Vicente Saus, expresidente de Eresa. Foto: GUILLERMO LUCASVALÈNCIA. "De este modo, Eresa, por motivos que se desconocen, habría utilizado la interposición de Sun Chiz SL para encubrir la remuneración de su administrador. Sobre las motivaciones de Eresa para ocultar la remuneración recibida por su administrador solo podemos especular. No parece que con dicha actuación se pretendiera ocasionar un perjuicio económico a la sociedad o a sus socios, pues todos los socios de la entidad autorizaban por unanimidad todos los años el contrato con Sun Chiz SL, pero incluso en tal caso, los hechos serían constitutivos de alguna de las figuras de delito societario previstas en los artículos 290 y ss del Código Penal, sometidas al régimen de denuncia previa".
Este párrafo del auto de archivo del caso Eresa, en el que estaban imputados por delitos contra la Hacienda Pública y fraude de subvenciones los principales accionistas y directivos del grupo de radiología –rebautizado recientemente como Grupo Ascires– y varias empresas, puede ser el motivo de que el caso continúe vivo el el propio juzgado de Instrucción número 15 de València o en otro.
Como contó Valencia Plaza el pasado mes de marzo, el archivo estuvo motivado porque la Agencia Tributaria –acusación particular– y la Fiscalía admitieron el relato del entonces presidente de Eresa, Vicente Saus. Según este relato, el desvío de dinero de Eresa a una empresa propiedad 100% de los Saus, Iberdiagnosis, a través de otra sociedad suya interpuesta, Sun Chiz –ambas sin estructura para realizar los trabajos encargados–, no se hizo para defraudar a la Agencia Tributaria reduciendo las bases imponibles sino "para encubrir la remuneración de su administrador", el de Eresa.
El administrador de Eresa era la sociedad Iberdiagnosis, representada por el propio Vicente Saus. Es decir, que el magnate de las resonancias magnéticas confesó que todo era una treta para "encubrir" una remuneración hacia su persona. Las cantidades millonarias –8,2 millones solo en 2010– salían de la empresa Eresa, que tiene otros accionistas minoritarios, e iban a parar a una sociedad 100% de los Saus de forma encubierta.
Para más inri, la empresa perjudicada, que era Eresa, congeló en 2012 el sueldo a sus trabajadores aduciendo razones económicas mientras su principal accionista desviaba dinero a una de sus empresas para, según admitió él mismo, cobrar un sobresueldo.
El juez presume que no hubo engaño a los socios minoritarios de Eresa porque la junta general aprobaba el contrato con Sun Chiz, lo que implicaría que estaban al tanto de la simulación. No obstante, abre la puerta a que cualquiera de ellos presente una denuncia por delito societario.
Y esto es lo que, al parecer, han pensado algunos socios o exsocios de la compañía ahora presidida por Lorena Saus, una de las dos hijas del magnate de las resonancias. Días depués del archivo, al menos tres de ellos trataron de personarse en la causa porque "en el auto de sobreseimiento se hace referencia a hechos que pueden afectar a sus intereses".
Tanto los directivos que habían estado imputados como el Ministerio Fiscal rechazaron esta personación, y el juez acordó no admitirla por varios motivos. Respecto a los hechos contenidos en el auto de sobreseimiento provisional, el juez afirma que "no es una sentencia y no contiene una relación de hechos que pueda producir efectos de cosa juzgada, mucho menos en relación con personas que no han sido parte en esta causa".
Añade que los exsocios no pueden ser considerados perjudicados en este procedimiento porque "la condición de perjudicado" corresponde al Estado y más concretamente a la Agencia Tributaria. Según ha podido saber Valencia Plaza, la Agencia Tributaria retiró su acusación tras llegar a un acuerdo económico con los Saus, lo que motivó que la Fiscalía retirase también sus acusaciones.
Los exsocios de Eresa han recurrido la no admisión ante la Audiencia Provincial de Valencia, que todavía no ha dictado sentencia, motivo por el cual el caso Eresa no puede darse por cerrado, tal como constató el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al informar el pasado miércoles del nombramiento de un juez de refuerzo para el juzgado que instruye el caso, el de Instrucción número 15.
Según ha podido saber Valencia Plaza, estos y otros socios están promoviendo acciones judiciales al mismo tiempo por si no prospera la personación en el caso Eresa. Su intención, en todo caso, es que las declaraciones de Saus en los interrogatorios durante la instrucción del caso puedan servir como prueba de un presunto delito societario.
