Foto: Ajuntament de CanetVALÈNCIA. Canet ha celebrado una audiencia pública para informar a los vecinos sobre la situación júridico-adminstrativa en la que se encuentra el edificio conocido como la "Piscina del cantó", ubicado en la intersección entre las calles Mare Nostrum y Jaume I.
Un inmueble que carece de licencia de obra después de que una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo, de marzo de 2018, así lo dictaminara y otra del TSJ del 24 de enero de 2020 lo ratificara tras un recurso de apelación de los afectados.
Tras las acusaciones de inacción y de que el equipo de gobierno de Canet no tiene otra intención que la de derribar el edificio realizadas por parte de algunos miembros de la sociedad mercantil Piscina del cantó SL, en el último pleno ordinario, la audiencia pública expresó "la voluntad del equipo de gobierno de buscar una solución para no tener que tirar el edificio", afirmó el portavoz, Eduardo Almor, quien insistió: "Nos hemos roto los cuernos para buscar soluciones", en referencia al trabajo realizado por el alcalde y sus compañeros de gobierno.
La demolición del edifico ya queda contemplada en la última sentencia del TSJ donde se cuestiona el fallo del juzgado Contencioso administrativo, calificándolo de "atípico". En los fundamentos de derechos se puede leer textualmente: "Pues pese haber declarado la nulidad de una licencia , no se decreta la demolición de lo construido sino que ordena a la administración para que en un momento cronológico posterior a la firmeza de la sentencia, aperture un procedimiento de restauración de la legalidad".
El alcalde de Canet, Pere Antoni Chordá, hizo hincapié en "la predisposición que ha tenido este equipo de gobierno desde el minuto uno en darle una salida a este asunto" recordando: "Las puertas de mi despacho siempre han estado abiertas para ustedes, además de las reuniones que se han realizado con los servicios jurídicos del ayuntamiento para tratar el tema".
El primer edil habló de tres posibles soluciones, tres mecanismos para conseguir la edificabilidad que no se tiene, tres opciones respaldadas por los letrados de la casa. La primera pasa por realizar una trasferencia de aprovechamiento, ya que el motivo de la nulidad de la licencia es que esta "no es conforme a derecho" porque existe "un agotamiento de la edificabilidad máxima prevista en el proyecto de reparcelación", de ahí esta posibilidad.
El alcalde también habló de una posible modificación del planeamiento y como última opción, el derribo, aunque no es la prioritaria pese a que es la que solicita la parte denunciante que ha ganado el procedimiento.
La audiencia abordó además toda la cronología del procedimiento que se inició en 2014, durante el gobierno del partido Popular con Leandro Benito como alcalde. En esta cronología, también se destacó que la nueva corporación municipal es ajena a todo el procedimiento. "Nos encontramos con una sentencia del TSJ, en enero de 2020 sobre la que nada se podía hacer", añadían. Por último, el secretario del ayuntamiento recordó que "ir en contra de una sentencia es delito", explicando la situación actual en la que se encuentra el consistorio.
