Montón tendrá que responder como ministra a su reclamación de 300 millones por los desplazados

VALÈNCIA. La hasta ahora consellera de Sanidad, Carmen Montón, será la nueva ministra del ramo en el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, ocupará el puesto de la cartera a la que con tanto ahínco solicitó la compensación de 300 millones de euros por la atención sanitaria de la Generalitat Valenciana a los turistas nacionales, conocidos como desplazados.

Ahora tiene la oportunidad de enmendar el asunto desde el Ministerio de Sanidad, ya que gran parte del problema se debe a la falta de activación del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). El Gobierno aprobó en el Real Decreto Ley 16/2012 este mecanismo de compensación económica entre comunidades autónomas con el que se pretendía dar respuesta al gasto de las autonomías que reciben un elevado número de desplazados temporales de otras partes de España, especialmente en la temporada turística.

De la cantidad reclamada, 23,1 millones corresponden al importe de atención primaria no compensado hasta diciembre de 2013, cuando comenzó a facturarse por este concepto. El grueso de la suma pendiente se refiere a la ausencia de compensación de gastos de atención especializada desde que se aprobó el FOGA en 2012, que asciende a 278,4 millones de euros. El resto de cantidades hacen referencia a liquidaciones del FOGA y el Fondo de Cohesión pendientes de abonar.

En este aspecto, uno de los pocos movimientos realizados por la hasta ahora ministra, Dolores Montserrat, fue autorizar un pago de 36 millones de euros a la Comunitat Valenciana, Madrid, Andalucía, Cantabria, Cataluña y Galicia, con cargo al Fondo de Garantía Asistencial, con el objetivo de compensar la atención sanitaria ofrecida en 2017 a pacientes desplazados de otras comunidades. Una cifra que dista mucho de la solicitada por la consellera.

"Es una muestra más de la marginación de financiación que los valencianos sufren por parte del Gobierno", señalaba Montón, quien también aseguraba que la Comunitat Valenciana se ve perjudicada "por las incorrecciones metodológicas" en el sistema de liquidación de la atención a turistas extranjeros con Tarjeta Sanitaria Europea.

En el caso de visitantes extranjeros, la diferencia entre las atenciones facturadas por la red sanitaria valenciana y la compensación recibida por el Gobierno arroja un saldo desfavorable para la Comunitat Valenciana de 71,4 millones de euros desde 2003 hasta 2017.

"No podemos seguir año tras año en la misma situación, el Gobierno tiene que desarrollar ya los mecanismos para que la atención a los turistas en la Comunitat no suponga un perjuicio para las debilitadas cuentas de la Generalitat", reivindicaba la consellera.