'Caso Erial': La UCO sospecha que otras empresas al margen de los Cotino pagaron comisiones ilegales 

VALÈNCIA. La investigación del caso Erial por las presuntas comisiones ilegales cobradas por Eduardo Zaplana y el que fue su jefe de Gabinete en la Generalitat Juan Francisco García se ha centrado en los pagos procedentes de empresas de la familia Cotino, beneficiaria de adjudicaciones en los concursos de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Es en esos pagos en los que se ha centrado la investigación, al menos, la conocida en los siete tomos del sumario que han visto la luz después de levantarse el secreto.

Sin embargo, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogen que al menos 13 empresas más pagaron cantidades que suman 1,32 millones de euros a la sociedad Dobles Figuras Consultores, propiedad de Juan Francisco García. La firma facturó entre 2003 y 2015 un total de 2,7 millones -la otra mitad a dos empresas de los Cotino, Asedes Capital y Pontia Asset Management-, a pesar de que no tenía empleados ni "gastos que puedan corresponderse con los trabajos abonados", según la UCO. 

Los investigadores destacan que Dobles Figuras Consultores, creada por García tres meses después de dejar la Generalitat, a los pocos días de la dimisión de Zaplana como president para marcharse al Ministerio de Trabajo, ni siquiera se dio de alta en la Seguridad Social. Y añade que "en relación al análisis de compras y ventas declaradas por la mercantil se infiere la existencia de una discordancia entre el gran volumen de ventas declaradas y la aparente capacidad de realizar trabajos que presenta". Y añade que resulta "muy llamativo, por lo elevado de las cantidades, las nóminas destinadas a Juan Francisco García Gómez (639.769 euros)".

Por todo ello, la UCO concluye que "se podría dar la circunstancia de que la mercantil Dobles Figuras Consultores haya podido constituir un vehículo para canalizar el pago de posibles comisiones ilegales cobradas por Juan Francisco García Gómez, tanto en el caso de las mercantiles vinculadas al grupo empresarial Sedesa, como el resto de los ingresos, los cuales deberán ser analizados".

Las 13 empresas son Electricidad Viala, Renta TV 2000 y Redcable 3 vinculadas entre sí; Grupo Rover Alcisa; Estedi Valencia (firma de comunicación administrada por Beatriz Delgado; Vedat Valencia (familia Catalán); Staff 89; Candil Films; Loft Room (administrada por José Adolfo Vedri); la inmobiliaria catalana Mas Vilanova; Saus Cano (despacho de asesoría fiscal de la familia Saus, propietaria de Eresa); Fincas Monfort (vinculada a administradores de la antigua Astroc), y Marco Empresarial Formativo. También aparece como pagadora, con una pequeña cantidad, la Diputación de Alicante.

Los adjudicatarios de las resonancias

En los documentos de la UCO no solo aparecen los Saus, propietarios de Eresa, sino también el otro beneficiario de la adjudicación en el año 2000 del contrato de gestión de las resonancias magnéticas en los hospitales públicos valencianos: Carlos Paz Figueroa. El dueño de la Clínica Benidorm, fallecido hace cinco años, aparece citado en unos papeles hallados por la Guardia Civil. 

Se trata de un documento en el que figura una anotación manuscrita referida a la sociedad Poinds Net, cuyo objeto social es "la asistencia sanitaria y explotación de residencias geriátricas de ancianos y tercera edad". Según el informe policial, entre los datos que figuran manuscritos se encuentra el nombre de José Carlos Paz Figueroa, "persona fallecida a la que se vincula con el sector de la sanidad". Y añade: "Igualmente se reseña de forma manuscrita en el documento que 'Cede el 49% de su accionado para " .en blanco. ¿?'".

Según la UCO, este documento "relevante" nada tiene que ver con los otros documentos, pero sí guarda relación con Eduardo Zaplana "por cuanto se le atribuye fuerte amistad con el administrador fallecido de dicha sociedad José Carlos Paz Figueroa, y que guarda relación con la decisión tomada por éste de privatizar la gestión de los equipos de resonancia magnética". La Guardia Civil recoge informaciones periodísticas que señalan que Paz gestionó sin competencia las resonancia, oncología y el plan de choque. 

Sin embargo, añade el informe de la UCO que "resulta evidente que tales datos y hechos y los documentos encontrados no han podido ser objeto ni de investigación ni de autorización judicial por cuanto ni las sociedades ni las personas ni los hechos eran objeto de investigación en la causa que se sigue y donde fue acordada la medida restrictiva de derechos fundamentales origen del hallazgo de los documentos, cuya relevancia ha sido puesta en conocimiento por los miembros de la policía judicial de la Guardia Civil que llevan la investigación".