Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EP). La Confederación Española de Detallistas de la Carne (Cedecarne) ha mostrado su preocupación por algunas de las medidas de ahorro y eficiencia energética, aprobadas el pasado lunes por el Gobierno, y ha solicitado una clarificación en relación con la aplicación de las mismas para evitar la inseguridad jurídica, según ha informado en un comunicado.
En concreto, los comercios detallistas de carnicería, charcutería, pollería y casquería creen que el Gobierno debería haber tenido en cuenta la opinión de los comerciantes a la hora de poner en marcha cuestiones importantes como el tipo de establecimiento, su tamaño, el producto que vende o su ubicación geográfica, a la hora de fijar las temperaturas máximas y mínimas dentro de los establecimientos.
De esta forma, el sector está preocupado por determinadas medidas que necesitan que sean clarificadas por parte de las administraciones, como por ejemplo la relativa al control de la temperatura en los establecimientos.
Desde el comercio especializado de carnes y derivados se ha indicado que, teniendo en cuenta la propia normativa en materia de seguridad alimentaria, no deben serles de aplicación las medidas en cuanto a control de temperatura, no solo en los obradores sino en las dependencias de venta.
Sin embargo, para Cedecarne, la norma entra en clara contradicción con otras existentes, y en algunos casos son de difícil cumplimiento, por ejemplo, con la normativa laboral, generando una inseguridad jurídica en las empresas del sector que, una vez más, pueden verse sujetas a criterios interpretativos particulares.
Así, limitar el aire acondicionado de los establecimientos a 27 grados contradice con las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo que fija la ley.
El sector ha subrayado que las nuevas obligaciones conllevarán un incremento de los gastos que debe asumir el empresario del comercio cárnico de proximidad y que se suman a los que ya viene soportando, como el incremento de los costes de las materias primas y de la energía y los combustibles, entre otros, lo que hace que estén asumiendo una carga que hasta ahora no se ha visto trasladada en los precios al consumidor, aunque avisan que "esta situación no puede seguir siendo sostenible en el tiempo".
Cedecarne ha señalado que estas duras condiciones han llevado a la desaparición de un 8% de empresas en este sector en los últimos cinco años, por lo que urge que a las administraciones medidas que reviertan este escenario.
De esta forma, la confederación empresarial ha pedido que se habiliten las ayudas económicas necesarias para facilitar su cumplimiento a un sector que viene soportando en los últimos años nuevas obligaciones económicas (impuestos asociados al plástico, a los gases fluorados, medidas covid, entre otras) y se revisen los plazos para permitir a las empresas del sector, micropymes familiares en su mayoría, la adaptación a la nueva norma.
No obstante, Cedecarne ha apuntado que es "razonable" poner en marcha un plan de ahorro energético y comparte el espíritu del real decreto dado su compromiso medioambiental que mantienen sus empresas, las primeras interesadas en ahorrar costes energéticos.
