Caturla pierde la memoria ante el juez de Taula

VALÈNCIA. El ex consejero delegado de la empresa pública Ciegsa Máximo Caturla negó este viernes que haya existido cualquier tipo de irregularidad en la empresa pública que construía los colegios en la Comunitat Valenciana, y mucho menos mordidas. Según su declaración ante el juez del caso Taula, todo se ajustaba a los criterios que marcaban los técnicos.

Pese a que le hicieron leer todas las grabaciones aportadas por el 'garganta profunda' del caso Marcos Benavent, el que fuera mandamás de Ciegsa sufrió una repentina pérdida de memoria y dijo que no las recordaba. Dio lo mismo la insistencia de magistrado, su memoria se había quedado a la puerta de la Ciudad de la Justicia.

En cuanto al hecho de haber echado a su predecesor del despacho, y después de Ciegsa, Javier García Lliberós, primero negó la mayor para después matizar esa respuesta, según relató a Valencia Plaza uno de los presentes. Caturla no quiso entrar a hablar de la guerra entre campsistas y zaplanistas, pero deslizó que García Lliberós salió de la empresa porque no aceptaba las directrices marcadas por los nuevos responsables.

Máximo Caturla no se cortó a la hora de loar las virtudes de sus compañeros de partido y su forma de gestionar la Comunitat. Para Caturla, Alfonso Rus o Francisco Camps fueron grandes gobernantes.

Sobre la construcción de colegios, Caturla afirmó que todo lo hizo bajo la supervisión de los técnicos y que, por tanto, todo fue correcto. En cuanto a quién mandaba, respondió que el conseller de Educación, que él era el responsable final.

La nueva pieza

Junto a Caturla y Benavent, en esta pieza de Imelsa tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus; cuatro técnicos de Ciegsa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.

En esta pieza el juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad con la finalidad de favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dádiva.

Esas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una "finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa", Marcos Benavent, según exponía el juez en su auto.

Respecto de los técnicos, el juez investiga si pudieran haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano, y si justificaron sobrecostes sobre una base ficticia o carentes de verdadera justificación para obtener más financiación o compensar económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente perjuicio económico para el erario público de la Generalitat.

El informe policial recoge indicios delictivos respecto a las siguientes obras o adjudicaciones: IES número 4 de Torrevieja, adjudicado a Cleop; IES Llosa de Ranes e IES Xirivella; IES El Cabanyal, adjudicado a BM3; CEIP número 5 de Burriana, a la UTE BM3-Dragados; y CEIP 7 de Santa Pola a otra UTE de las mismas empresas.