El exgerente de Ciegsa explica que los contratos "no eran ilegales" porque consultaron con un despacho de abogados
VALENCIA. Para Máximo Caturla, el exgerente de la empresa pública Ciegsa, encargada de la construcción de los colegios en la Comunitat Valenciana, contratar a gente por enchufe "no era ilegal" y "se decía desde el Partido Popular o por algunos políticos". Y eso que la Sindicatura de Comptes les había advertido de la ilegalidad, pero según su declaración ante el juez instructor de la Operación Taula, ellos "consultaban con Broseta abogados" y estos les decían que podían.
La declaración de Caturla en la pieza de los zombies, personas que cobraban sin trabajar, duró más de dos horas. Una de las respuestas que más llamó la atención fue que reconociera que los asesores entraban por recomendación de terceros, es más, los nombres venían de políticos y desde el partido.
Según fuentes de toda solvencia consultadas por Valencia Plaza, el exgerente afirmó que una asesor entró "recomendado" por el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; otro por la secretaria personas del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps; y un tercero fue contratado tras presuntamente solicitarlo el hoy eurodiputado del Partido Popular y entonces conseller de Educación, Esteban González Pons.
Este último fue Miguel Barranca, quien ya reconoció ante el magistrado y los investigadores que había sido el eurodiputado la persona que había intermediado para que le contrataran en Ciegsa.
Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que para Caturla este tipo de contrataciones a dedo eran normales y, obviamente, no las considera ilegales. Respecto a si trabajaban o si simplemente cobraban sin realizar ningún trabajo, el exgerente de Ciegsa dijo que sí que trabajaban, pero que su cometido era más parecido al de un relaciones públicas.
Caturla explicó que su trabajo era "ir a los diferente municipios y convencer a los alcaldes de que pidieran la construcción de un colegio en su pueblo", un hecho que ha llamado la atención de los investigadores, pues se supone que era la Generalitat la que decidía dónde hacía falta un nuevo centro escolar. Sobre las grabaciones que existen entre él y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, explicó que "están sacadas de contexto" y que para nada hablaban de mordidas.
Otra de las personas citadas este jueves a declarar fue el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. Según explicó el propio Rus a Valencia Plaza, "la declaración ha sido de diez a cero". Rus salió muy contento y aseguró que había dejado claro que él "no ha enchufado a nadie". Le expuso al juez y al fiscal que la mayoría de las contrataciones que investigan son previas a que él fuera presidente de la Diputación, que él era presidente del PP provincial y que "mandaba lo mismo que un concejal de Cuenca en Madrid, nada".
El político acudió a su declaración con una serie de papeles que, según su versión, ponían de manifiesto que durante su gestión al frente de la Diputación de Valencia "se había recortado en 91 millones de euros el gasto en personal", a lo que añadió: "No entiendo que me digan que tenía zombie cuando yo he ahorrado muchos millones a la Diputación".
Sobre los zombies de Ciegsa aseguró no tener "ni idea de cómo habían entrado o si trabajaban o no". En su declaración explicó que él "sabía lo que pasaba en la Diputación de Valencia pero no en Ciegsa, ya que esa empresa dependía de la Generalitat valenciana".
El expresidente negó tajantemente haber ‘enchufado’ a nadie como asesor y, a preguntas del fiscal sobre un asesor en concreto, le contestó que esa persona llegó a negar hasta en siete ocasiones ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que le hubiera ‘metido’ Rus, si bien sí que reconoció que le conocía.
Rus también reconoció conocer a varios de los asesores que trabajaron para Ciegsa, sin embargó todas y cada una de las veces negó haber enchufado a nadie en esa empresa. No estaba de presidente de la Diputación, era presidente provincial