa colaboración de los investigados, ordenada, como tendremos la ocasión de evidenciar, a la obtención del mejor trato, lo que ha llevado a que veamos cómo incluso, contra sus propios escritos de defensa las investigadas -Mónica Magariños e Isabel Jordán- se remuevan como acusaciones al uso, superando en furor probatorio al propio Ministerio Público y a la acusación del PSPV".

Como primer punto, la defensa destaca "la irregular incorporación a esta causa" por parte de Anticorrupción de lo que llaman "indicios", o lo que para ellos "no es sino la construcción irregular de una pretendida imputación ya resuelta en la instrucción, que en su día se efectuó" y que llega a la instancia judicial nuevamente por la "labor revisionista ajena a su cometido del Ministerio Fiscal en consecuencia de un proceso, que dicta sentencia sin evidenciar aquel juzgador penal de la audiencia la existencia de otras responsabilidades que deban ser testimoniadas e investigadas".

Añade a esa primera acusación contra la Fiscalía que, "como es evidente", la presidencia de la Generalitat valenciana, al tiempo de investigarse los hechos ya era ostentada por Camps, quien "después de una dilatada investigación prorrogada durante lustros no obtuvo ni por Fiscalía ni por las partes, ni al tiempo de estar aforado por el instructor natural, ni después de dejar de estarlo, acabada ya la instrucción de la causa, el mínimo reproche o indicio de criminalidad".

Según Pablo Delgado, esa investigación ya nacía en su inicio desde las "transgresión de la norma procesal por el impulso de este Ministerio Fiscal personificado en la figura de Myriam Segura, quien de ella declaró el funcionario Vicente Maroto, que compelió al juez Garzón a que actuara llegando este a dictar las órdenes ilegales de intervención telefónica de las conversaciones de los imputados con sus abogados incluso en los locutorios de las cárceles".

Y añade que, cuando recae la instrucción en un nuevo Juzgado, pues previamente lo había investigado el TSJCV, "parece ser que la única novedad, que no en la instrucción sino en el ambiente fuera de estrados, es con los encausados en otro procedimiento", en referencia al juicio de la financiación irregular del PPCV ya juzgada y condenada, "tras el reconocimiento de culpa de alguno de los encausados".

"El estrambote de un soneto inconcluso"

El escrito continúa diciendo que es por esa razón que "siendo que las contrataciones irregulares relacionadas con la financiación irregular y el delito electoral ya han sido sentenciados, no procede reabrir un proceso sobre la cosa ya Juzgada". Y sobre las declaraciones de dicho juicio que utiliza la Fiscalía, asegura que no se puedae inferir responsabilidades en los hechos que ahora se investigan. Recuerda que fue absuelto por la causa de los trajes, por lo que, a su juicio, la fiscal Myriam Segura "ya obtuvo la desestimación de sus pretensiones, pareciendo pues la reapertura para esta causa el estrambote de un soneto inconcluso, de quienes han querido desde el inicio poner letra, música a la vida política de mi patrocinado como si de una encomienda especial se tratara".

Asegura el letrado de Camps que su defendido tenía "total ausencia de capacidad para contratar" e inexistencia de ejercicio alguno de "rol decisor" en las contratación investigada. Por ello asegura que a la causa la mueven "razones políticas" y cuestionan la denuncia de Myriam Segura, la petición de condena en su escrito de acusación del PSPV, en las persona de Ximo Puig, "en comandita" con Angel Luna y otras dos altos cargos del PSOE valenciano, así como la instrucción de De la Mata.

De este último dice que fue a quien se le pidió que objetara y se abstuviera de su función instructora en reiteradas ocasiones por la circunstancia de haber sido director general de Justicia con el PSOE, con el ministro Francisco Caamaño, cuando dejó el ministerio Bermejo tras tener que dimitir por participar en una cacería sin la oportuna licencia administrativa junto con Garzón.

Sobre esa cacería, y para explicar por qué pide la declaración de la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, explica el escrito que fue una "reunión de caza en la que algún medio de comunicación ha incluido como participantes en la misma a otrora altos cargos de la seguridad nacional hoy investigados, e incluso a Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional en aquel momento y hoy ministra de Justicia en funciones del Gobierno del PSOE".

Medios de Comunicación

Es entonces cuando entra al trapo contra los medios de comunicación, a los que describe como "motor de la causa", y acusa de vulnerar la Ley de Enjuiciamiento Criminal "sin que fiscalía y juzgadores nada hicieran en 10 años para perseguir las irregularidades de orden incluso penal puestas de manifiesto por la divulgación de los documentos y diligencias procesales, e incluso de aquellas que habían sido filtradas durante el secreto de sumario". Camps pide que comparezcan como testigos los exdirectores de la Cadena Ser, Daniel Anido, y de El País, Javier Moreno.