Hace un par de meses saltaba la noticia. La Universidad Complutense de Madrid anunciaba la creación de una Cátedra de Transformación Social Competitiva gracias al inestimable impulso y buen hacer de Begoña Gómez, quien se había encargado de formular la correspondiente propuesta y conseguir que Reale Seguros y la Fundación La Caixa la patrocinaran con 120.000 euros, y a quien ahora se le encomendaría su codirección.
La noticia generó cierto revuelo. ¿Cómo es posible que una Universidad pública “haga catedrática” a una persona que carece de cualquier mérito investigador o docente, que ni siquiera posee el grado académico de doctora? ¿O acaso el hecho de ser la esposa del Presidente del Gobierno de España constituye un título suficiente para ello?
No se asusten demasiado. Conviene advertir que ésta no es una genuina cátedra, el escalón más elevado y rimbombante del profesorado universitario, sino una de las muchas «cátedras extraordinarias», «institucionales» o «de empresa» que las Universidades españolas vienen creando, cada vez con más frecuencia, desde hace ya varios años. Se trata simplemente de instrumentos de colaboración en virtud de los cuales una entidad, ora pública ora privada, acuerda con una Universidad financiar a título gratuito actividades de investigación, docencia, divulgación o transferencia de conocimiento desarrolladas por ésta.
La existencia de tales acuerdos de colaboración merece, en principio, una valoración positiva. A la sociedad en su conjunto le interesa que dichas actividades sean fomentadas, en atención a las considerables externalidades positivas que las mismas engendran. Nuestras Universidades hacen bien en allegar recursos con el objeto de cumplir mejor sus fines institucionales, máxime cuando su situación financiera no resulta particularmente boyante, sino más bien lo contrario. Pero debe tenerse presente que en esta vida nada es del todo gratis y que dichos acuerdos también encierran algún que otro inconveniente.
En el caso de las cátedras financiadas por entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, existe el riesgo, por ejemplo, de que éstas traten de aprovecharse de la «marca universitaria» para blanquear su imagen, para generar investigaciones u otros contenidos académicos sesgados en favor de sus intereses privados, con el objeto de influir sobre la opinión pública y las autoridades cuyas decisiones les afectan. Imagínense que la empresa más contaminante del país decidiera dedicar cientos de miles de euros a patrocinar el funcionamiento de una cátedra de política ambiental. Es muy probable que ésta acabara creándose en una Universidad donde trabajan especialistas cuyas posiciones resultan singularmente favorables a los intereses de la referida empresa. Y cabe razonablemente pensar que la perspectiva de renovar el correspondiente convenio al cabo de unos años, y seguir recibiendo así un generoso sobresueldo, podría influir de alguna manera en el contenido de las publicaciones de esos profesores, así como en sus opiniones vertidas en el marco de la divulgación y la enseñanza, minando su objetividad.
Los convenios también pueden propiciar, en ocasiones, peligrosos acercamientos y otorgamientos de favores entre los sujetos implicados en su celebración. Imagínense que la mujer del Presidente del Gobierno aceptara un regalo de cientos de miles de euros procedente, directa o indirectamente, de una empresa que opera en un mercado fuertemente regulado. Y entra dentro de lo posible que la creación de una de estas cátedras suponga un coste reputacional para todos o algunos de los implicados, si la ciudadanía percibe que el acuerdo correspondiente está vehiculando prácticas cuestionables o incluso corruptas, lo que, a su vez, puede hacer que las autoridades universitarias y las entidades privadas potencialmente interesadas en cooperar para la realización de actividades socialmente deseables se abstengan de celebrar acuerdos similares.
Todo lo cual aconseja que dichas autoridades se autorregulen y tomen precauciones para conjurar esos riesgos. De hecho, casi todas las toman, aunque no da la impresión de que sean suficientes. De ahí que convenga que los miembros de la comunidad académica y el público en general tomen las suyas propias. Seguramente la más importante es la exigencia de transparencia. Por ejemplo, debería requerirse a todos los beneficiarios de las cátedras que en sus publicaciones indicaran la financiación recibida y, en general, cualquier otra circunstancia relacionada que pudiera indicar la existencia de un conflicto de interés. Y, por descontado, deberíamos “consumir” todos esos productos académicos siempre con un sano escepticismo.
En el caso de las cátedras financiadas por entidades públicas, los peligros son todavía más serios, en contra de lo que pudiera parecer a primera vista. La razón es bien sencilla: aquí está en juego el dinero del contribuyente.
En la práctica, ese dinero está siendo adjudicado “a dedo” por los políticos de turno, de manera discrecional y sin observar procedimiento alguno a través del cual se acredite, con las garantías de objetividad necesarias, no sólo la utilidad pública de crear y financiar una cátedra sobre una determinada materia, sino también que se selecciona la propuesta “científicamente más ventajosa” de entre las que varias Universidades podrían formular a estos efectos.
Este método “digital” contrasta de un modo muy llamativo con el utilizado con carácter ordinario para subvencionar prácticamente las mismas actividades de investigación, docencia y transferencia del conocimiento que constituyen el objeto de las cátedras. El procedimiento ordinario sí se ajusta plenamente a los principios de publicidad y concurrencia competitiva. Una vez publicada en el diario oficial la convocatoria correspondiente, cualquier centro universitario o de investigación tiene la oportunidad de participar en igualdad de condiciones y formular propuestas. Y sólo se financian aquellas que reciben una mejor puntuación, según la evaluación efectuada por expertos independientes con arreglo a criterios científicos. No parece justificable que las mismas Administraciones que utilizan procedimientos extremadamente rigurosos y costosos para subvencionar actividades de investigación y desarrollo fomenten luego esas mismas actividades, frecuentemente con cantidades muy superiores, sin publicidad alguna, sin escuchar a todas las Universidades potencialmente interesadas y sin garantías de acierto, por la vía de las “cátedras”. No parece compatible con los principios de igualdad, competencia y mejor uso de los fondos públicos.
Ello propicia, adicionalmente, que estas cátedras queden afectadas por peligros muy similares a los característicos de las patrocinadas por entidades privadas. Si los políticos disponen de absoluta discrecionalidad para determinar el objeto de las cátedras y seleccionar a las Universidades beneficiarias, sin necesidad de seguir procedimientos que garanticen el acierto de sus decisiones, es probable que tiendan a seleccionar temas cercanos a sus intereses ideológicos, así como profesores “amigos” y presumiblemente dispuestos a respaldar sus posiciones, aunque no sean los que mayor valor científico puedan extraer de los fondos públicos empleados. Y se corre el riesgo, asimismo, de que los responsables de las cátedras traten consciente o inconscientemente de producir resultados académicos sesgados, del gusto de las autoridades encargadas de renovar los correspondientes acuerdos y seguir desembolsando dinero. Qui paga, mana.