Catalá, la única valenciana en el comité del PP que decidirá sobre el caso de Ayuso 

VALÈNCIA. La feroz disputa pública acaecida este jueves en el PP entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general del partido, Teodoro García Egea, o lo que es lo mismo, el presidente nacional Pablo Casado, derivó en el anuncio por parte del 'número dos' popular de la apertura de un expediente informativo sobre la primera para "culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo" respecto a las posibles irregularidades en una contratación sanitaria durante la pandemia que podrían haber beneficiado a su hermano.

Este tipo de expedientes deben ser instruidos y gestionados por el Comité de Derechos y Garantías del PP, órgano encargado -al igual que sus homólogos autonómicos aunque inferiores en jerarquía- de resolver las cuestiones disciplinarias de la formación popular.

En este caso, el órgano está presidido por la portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy; mientras que la secretaria general del mismo es Isabel Borrego. En este exclusivo comité, en el que al menos cinco de sus miembros deben ser licenciados en Derecho, solo figura una valenciana: la secretaria general del PPCV y portavoz en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, quien fue incluida como vocal en la remodelación realizada por Pablo Casado en julio de 2019.

El órgano está conformado, además, por otros siete vocales: Rafael Hernando, José Ignacio Echániz, José Antonio Nieto, Daniel Serrano, Elías Bendodo, Ana Collado. Como representante de Nuevas Generaciones también forma parte del mismo José Luis Álvarez.

En aquella remodelación, Casado incorporó o resituó a varios dirigentes valencianos aparte de María José Catalá: por ejemplo, designó a la diputada Belén Hoyo presidenta del Comité Electoral; el alicantino César Sánchez, expresidente de la Diputación, pasó a ocupar el área de Márketing Electoral mientras Vicente Betoret se mantuvo en la dirección que ostentaba. También entró en la Ejecutiva el alcalde de Alicante, Luis Barcala, como vocal del Comité Electoral. Varios de ellos, al igual que la presidenta del Comité de Derechos y Garantías, Andrea Levy, o la propia Catalá, escribían este mismo jueves mensajes de apoyo a Casado tras una crisis sobre la que ahora deberán tomar una decisión trascendental.
 

Cabe recordar que el Comité de Derechos y Garantías es también el encargado de avanzar en la posible ejecución de las suspensiones de militancia o incluso de las expulsiones del partido de cualquier afiliado, si es que se llegara a un expediente disciplinario al tener conocimiento "de la falta de ejemplaridad en el comportamiento o conducta de un afiliado o cargo de representación institucional del partido", según reflejan los estatutos.

De manera paralela a la apertura del expediente, García Egea ha asegurado que han dado traslado de las acusaciones de Ayuso a Casado y a la dirección nacional, que él mismo ha calificado de "casi delictivas", guardánse el comodín de otras acciones.

Así pues, este Comité de Derechos será el órgano responsable de decidir en última instancia si la cuestión sobre Ayuso se dirige hacia un archivo, hacia una suspensión de militancia provisional o incluso hacia medidas disciplinarias de mayor gravedad. De producirse alguna de estas dos situaciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid se vería imposibilitada de concurrir en ninguno de los procesos orgánicos del partido: es decir, no podría luchar por el liderazgo del PP autonómico ni, llegado el caso, nacional. Y todo ello a poco más de un año de las elecciones autonómicas a la Asamblea madrileña.