Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EFE/ P.P.). El Ayuntamiento de València realizará una auditoría de todo el sector público de la ciudad para "corregir las ineficiencias y reforzar su control, así como para la reordenación y racionalización de las entidades existentes". Así lo ha anunciado este martes el gobierno municipal, que dirige la alcaldesa María José Catalá, que llevará a cabo una auditoría integral de las entidades que dependen del Ayuntamiento.
El análisis abarcará tanto las figuras jurídicas más alejadas del derecho público, como las Naves, aquellos organismos con participación municipal como el Consorcio Valencia 2007 en liquidación, y el resto de organismos y entidades públicas empresariales como el Palacio de Congresos, según ha informado el consistorio.
Esta medida, en la que ya venía trabajando el gobierno local, se llevará a cabo sin perjuicio de las actuaciones que lleve a cabo la Intervención General en el ejercicio de sus funciones, y se ha precipitado después de conocerse el fraude sufrido por la empresa externa que llevaba la contabilidad del Palacio de Congresos, y que asciende a casi 200.000 euros.
Así pues, la alcaldesa ha creado un nuevo alto cargo municipal, la Dirección General del Sector Público, cuyo responsable todavía se desconoce. La auditoría del Sector Público será una de las principales funciones de la nueva Dirección, que ya la ha iniciado con la supresión de la Fundación de la Policía Local y la integración de la Mostra en el Palau de la Música.
Por otra parte, se incardina la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad bajo la dependencia de la Dirección General de Personas con Discapacidad para evitar duplicidades y acercar los órganos de dirección al servicio gestor que atiende a este importante colectivo.
Ambas direcciones generales forman parte del Área de Alcaldía, que quedará de la siguiente manera: la Coordinación de Estrategia, Estudios y Proyectos pasa a denominarse Coordinación General de la Alcaldía de la cual dependerán la Dirección General de Proyectos, la Dirección General de Análisis Social y Planificación, y la Dirección General de Relaciones Institucionales. También la Coordinación del Sector Público, que ahora pasa a denominarse Coordinación Técnica de Políticas Públicas, y que incluye la Dirección General del Sector Público, Dirección General de Capitalidad Verde Europea y Dirección General de Personas con Discapacidad.
Tras conocer los cambios, el edil de Compromís Ferran Puchades ha asegurado que la reestructuración "pone de manifiesto la hipocresía con la que vino actuando Catalá cuando era jefe de la oposición municipal, cuando pedía constantemente el cese de los Coordinadores Generales por ser un desperdicio de recursos y ahora, cuando ella es alcaldesa, no sólo no ha parado de crear puestos directivos de designación digital, sino que los concentra bajo su poder directo en Alcaldía, mientras que los directivos del gobierno de Ribó se dedicaban directamente en la gestión diaria de los asuntos municipales".
Según Puchades, los cambios ponen de manifiesto "el galopante proceso de centralización y bunkerización del poder municipal de manos de la señora Catalá". "Ante la alcaldía de Ribó, a la que estaban adscritos dos Coordinadores Generales y dos Directores Generales, Català acaba de decidir que ella mandará directamente sobre dos Coordinadores Generales y seis Direcciones Generales con competencias tan dispares como las Personas con discapacidad o la Capitalidad Verde".
Para Compromís, "esta concentración de poder denota que la alcaldesa se está aislando de su socio de gobierno con el que no tiene ningún órgano de coordinación ni debate de las políticas municipales", lo que está produciendo "duplicidades como ha ocurrido con las competencias de emprendimiento e innovación".
