Las comisiones del 'caso Azud'
Las comisiones del 'caso Azud'
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| 27/04/2022
VALÈNCIA. Cinco años de investigación han arrojado sus resultados. El levantamiento del secreto de sumario de la macrocausa conocida como caso Azud ha desvelado no pocos detalles de la trama de presunta corrupción que tiene como columna vertebral al empresario Jaime Febrer y su conglomerado mercantil, el Grupo Axis. Con él, y con la colaboración de políticos, funcionarios, y otros personajes vinculados tanto al PP como al PSPV, Febrer habría sido el cabecilla de múltiples operaciones urbanísticas para beneficiarse él y otros empresarios a cambio de mordidas, regalos y comisiones.
Todo ello según el relato de la juez que ha instruido la causa en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia a partir de las investigaciones de la Guardia Civil y las indagaciones de la Fiscalía Anticorrupción. La magistrada relata de manera muy detallada en uno de sus autos, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la presunta operativa con la que el entramado empresarial podría haber amañado licitaciones públicas, obtenido beneficios urbanísticos y económicos, o haber sido adjudicatario irregular de contratos públicos.
Así, la jueza recopila hasta nueve operaciones urbanísticas "de las que se tiene constancia", en las que intervino el conglomerado de Febrer, y que según el relato de la magistrada habrían conllevado contraprestaciones para que, a la postre, se hicieran "prevalecer" los "intereses económicos frente a los intereses públicos". Por ello se investigan delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.
El mencionado auto habla de que alrededor del Ayuntamiento de València, durante el gobierno encabezado por Rita Barberá, se creó una "trama" en la que "autoridades, funcionarios, personal laboral, asesores y técnicos, entre otros", obtuvieron "grandes beneficios" como consecuencia del boom inmobiliario en la ciudad durante la primera década de los 2000. Como ejemplo, el abogado y cuñado de la alcaldesa, José María Corbín. Y constructoras e inmobiliarias, subraya, fueron el "canal de obtención" de dichos beneficios en diferentes operaciones, que aquí se detallan, junto a otras en municipios como Xixona, Burjassot o Benicàssim
Es el caso de una permuta urbanística que aprobó el Ayuntamiento de València para la empresa matriz de la trama, CVC -propiedad de Febrer-, y que se fraguó entre los años 2001 y 2002. La operación contó con la participación "imprescindible" de Alfonso Grau, entonces concejal de Economía y Hacienda del gobierno de Barberá, y resultó en pingües ganancias para Febrer.
Así, CVC compró por 240.000 euros dos inmuebles que al Ayuntamiento le interesaban para ampliar el museo de la Semana Santa Marinera en el Cabanyal. Tras la compra, el consistorio se los intercambió por un solar edificable en la zona sur de Patraix por un valor superior, de casi 390.000 euros. Y poco después, la firma de Febrer vendió el terreno recibido del consistorio por 760.000 euros. Una operación que, a la postre, reportó un beneficio de 370.000 euros para el empresario de la construcción, según el auto.
La macrocausa también afecta a los suelos donde se desarrollaron los Grandes Premios de Fórmula 1: el PAI del Grao. En 2006, al calor del boom en esa zona, nació la mercantil Acinelav, una promotora impulsada por la empresa de Jaime Febrer -CVC-, Bancaja Habitat, Pavasal, Kiraly (participada por Gesfesa) y el constructor Salvador Vila. Acinelav pronto se hizo con un tercio de todos los terrenos del PAI. Y de ella, Corbín habría cobrado 224.000 euros en comisiones por hacer de intermediario entre las compañías y su cuñada, la alcaldesa Rita Barberá, que se había involucrado mucho políticamente en el desarrollo del circuito de la Fórmula 1.
Este contacto próximo con Barberá reportó a los empresarios, por un lado, un 'pelotazo' urbanístico de 85 millones de euros tras el aumento de edificabilidad de los terrenos aprobado por el Ayuntamiento, así como un incremento de valor de 230 millones tras conseguir la entrada de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Adif, Bankia y el Ayuntamiento en Acinelav. Consecuciones por las que además, Febrer habría percibido en total hasta 6,6 millones de euros en concepto de honorarios.
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Para entender otra de las triquiñuelas relatadas en el auto como el 'asunto colegios' hay que remontarse a 1988, cuando los cambios introducidos en el PGOU por el gobierno socialista de Ricard Pérez Casado acabaron obligando al Ayuntamiento, tras una sentencia judicial, a pagar 35 millones de euros en indemnizaciones a varios colegios religiosos. El fallo del TSJ llegó con el gobierno del PP al frente, que para hacer frente al pago "urdió un plan": cambiar suelos dotacionales públicos a un uso residencial, previa selección de Febrer, para entregárselos a una de sus compañías. A cambio, esta se hacía cargo de la deuda millonaria del Ayuntamiento.
Dicha mercantil se creó ad hoc por Febrer y otros empresarios y "controló e impuso" toda la tramitación administrativa hasta el punto de el proceso se llevó a cabo de forma "oculta", según la juez. Así, el auto relata cómo el empresario consiguió, en colaboración con Grau, que ni el Ayuntamiento ni la Generalitat recurrieran la sentencia del TSJ -sin deuda que pagar, la operación no tenía sentido-. También era necesario que la tasación de los suelos a entregar fuera igual a la deuda consistorial para que la operación encajara. De ahí que, según la juez, ambas partes eligieran la misma empresa tasadora, para lo que el consistorio habría fraccionado pagos y habría evitado así el concurso público para elegir libremente la tasadora.
Finalmente, la escritura de los terrenos fue redactada por la compañía de Febrer "según sus criterios e intereses económicos". Y en toda la operación el empresario habría contado, además de con la inestimable "participación activa" de Alfonso Grau, también con la del entonces concejal de Urbanismo y actual diputado en Les Corts, Jorge Bellver, así como de dos funcionarios: Esmeralda Orero, jefa de servicio de Patrimonio; y Jesús Rafael López, jefe de Servicios Educativos.
Pero también estarían vinculados el cuñado de la alcaldesa, José María Corbín; el abogado vinculado al PSPV, José Luis Vera; y el que fuera portavoz socialista en la oposición en el consistorio por aquel entonces, Rafael Rubio, que habrían cobrado comisiones por la operación. El último, presuntamente, a cambio del silencio público. Se trata de una operación "paradigmática", dice la juez, porque intervinieron "la práctica totalidad" de las figuras de renombre de toda la trama y quienes habrían cobrado "grandes cantidades de dinero" en comisiones ilegales.
Una empresa mixta fallida en València
Otra de las maniobras, que en este caso acabó fracasando, fue la constitución de una empresa mixta, participada por la compañía municipal Aumsa y la mercantil privada Nou Urbanisme, constituida por Febrer y otros empresarios de la construcción: Federico Ferrando (Gefesa), Enrique Ballester (Igsa) y Vicente Jesús Fos (Planea Gestión del Suelo).
Por otro lado, representantes de la empresa de Febrer mantuvieron reuniones, conversaciones, correos y mensajes con Grau, Bellver y el entonces gerente de la firma pública Aumsa, Carlos Masiá, para hacer realidad la empresa mixta, en la que Aumsa aportaba los suelos, y la parte privada, los medios para construir viviendas de protección oficial. También consta que participara activamente el portavoz socialista, Rubio.
Finalmente, "la disidencia" -pese al intento de acallarla de Corbín- y las resoluciones de la Unión Europea en casos similares acabaron por obstaculizar la operación. Con todo, durante aquellos meses de 2006, Nou Urbanisme pagó por contratos ficticios y de asesoría a compañías vinculadas a la trama, una de ellas propiedad del cuñado de Rita Barberà -Corbín-, que cobró 66.000 euros.
Entre los negocios del cabecilla de la trama, el empresario Febrer, no sólo estaba la vivienda, también en 2010 impulsó la construcción, en una parcela pública, de un hospital privado universitario junto a la Universidad Católica. Y en connivencia con Grau, amañó el concurso para que casi únicamente pudiera presentarse su proyecto, según el relato de la juez.
En este caso, para la operación, la compañía de Corbín cobró del entramado más de 63.000 euros por -supuestamente- asesoría, cuando ya se habían contratado servicios jurídicos al conocido despacho de Broseta. "Evidentemente", dice la juez, la función por la que Corbín se embolsó ese dinero, más que asesorar, fue "la consecución del proyecto o negocio" emprendido por Febrer para construir dicho hospital. Esto es, se tratarían de comisiones por ser el intermediario.
Así, las empresas de Febrer trabajaron "en la confección de las bases del concurso" que iba a hacer el Ayuntamiento para elegir la concesionaria que construiría y explotaría el nuevo hospital. "Las sugerencias y anotaciones" del empresario se introdujeron en los pliegos de la licitación pública para "evitar que cualquier otro licitador tuviera opciones" de ganar. Y se incluyeron así condiciones casi inasumibles para otras compañías, como el requisito esencial de que la adjudicataria tuviera como objeto social la actividad sanitaria y universitaria.
Una circunstancia que "mermaba hasta prácticamente anular la capacidad de concursar" de otras empresas. De hecho, finalmente ganó el proyecto promovido por la Universidad Católica y Febrer. Y aunque la compañía Nisa recurrió ante el Ayuntamiento por "restricción de la competencia", el consistorio lo desestimó.
La nómina de irregularidades llega hasta el contrato del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento. La firma CVC de Febrer constituyó una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto con Gesmed y Solimar para concurrir a la licitación pública en 2008. Pero antes, el empresario contactó con Corbín para indicarle que uno de los lotes de ese contrato, que ascendía a 1,5 millones de euros, era de "máximo interés" para él, asegura el auto.
Sin embargo, no iba muy bien el proceso para Febrer: la primera valoración dejó a su UTE en quinto lugar de diez empresas. Motivo por el cual el empresario volvió a reunirse con Corbín para entregarle un "análisis de las empresas licitadoras con la valoración pertinente", según el relato de la juez. "Maniobras" que, a la postre, acabaron dando frutos: la UTE participada por Febrer resultó la adjudicataria al final.
El auto también señala otras tres operaciones en las que operó el entramado de mercantiles dirigido por Febrer. Una de ellas, en Xixona, donde el empresario quería ser el agente urbanizador de uno de los sectores urbanísticos. En ese marco, se propició un convenio entre la empresa pública estatal Acuamed y el Ayuntamiento sobre abastecimiento de aguas, que en realidad ocultaba la intención de evitar la paralización del desarrollo y el suministro de agua para un campo de golf proyectado en dicho sector.
Así, para desarrollar esa zona, la alcaldesa de Xixona, Rosa María Verdú, y el entonces concejal Francisco Doménech, exigieron a Febrer que incluyera en el sector terrenos de ambos representantes municipales y sus familiares, de manera que la empresa de Febrer, CVC, les compró las parcelas mediante una empresa pantalla por un precio mucho más elevado de lo que pagó por otras. Y tras ello, el Ayuntamiento aprobó el plan urbanístico.
Sin embargo, surgió un "grave problema" con los recursos hídricos. Y para resolverlo, consiguieron que la empresa pública Acuamed abasteciera con una de sus depuradoras el municipio mediante un convenio, en el que tuvo un papel "predominante" el abogado vinculado al PSPV José Luis Vera, que tiró de sus contactos e hizo de intermediario entre el consistorio y Acuamed tras reunirse con el empresario Febrer, que pese a no tener nada que ver en el convenio, pudo realizar en él cambios "a sus intereses". Así se desatascó el plan urbanístico, pero el cambio de gobierno posterior acabó bloqueándolo. Vera habría cobrado 560.000 euros en comisiones en este caso, según la juez.
También Vera habría percibido cantidades de dinero en operaciones llevadas a cabo por el grupo empresarial de Febrer en Burjassot. Allí Febrer se unió en una joint venture con Eroski para conseguir el desarrollo de un proyecto para transformar suelo rústico no urbanizable en urbano de uso terciario y promover allí un espacio comercial. En el transcurso de las conversaciones y acuerdos con la compañía vasca y con el Ayuntamiento de Burjassot, Vera habría cobrado de las compañías de Febrer hasta 430.000 euros como intermediario y en diferentes contratos de asesoría.
Vera, de hecho, "participó en todo lo relativo" al plan urbanístico -el PAI de La Capella-, acudiendo a reuniones junto con Jordi Sebastiá, concejal del Ayuntamiento de Burjassot, Pere Mayor, en representación de una de las empresas involucradas en la operación, y José Miguel Yubero como representante de Eroski. Y en la elaboración del convenio, la compañía de Febrer "llevó a cabo las modificaciones u observaciones favorables a sus intereses" como "era habitual". En 2009 se firmó el convenio con el consistorio.
Por otra parte, el grupo Axis de Febrer contrató a Vera por 3.000 euros al mes para desarrollar la promoción y gestión de viviendas protegidas en diferentes ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Y uno de los que se fijaron fue el de Burjassot, cuyo concejal de Urbanismo José Ruiz Cervera, empezó a recibir también de la trama los "regalos de navidad" a los que muchos en el Ayuntamiento de València estaban ya acostumbrados.
De esta relación, Febrer y Vera entraron en contacto con un técnico municipal, encargado de redactar las bases de los concursos públicos para la adjudicación de suelo público para desarrollar vivienda protegida. El objetivo era "conseguir que alguna de las empresas del grupo Axis resultara adjudicataria", dice la juez, y a cambio el entramado empresarial contrataba a una compañía de la que era apoderado el técnico, obteniendo este "un claro beneficio".
En la localidad de Benicàssim, también Vera actuó de intermediador para Febrer a cambio de unos honorarios de 480.000 euros fijos y otros 720.000 euros condicionados al éxito de la operación urbanística. Esta consistió en la firma de un convenio en 2007 entre la compañía de Febrer Nou Biourbanisme y la Orden de los Carmelitas para obtener un "aprovechamiento urbanístico" en el plan de Ciudad del Ocio de Benicàssim que "de otro modo no se hubiese conseguido".
Pero el objetivo era ir más allá de aquel plan y conseguir otras operaciones. Para este negocio, era "imprescindible" la figura de Vera, según la juez, pues propiciaba "todo tipo de reuniones" con el entonces alcalde de la localidad, Francesc Colomer, y el empresario Febrer. Su importancia fue tal que se le incrementaron los pagos mensuales así como los honorarios, una renovación que le reportó ingresos por más de 46.000 euros, según la magistrada.