Castellón pone sus deberes a Pedro Sánchez: mejora de carreteras y de la red ferroviaria

CASTELLÓ. La mejora y modernización de la red ferroviaria y de carreteras concentran los principales deberes que la provincia de Castellón pone al nuevo gobierno de Pedro Sánchez, a tenor de la unánime reclamación que han protagonizado las diferentes fuerzas políticas con representación en la Diputación.

Esta reivindicación ha sido la nota más destacada este martes durante el desarrollo de un pleno que ha llegado a aglutinar en una sola sesión los mayores consensos de toda la legislatura, tal como han destacado fuentes de la propia institución que preside Javier Moliner. 

La reivindicación de las infraestructuras se ha formalizado en una declaración institucional de todos los grupos. En ocho puntos, se insta al Gobierno a seguir impulsando las obras del Corredor Mediterráneo, no prorrogar la concesión de la autopista AP-7 tras el fin de la misma en 2019, ejecutar el Plan de Mejora de la Calidad del Transporte de Cercanías en la Comunitat Valenciana 2017-2015, o a llevar a cabo las obras de acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón y establecer la conexión entre la CV-10 con el Acceso Sur al Puerto.

Asimismo, la declaración pide al Ejecutivo que continúe ejecutando las obras en la N-232 y que éste sea el eje de la futura A-68 hasta Vinaròs, que lleve a cabo la construcción de tres nuevos tramos de la A-7 que culminarán las obras de la CV-10 entre Vilanova d'Alcolea y La Jana, y la gratuidad de la AP-7 mientras duren las obras del firme en la CV-10 a su paso por Borriol, tal y como ha leído el presidente Moliner.

En el texto se argumenta que el Gobierno es conocedor de la deuda que arrastra con la provincia de Castellón y de la "insuficiencia financiera" que sufre. "Esta dinámica debe romperse en beneficio del interés general, atendiendo al impulso de una zona de España que por situación geográfica, actividad económica reúne todas las condiciones para ser una de las áreas más prósperas de nuestro país", señala la declaración que recoge por Europa Press.

Otro de los puntos que ha alcanzado el consenso unánime de la corporación provincial ha sido la formalización de la cesión del Centro Ocupacional de Penyeta Roja a la Asociación de Familiares con Niños y Adultos Discapacitados Afanías.

La diputada de Acción Social, Elena Vicente-Ruiz, ha agradecido el apoyo de todos los grupos políticos para "dar solución a un centro ocupacional de referencia en la Comunitat Valenciana". Según ha dicho, la educación y la integración de las personas con discapacidad se garantiza con esta cesión "que permite a Afanías ampliar su servicio de 60 a 80 plazas".

"Hemos presupuestado 200.000 euros para adecuar este centro y hoy damos el último paso desde esta Administración desde el ámbito jurídico y administrativo con muchas ganas de poder ir y comprobar cómo pueden formarse para la inserción laboral en un futuro todas estas personas", ha añadido.

Al concluir el pleno, el presidente Moliner ha celebrado que haya concluido la sesión en la que "no haya habido ni un voto en contra en ningún punto del orden del día", un respaldo unánime que se ha materializado en la aprobación de la modificación de retribuciones de las diputadas de Ciudadanos, en la modificación del nombramiento de los miembros del Consejo Provincial de Gobernanza Participativa, en la cesión de uso a Afanías del Centro Ocupacional de Penyeta Roja y en la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional del orgullo LGTBI.

Además, ha habido consenso en la moción sobre la defensa del servicio público de Correos, en la moción sobre los folletos informativos del Patronato Provincial de Turismo y con la retirada de dos mociones del Grupo Popular de acuerdo a la confianza institucional de los trámites que se están realizando por Generalitat en el Servicio de Transporte a la Demanda, y en la convocatoria de subvenciones para actuaciones de conservación y protección de bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana.