VALÈNCIA (VP). El gobierno local del Partido Popular, fuerza que gobierna en solitario y en minoría en el Ayuntamiento de Carcaixent, se posiciona
en contra de la "nueva" tasa de basuras. El equipo de gobierno municipal la tilda de "imposición del Gobierno central" y la considera "contraria al principio de autonomía local en materia fiscal, además de estar configurada con una mirada estrictamente recaudatoria".
En compensación a los ciudadanos, el gobierno del Partido Popular, ya lleva varios meses estudiando un paquete de medidas fiscales como una rebaja del IBI y diferentes tipos de bonificaciones y reducciones en otros tributos municipales, con el objetivo de compensar la subida obligatoria del recibo de basura cuando este se produzca.
El "basurazo" de Sánchez es una imposición del Gobierno español en la Ley 7/2022, ley que fue aprobada en el Congreso de los Diputados por todos los grupos de izquierdas. Además, en la Comunitat Valenciana esta misma exigencia fue impuesta por el Gobierno de Ximo Puig en el mismo año 2022, cuando el antiguo Botànic aprobó la Ley Valenciana de Residuos.
Desde el PP de Carcaixent, recuerdan que "es la primera vez en democracia que se obliga a las entidades locales a adoptar una tasa, atentando contra la autonomía local". Por este motivo, el ejecutivo local considera que esta opción del Gobierno de España es "desleal", pues impone una tasa de manera obligatoria, pero traslada a los ayuntamientos todos los problemas derivados de su implantación y gestión.
La Ley de Residuos y Suelos contaminados para una economía circular dejó un plazo de 3 años para adaptar la tasa y ha sido el nuevo gobierno del Partido popular el que ha tenido que hacer frente a esta responsabilidad, derivada de la dejadez de la anterior corporación, de ahí que la subida vaya a ser "repentina y considerable".
La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, asume que cumplir la ley es una responsabilidad de todos, sobre todo de los representantes públicos. Además, si no se aprobase la nueva ordenanza conforme a ley, tampoco se podría aplicar la ordenanza actual, por ser contraria a derecho.
Toda la corporación tiene ahora la responsabilidad de cumplir la ley ya que se trata de una exigencia condicionante, por parte de los ayuntamientos, para poder acceder a los Fondos Europeos, por no hablar de las posibles sanciones económicas que se aplicarían a las entidades locales que no cumplan.