VALÈNCIA. La tercera jornada del juicio del caso Palau comenzó con la declaración del expresidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido. El que fuera máximo responsable de CJC dijo que "el informe policial de la UDEF es falso, yo nunca dije si había o no incompatibilidad respecto a que Helga Schmidt estuviera en el Consejo de Administración de Patrocini". Pero, más allá de eso, declaró que Patrocini "era una empresa sin ánimo de lucro".
Esta declaración abre la puerta a la Fiscalía, ya que se creó como una SA y, además, sí que ganó dinero público, pues cobraba 300.000 euros por organizar el Viva Europa aunque realmente costaba 100.000 euros al año. De hecho, esta parte del juicio es una de las más importantes para el Ministerio Público como bien se puede observar en el escrito de acusación.
La Fiscalía asegura que Schmidt, "actuando de acuerdo con los acusados José Antonio Noguera Puchol y Joaquín Maldonado Rubio", con ánimo de eludir los controles administrativos realizó contratos con una sociedad mercantil por los que ésta percibió de la Fundación 508.040€ en concepto de precio fijo por la organización de eventos Viva Europa y comisiones por captación de patrocinadores.
El Palau realizó dos transferencias a la sociedad por importe de 300.000 euros y el fiscal entiende que inicialmente se pagó un sobrecoste "carente de toda justificación" de 143.525,50 euros. Sin embargo, entiende que esta cantidad ascendería a 248.222,79 euros por cobrar Viva Europa por gastos que excedían del contrato, como por el registro de dominios web o gastos de registro mercantil, entre otros.
Por Viva Europa 2010 la Fundación pagó también 21.440 euros "carentes de justificación" y por la edición de 2011 se le transfirieron 100.000 euros que provenían de Aguas de Valencia, entidad que financiaba el evento. En total, el ministerio público estima que en este último caso se desviaron 60.000 euros públicos.
En este caso, asegura la acusación pública, "no se siguió en ningún momento los trámites esenciales de la contratación administrativa y, por tanto, se eludió la publicidad, concurrencia y transparencia de los procedimientos que pretende garantizar la normativa vigente".
La bomba del día vino con la declaración del que fuera jefe de dramaturgia del Palau, Justo Romero, quien explicó que él encargaba los trabajos de impresión y que hasta 2007 lo hacía una empresa que se llamaba La Imprenta "que lo hacía muy bien". Sin embargo, Romero dinamitó a la defensa de Pablo Broseta cuando dijo, sin ningún tipo de titubeo, que "a pesar de ser el jefe de dramaturgia se hizo el concurso de Ratcliff sin mi conocimiento, fue marciano, se hizo a espaldas y sin informar al jefe de dramaturgia. Me entero del concurso cuando ya se había adjudicado".
Y entonces declaró que, "aunque lo tenía Ratcliff lo seguía haciendo La Imprenta, se lo encargaba Ratcliff. No recuerdo haber hablado con Ratcliff para nada. La solicitud se les hacía a ellos desde el Palau, pero la gestión del tipo del papel y todo lo demás se seguía haciendo con la empresa anterior. Yo hablaba con La Imprenta".
Con respecto a cómo se enteró del cambio, explicó que fue por Ernesto Moreno, y que, en una comida, le dijo a Moreno, "esto es un disparate, La Imprenta funciona perfectamente, está haciendo un servicio impecable, no te preocupes que se seguirá trabajando como hasta ahora con La Imprenta". Y apostilló, "yo estaba absolutamente indignado". Asevera que su indignación se la trasladó a Moreno y Schmidt.
Tal era el cabreo que dijo que "nunca entré en si había sobrecostes o no. Lo veía tan feo que no quería entrar en ese tema. He leído cantidades de dinero pagadas en prensa que me parecen muy excesivas. No sé realmente lo que se facturaba, debería saberlo pero decliné mi responsabilidad por la indignación que tenía".
De la empresa Ratcliff, explicó que "no trabajaban, solo había un teléfono para gestionar. Es como si a mí me adjudican hacer chorizos en Sagunto y no tengo fábrica ni tengo nada. No tenían infraestructura. Todo esto lo sabía por la gente que está en el mundo de las imprentas, supongo que me lo dirían los de La Imprenta".
Tras Garrido fue el turno del representante de Aguas de València, uno de los patrocinadores. El testigo declaró que pusieron 100.000 euros y "nos pareció razonable". Aunque lo realmente importante para la investigación fue que "no sabe cuánto era coste y cuánto beneficio para Patrocini". También explicó que se patrocinaron otros eventos como la orquesta de València en Las Arenas y se siguió la misma dinámica.
Carmen Escolano, jefa de gabinete de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, dijo que Maldonado y Moreno acudieron a una reunión porque en 2009 la conselleria asumió las relaciones con la Unión Europea y Viva Europa se realizaba en varias ciudades europeas desde hacía unos años.
Preguntada por eso, la testigo dijo que "el apoyo fue muy poco, querían que les diésemos cariño". También dijo que no recordaba haber recibido una cuenta de gastos justificados desde Viva Europa en 2009, y que no sabía "si hubo un contrato de publicidad".
En el juicio se sientan en el banquillo el exdirector financiero Ernesto Moreno; el presidente del consejo de administración de Patrocini —empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores—, José Antonio Noguera Puchol; el ex consejero delegado de esta firma Joaquín Maldonado, y el administrador de la sociedad Radcliffe —mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones—, Pablo Broseta.
En cuanto a las penas, el fiscal reclama ocho años de prisión para Ernesto Moreno; siete años para José Antonio Noguera Puchol; siete años de cárcel para Joaquín Maldonado, y otros siete años para Pablo Broseta. La acusación contra Schmidt fue retirada tras el fallecimiento de ésta.
