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LA INSPECCIÓN DETECTA "FRAUDE DE LEY" a instancias de CCOO

Trabajo reconoce la relación laboral de siete personas becarias en la Diputación de Valencia

15/07/2019 - 

VALÈNCIA (EP). CCOO PV ha logrado que se reconozca la relación laboral de siete personas becarias del Servicio de Comunicación y Relaciones Exteriores de la Diputación de Valencia, que han sido dadas de alta a la Seguridad Social, tras detectar la Inspección de Trabajo "fraude de ley y abuso de derecho, con un supuesto de relación laboral encubierta", según ha informado el sindicato en un comunicado.

La central sindical ha denunciado la "precarización del empleo" y ha emplazado a la corporación provincial "a solventar estas irregularidades en las becas presentes y futuras". Estas personas desempeñaban las actividades propias del personal técnico de comunicación, "en una actividad laboral y no formativa".

Por tanto, según CCOO PV, "a todos los efectos deben tener todos los derechos sobre el salario, jornada, permisos y vacaciones reconocidos a los trabajadores y a las trabajadoras de la corporación provincial".

CCOO PV denunció a la autoridad laboral "este caso de precarización del empleo a través de un uso fraudulento de las becas, que se llegan a prolongar hasta un año o incluso 36 meses, sin límite de edad, un hecho intolerable en la administración pública", afirma el sindicato.

Según CCOO PV, el informe de Inspección "ha sido concluyente y expone el cúmulo de irregularidades: no tienen programa formativo que prevea el seguimiento, supervisión o autorización de la práctica a desempeñar, con criterios de evaluación medibles".

CCOO PV ha subrayado que el objeto de las prácticas no laborales "es la formación", tal y como está difundiendo a través de su campaña informativa '¿Becas o trabajas?', para explicar las prácticas laborales y no laborales y detectar las diferencias entre las que son correctas y las que no.

Para la secretaria de Formación y Empleo de CCOO PV, Ana García, "no se pueden permitir estos abusos a la juventud" y ha recalcado que se deben "poner los medios para que puedan obtener un empleo de calidad con derechos, acorde a su cualificación, y eso es potestad de los poderes públicos y no al contrario, que sean las propias administraciones las que utilicen de forma fraudulenta la figura de las prácticas o becas".

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