Pleno de Les Corts de este miércoles. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Después de que el president de la Generalitat, Ximo Puig, diera el pistoletazo de salida al último curso político de la legislatura en el Debate de Política General el pasado 11 de septiembre, este miércoles tuvo lugar la primera sesión de control al jefe del Consell. Quien estuvo por allí, no obstante, bien podría pensar que asistió a un pleno del Congreso de los Diputados.
Los principales ataques de la oposición se centraron en cuestiones, aunque actuales, de carácter nacional. Cataluña y las grabaciones del comisario Villarejo en las que interviene la ministra de Justicia, Dolores Delgado, abrieron el debate.
Incluso los términos utilizados en algunos casos en la sesión que se celebraba en Madrid y en València simultáneamente fueron los mismos. El turno en el parlamento valenciano lo inició, como es habitual, la presidenta y líder de los populares valencianos, Isabel Bonig. Mientras la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, acusaba este miércoles al PSOE de actuar como "abogado defensor de los golpistas" en Cataluña, Bonig increpaba a Puig porque el ministro de Fomento (José Luis) Ábalos dijera hace una semana que sería muy difícil cambiar en esta legislatura el sistema de financiación y, sin embargo, ayer se conociera que el ejecutivo central pagará "1.459 millones de euros a los golpistas en concepto de deuda".
Unas declaraciones que hacían referencia al acuerdo alcanzado este martes entre la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Hacienda por el que el Estado se comprometía a pagar a la comunidad autónoma en los próximos cuatro años un total de 1.459 millones de euros para inversiones e infraestructuras (759 millones) y para financiar los Mossos d'Esquadra (700 millones).
Según el vicepresidente y consejero catalán de Economía, Pere Aragonès, de la primera cantidad Hacienda se habría comprometido a pagar ya 200 millones a través de los Presupuestos del Estado de 2019 y de la segunda, 150. Además, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros la autorización a la Generalitat para que pueda refinanciar deuda a corto plazo y convertirla en deuda a largo plazo por importe de 2.773 millones de euros.
Más allá de la coincidencia en la crítica sobre esta medida y en la utilización de los mismos términos -"golpistas"-, también hubo otros lugares comunes. Tras cuestionar los primeros cien días del Ejecutivo del "doctor ególatra", la síndica del PPCV replicó otro discurso sobre política nacional.
"Por los hechos que revelan estas grabaciones, en España han pasado muchas cosas y no todas buenas", criticó Bonig en referencia los nuevos audios desvelados por Moncloa.com en los que hace nueve años Dolores Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, revelaba en una comida con policías -entre ellos el excomisario en prisión José Villarejo-, cómo un grupo de jueces y fiscales acabaron con menores en un viaje de trabajo a Colombia. Aunque la portavoz del PP en Les Corts se limitase a juzgar el contenido de estos audios, sus compañeros en el Congreso de los Diputados fueron más allá. Le instaron a Delgado a dimitir después de que el Senado la reprobara este martes con 149 votos a favor de PP y Ciudadanos.
Las cuestiones más valencianas fueron recuperadas por Podemos y Compromís. El síndic de la formación morada, Antonio Estañ, recriminó al president de la Generalitat su "contradicción" entre "lo anunciado y lo hecho" al mostrarse a favor "de superar el modelo de las diputaciones" y un día después el PSPV votar en contra a una propuesta de resolución para vaciar las competencias de las corporaciones provinciales.
Si bien el jefe del Consell se mostró partidario de debatir sobre el futuro de estos entes locales, solicitó al síndic de Podemos, Antonio Estañ, que este proceso se haga "con el máximo consenso y seguridad jurídica" y que no se convierta en "un debate identitario".
Estañ también insistió en cómo garantizará el cumplimiento de lo que en el Debate de Política General su grupo bautizó como los "Ximoanuncios". Unos compromisos "más propios de 2015 que de finales de 2018" por su grado de ambición, según el partido que dirige. Aunque Puig celebró las políticas que ha puesto en estos tres años el Gobierno valenciano en marcha, le subrayó que los cambios no se producían de un día para otro. El Acuerdo del Botànic "no es un pacto que marque que el mundo feliz llegará en 2019, sino que tardará un poco más", manifestó.
Compromís, por su parte, insistió en la principal reivindicación del Gobierno valenciano al Ejecutivo central durante estos tres años de legislatura: que se reforme el sistema de financiación. El jefe del Consell le aseguró al síndic de los valencianistas, Fran Ferri, que en la reunión que mantendrá próximamente con Pedro Sánchez le exigirá la reforma y unas inversiones "justas" para la región. Insistió, además, en que la actitud del es la misma que con el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, de "lealtad reivindicativa".
