Vicente Huerta, el día de su detención. EFEVALENCIA. La lista de regalos a altos cargos políticos por parte de la trama de Avialsa es interminable pero algunas de las dádivas que hay en el sumario, cuyo secreto se levantó el pasado viernes, sobrecogen. Relojes, joyas, obras de arte, viajes, cacerías y casi cualquier cosa que se pueda imaginar completan la lista de los regalos que los investigados entregaban, sin ningún pudor, a los cargos públicos a cambio de los contratos.
Era tal la complicidad entre los jefes de la trama y los políticos, que incluso se avalaron entre ellos para comprar terrenos. Esto es lo que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía Nacional asevera con respecto al empresario José Miguel Pérez Taroncher y el que fuera exconseller de Gobernación Serafín Castellano, ambos amigos desde hace años.
Pero si hay algo que llama la atención es lo que hizo el que fuera director general de Interior en la Conselleria de Gobernación Pedro Hidalgo, quien presuntamente firmó un contrato por valor de 600.000 euros que, debido a lo escandaloso e ilegal de su contenido, ni lo propios técnicos se atrevían a validar.
El político presuntamente no dudó en estampar su rúbrica a cambio tan sólo de un coche de segunda mano para su hijo. Según consta en un informe de la UDEF el valor en tienda del vehículo era de 89.000 euros, pero cuando le fue entregado ya tenía varios años y el valor de cuando lo recibió no llegaba a los 40.000.
Pero no sólo en Valencia recayeron los tentáculos de este entramado. En Cataluña tenían un verdadero feudo, ya que controlaban los contratos de extinción de incendios gracias a las buenas relaciones que mantenían con las personas que se encargaban de la contratación de la Conselleria de Gobernación.
A estos cargos públicos se les pagaron viajes a lugares como la Serra Calderona o Sevilla y cestas de Navidad valoradas en 2.000 euros cada una. A cambio, los encargados de los contratos les enviaban los pliegos varios días antes de que, legalmente, se hicieran públicos y el resto de empresas pudieran acceder a ellos.
Así, este entramado de empresas consiguió controlar casi todos los contratos de extinción de incendios de más de la mitad de comunidades autónomas. Es tal el volumen de esta investigación que fuentes de toda solvencia aseveran que en breve el juez instructor se inhibirá a la Audiencia Nacional. El motivo de la inhibición es que la policía está a punto de comenzar a indagar en los contratos que estas empresas han tenido en Italia y Portugal, lo que obliga al magistrado a enviar la causa a Madrid.
