Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. La expectación que generaba la comparecencia de Máximo Caturla en la comisión de investigación que escruta los sobrecostes generados en Ciegsa, mercantil pública encargada de la construcción de colegios durante el gobierno popular, no sólo respondía a quién era, a su condición de consejero delegado de la entidad durante la época de los sobrecostes -o como él mismo los tildó: "de más costes"-. Los portavoces de los grupos parlamentarios no sabían si acudiría a la cita. Ni él, ni ninguno de los otros tres llamados a ser interrogados.
Sí lo hizo, junto al extrabajador de la mercantil Joan Vergara. Llegó, a diferencia del exconseller de Educación durante esta misma etapa, Alejandro Font de Mora, sin rastro de aparente nerviosismo. Pero aunque no fue "vehemente" -como Font de Mora definió su tono ante sus señorías la semana pasada-, el objetivo de su discurso era el mismo que el del actual vicepresidente segundo de la Mesa de Les Corts: dejar claro que los sobrecostes no existieron. De hecho, por su "experiencia con los números" se atrevió a hacer un "promedio" de los que se dieron durante su mandato. "Inferiores al 1%", dijo.
Preguntado por esta cuestión, el exsecretario autonómico de Educación, aseguró que una cosa eran sobrecostes y otra "muy distinta" que hubiesen "más obras que costaron más dinero. Si a una obra le añadimos más obra, no es sobrecoste, sino mayor coste", por lo que consideraba que se había dado una "tergiversación" del término. "Siempre se pedían unidades de obra adicionales por la mayor cantidad de niños a escolarizar durante ese período", apuntó. Un argumento que también llegó a esgrimir el expresident de la Generalitat, Francisco Camps, en esta misma comisión el pasado mes de mayo. Como hiciera el exjefe del Consell, Caturla recurrió a la entrada en vigor de la LOGSE.
Con Camps aseguró que "nunca" había hablado. No obstante, sí consideró que hizo un "fantástico trabajo, como el realizado por Esteban González Pons". Unas afirmaciones que cuestionó el diputado del PSPV y portavoz adjunto de los socialistas en Les Corts, Alfred Boix, que le recordó que el "señor Barranca le dijo a Camps que usted y él eran amigos, por lo que no debía preocuparse".
El también exsecretario general de Educación –una de las personas investigadas en la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, entre ellas Ciegsa– defendió su inocencia y aseguró que lo demostrará en el juzgado. "Todo mi patrimonio está en la sede del juzgado y lo que tengo es fruto de mi trabajo. No me he llevado dinero jamás, ni he sido recaudador para mi partido ni para nadie. Todo era riguroso", subrayó tras la pregunta de Boix que le cuestionaba por "cuándo empezaron las mordidas judiciales en Ciegsa" y "cómo se cocinaban".
Una rigurosidad que, según el exconsejero delegado de Ciegsa, también tuvieron los técnicos encargados de definir los proyectos: "Todos eran personas honradas y decentes". De esta manera respondía al diputado de Podemos, Antonio Montiel, que le inquirió por su vinculación con los arquitectos Joan Vergara y Elena Bosque -que también estaban citados a comparecer este lunes-. "Yo no los contraté. Ahora bien, sí que los avalé porque eran unos grandes profesionales", justificó Caturla, que recalcó: "Pongo la mano en el fuego por ellos. Eran unos buenos técnicos desde que trabajaban como interinos en la Conselleria de Sanidad".
El exsíndic morado, sin embargo, sacó a relucir los currículums vitae de ambos. En ellos, Montiel señaló que sólo constaba que habían trabajado únicamente en condición de becarios antes de ser contratados por Ciegsa y no como había afirmado Caturla. "Eran interinos que ya habían trabajado en la Conselleria de Sanidad, brillantes profesionales y avalados por su trabajo", defendió. Y, aunque negó que fuese él quien propusiera contratarlos "a dedo", sí admitió que cuando se debían ampliar las obras de los colegios, él mismo, como el señor Alejandro Bañares, los avalaron.
Con la misma contundencia defendió el exconsejero delegado de Ciegsa que se requirieran los servicios de empresas como Construcciones Sanjuán, Valcomar Obras y Proyectos o BM3, o la compra de una nueva sede para la mercantil pública en el Parque Tecnológico de Paterna por un importe de aproximadamente 6 millones de euros que nunca llegó a utilizarse, pues se vendió un año después de adquirirse. "Las necesidades de personal hacían que tuviéramos que trasladarnos", aclaró, pese a que en su momento la misma empresa pública admitió que la sede "era inadecuada y cara".
Caturla no se quedó ahí con la defensa de esa operación de compra al constructor Enrique Ballester. Y la justificó así: "Las sedes de Pintor Sorolla y Hernán Cortés si costaban cerca de 400.000 euros al año, y estaba previsto estar allí durante 15 años, habrían costado aproximadamente 6 millones de euros. Por lo tanto, se cambió gasto por inversión".
El exvicepresidente de la corporación provincial sí que respondió un poco más airado a las preguntas de Nadal sobre "quien había pagado la reforma de la casa de su mujer". "La pagó ella. Así de claro", contestó con un tono de voz impetuoso.
Caturla también defendió a su antiguo jefe, el expresidente de la Diputación de Valencia e imputado en el caso Taula, Alfonso Rus, con el que rompió con el tiempo su relación. "Nunca vi a Rus haciendo algo incorrecto. Hizo un trabajo brillante y cumplió escrupulosamente".
"Me cuesta mucho creerle", respondió cuando la diputada Mercedes Ventura, de Ciudadanos, estuvo, de nuevo, en uso de la palabra. "Usted ha dicho que eliminó los negociados sin publicidad y adjudicó el IES Cabanyal a BM3 por este método", le espetó, antes de preguntarle por la contratación del supuesto trabajador zombi, Antonio Gil Monteagudo. "Yo dije en los juzgados que lo recomendó la jefa de gabinete de presidencia", afirmó.
Con Boix atacando por el flanco de las comisiones, Josep Nadal con el despido de un técnico tras no querer firmar una adjudicación y Montiel replicando sus palabras sobre la legalidad de los sobrecostes, el PP se alineó con Caturla para desmontar la afección negativa del término sobrecoste. "Esto es una de las mayores postverdades que ha creado el Botànic", censuró el diputado popular, José Juan Zaplana. La negativa de los sobrecostes como leitmotiv de todos los comparecientes con pasado en el PP. Una batalla por dominar el relato sobre lo que sucedió en Ciegsa.