Badenas (Vox) y Catala (PP). Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La elaboración de los presupuestos municipales del próximo ejercicio no van a ser un camino de rosas. Como en la Generalitat, también en esta institución la elaboración de las cuentas genera algún que otro enfrentamiento entre los diferentes partidos. Ocurrió en el pasado con los gobiernos de coalición, cuando PSPV y Compromís debían ponerse de acuerdo en el Consell o en la corporación local. Y ocurrirá ahora aunque solo el PP sea partido de gobierno, dado que su minoría de 13 concejales le obliga a negociar las cuentas con su "socio preferente", Vox.
La situación, de hecho, no parece que vaya a diferir mucho de la que se produjo años atrás en el seno del Botànic, cuando en más de un ejercicio peligró que las cuentas se presentaran en tiempo y forma; incluso, el año pasado, la Ley de Acompañamiento no llegó a pasar por un pleno del Consell cuando tocaba. En el Ayuntamiento de València, por el contrario, las cuentas sí se presentaron en el plazo que fija la ley marcaba.
Ahora bien, tras el cambio de gobierno, el escenario es especialmente complejo. En primer lugar, por la distancia que guardan actualmente el equipo de gobierno y sus "socios preferentes", en quien confían para saca adelante las cuentas. Y en segundo lugar, porque lo primero repercute en lo segundo: los plazos que marca la ley para presentar los presupuestos.
A principios de semana la alcaldesa de València, María José Catalá, anunció que se encontraba negociando las ordenanzas fiscales con Vox. Algo que desde el partido que lidera Juanma Badenas negaron que estuviera ocurriendo. Ni un matiz sobre si habían mantenido reuniones informales o algún intercambio de whatsapp al respecto entre los dirigentes de ambas formaciones, si bien los populares aseguran que sí ha ocurrido.
La cuestión no es baladí. Las ordenanzas fiscales son indispensables porque en ellas el gobierno marca la previsión de ingresos que va a tener para el año entrante, lo que le sirve para posteriormente realizar el presupuesto y comprometer gastos e inversiones.
En este punto, conviene recordar que el PP anunció durante la campaña electoral una rebaja de impuestos a todos los ciudadanos de València entre las que se encontraban, principalmente, bonificaciones para el pago del IBI. En suma, la rebaja de impuestos traería aparejada una reducción de la recaudación de 70 millones de euros que se quedarían "en el bolsillo de los valencianos", según defendió la entonces candidata, María José Catalá.
Con estos mimbres, la ordenanza fiscal debería contemplar esa reducción de ingresos, entre otras muchas cuestiones. Pero para fijar negro sobre blanco, la primera edil deberá negociar con Vox esta previsión de ingresos que el Ayuntamiento de València tendrá en 2024. Algo que, por lo pronto y según confirmaron fuentes de Vox este miércoles, sigue sin ocurrir. PP y Vox siguen sin sentarse para tratar esta cuestión. Y el tiempo empieza a correr en contra de las primeras cuentas municipales a cargo del gobierno popular.
Según explicó este miércoles la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, mientras ellos gobernaban, el 15 de octubre el gobierno presentó cada año el borrador de los presupuestos. Lo que significaba que previamente ya habían quedado cerradas las citadas ordenanzas. De hecho, Gómez apuntó a que, en según qué ejercicios, estas se dejaban listas en el primer semestre del año.
En año electoral, lógicamente, este escenario no puede darse. Sin embargo, desde junio hasta septiembre el gobierno entrante sí habitúa a centrarse en la redacción de estas ordenanzas.
Con la Ley Reguladora de Haciendas Locales en la mano, los plazos para presentar el presupuesto en forma serían los siguientes: el 15 de octubre se debe enviar el presupuesto al pleno, no para ser validado de forma definitiva, pero sí para que este primer 'borrador' sea aprobado provisionalmente en el pleno de noviembre, ya que los ayuntamientos tan solo celebran uno al mes y validarlo en octubre es imposible. Un mes antes, el 15 de septiembre se tendría que haber presentado ya el presupuesto de los entes públicos, según fija el artículo 168.3.
Con todo, una vez presentado el presupuesto en octubre, el ayuntamiento debe validarlo en el pleno de noviembre, que en esta ocasión está fijado para el día 14 según aprobó la Junta de Gobierno Local días atrás. Y, a partir de que sea validado en ese pleno, se otorgan 15 días para que se presenten "reclamaciones por parte de los interesados", según fija la normativa.
Una vez concluye este trámite, las cuentas son aprobadas en diciembre de forma definitiva. Así pues, Catalá dispondría de apenas 10 días para negociar las ordenanzas fiscales con Vox y presentar un primer borrador de presupuestos para cumplir con los tiempos estipulados. Unos plazos más que ajustados, más aún si se tiene en cuenta el clima que existe entre ambos "socios".
