La mayoría de ayuntamientos incumple las leyes relacionadas con cartografía

VALÈNCIA (EFE). La mayoría de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana incumple "total o parcialmente" la multitud de legislación relacionada con la cartografía que afecta a las administraciones locales.

Así se ha concluido en la segunda jornada de trabajo para profesionales celebrada este viernes en la Universidad Politécnica de València (UPV) y en la que han participado topógrafos municipales, técnicos especializados, personal docente e investigador y técnicos de otras administraciones.

Organizada por el Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería geomática y topográfica y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, en encuentro ha analizado algunas de las problemáticas que afectan a las administraciones locales relacionadas con la cartografía, para poner los mecanismos para corregirlas, según un comunicado del órgano colegial.

De forma habitual, en los ayuntamientos conviven cartografías provenientes de diferentes fuentes como planos en papel, ficheros CAD o PDF, cartografías en formatos SHP u otros, que son complicadas de utilizar de forma conjunta y que, en ocasiones, están en sistemas de referencia antiguos no oficiales o que se encuentran desactualizadas.

En la actualidad, existe diversa normativa europea, nacional y autonómica, que regula el uso de la cartografía, así como de los servicios que se deben ofrecer desde las administraciones locales relacionados con esta.

Sin embargo, según han advertido las mismas fuentes, "sigue siendo una de las tareas pendientes por muchos municipios de la Comunitat Valenciana, que incumplen la obligación de transformación de su planeamiento municipal y otras cartografías al sistema de referencia oficial ETRS89, obligatorio desde 2015". 

Han sostenido que esto dificulta la calificación por parte de los registradores de la propiedad, que necesitan que toda la cartografía se encuentre en el mismo sistema para garantizar la seguridad jurídica.

Desde el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica (COIGT) se va a trabajar a través de su comisión de trabajo de administración pública, para informar a las administraciones implicadas, de la legislación que les afecta que están incumpliendo, para facilitarles su adaptación y así puedan resolver este problema.

Han incidido en que ya no es solo es un problema de incumplimiento normativo, pues una cartografía de calidad e incorporar la componente espacial en cada uno de los trámites de la administración local permitiría una mejora considerable en la resolución de conflictos, reducción del tiempo de tramitación de expedientes y ahorro de costes en beneficio y seguridad jurídica para ayuntamiento y ciudadanos.

En los últimos años, nuevas leyes como la Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley de Catastro, han propiciado que salgan a la luz multitud de problemas relacionados con la cartografía y que en los próximos años se tendrán que depurar.

Se trata del cumplimiento de obligaciones como la de preservar el dominio público viario y el inventario y registro de bienes de las entidades locales, que en muchos casos no lo tienen georreferenciado.

Es muy común que la información cartográfica referente a un inmueble, tanto urbano como rústico, sea distinta cuando consultamos la información registral, la catastral, la urbanística o la realidad sobre el terreno.

Por esta razón, desde el COIGT se están desarrollando diversas acciones con los principales actores en el tráfico inmobiliario para que en un futuro próximo toda esta información pueda llegar a ser coincidente y el principal afectado, el ciudadano, vea minimizados los problemas relacionados con la delimitación de sus propiedades.

Además, desde la comisión de trabajo, se realizarán las alegaciones correspondientes en referencia con las futuras leyes que afecten al uso de la cartografía, con el fin de poder complementarlas para que las administraciones locales puedan mejorar en la gestión de sus municipios y reducir las habituales indemnizaciones por problemas relacionados con su planeamiento urbanístico.