CASTELLÓ. La industria cerámica de Castellón viró en los dos últimos años el descenso en las emisiones de CO₂ que se venía experimentando desde 2016. Este repunte responde a un incremento de la capacidad productiva en 2024 y 2025 y a un mayor consumo energético en un sector que sigue siendo gasintensivo. Así, en 2025 las emisiones de carbono crecieron un 3%, mientras que en 2024 lo hicieron un 4%, según la memoria socioeconómica del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana.
El balance indica que la cerámica concentra el 31% de las emisiones verificadas en 2025 en el conjunto de la industria valenciana, con 2,153 millones de toneladas, seguida de la generación eléctrica, que representa un 22%. El informe señala que desde 2023 se puede "apreciar un ligero aumento en las emisiones verificadas", interrumpiendo la tendencia descendente que se venía produciendo desde 2016. Un total de 165 empresas valencianas, muchas de ellas pertenecientes al sector cerámico, tuvieron que presentar en 2025 el informe de verificación de emisiones, de acuerdo con la normativa europea que persigue la descarbonización de la economía.
En cambio, en 2022 el azulejo logró una reducción del 12% y en 2023 las emisiones descendieron un 19%, hasta los 1,9 millones de toneladas. Esta caída respondió entonces a una drástica reducción de la producción por los efectos de la guerra de Ucrania, que disparó los costes energéticos. Así, desde 2021 las emisiones han descendido un 24%.
Por su parte, los esmaltes sí redujeron su impacto en 2025, con un descenso del 0,19% de CO₂, hasta las 176.489 toneladas.
Al respecto, según un informe presentado por Ascer, el 93% de las emisiones están ligadas al proceso de combustión. Al mismo tiempo, el azulejo vio reducida la asignación gratuita de derechos de emisión, una medida que le corresponde al estar incluido en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS) y estar considerado un sector en riesgo de fuga de carbono. El coste sectorial del sistema ETS ascendió a 56 millones de euros, un 53% más que en 2024. La asignación gratuita bajó un 9%, generando un déficit del 38%, mientras que el precio medio del derecho de emisión aumentó un 13%, hasta los 73,95 €/tCO₂.
Más costes entre 2026 y 2030 por parte de la Comisión Europea
Para el próximo periodo 2026-2030, el coste de las emisiones se incrementará de manera considerable después de que la Comisión Europea haya rechazado aplicar un nivel de referencia propio para el sector (benchmark). Ha suavizado el recorte planteado en los derechos gratuitos, que será del 34%, aunque aun así supondrá un coste un 20% superior, de manera que el impacto adicional podría rondar los 100 millones de euros.
La cuestión es que el sector cerámico se encuentra ante este escenario en una industria que depende del gas y en la que las tecnologías verdes sustitutivas todavía no están maduras. Ya han comenzado los primeros pasos hacia la electrificación del horno, pero aún queda un largo recorrido para que pueda implantarse en el conjunto del sector. Otras alternativas, como el hidrógeno verde o el biometano, todavía se encuentran en una fase inicial de desarrollo.
Asimismo, un informe del Centro Común de Investigación (Joint Research Centre) de la Comisión Europea indica que la industria cerámica europea deberá invertir 27.000 millones de euros hasta 2050 para sustituir el uso del gas por energías limpias y alcanzar el objetivo de descarbonización. Esta cifra comprende los nueve sectores que integran la industria cerámica continental, entre los que destaca el azulejo, cuya producción se concentra especialmente en España e Italia.
Es decir, el sector afrontará un mayor gasto por la reducción de los derechos gratuitos y, al mismo tiempo, deberá impulsar una inversión considerable para alcanzar la descarbonización. Un impacto económico que, según advierte la industria, puede penalizar otras inversiones destinadas a posibles ampliaciones de capacidad productiva.
Cabe destacar que este análisis reconoce que la cerámica continental aplicó una tasa de descarbonización más rápida de lo previsto entre 2010 y 2019, logrando una reducción de las emisiones del 33% respecto a 1990.
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