Trabajo reconoce la relación laboral de siete personas becarias en la Diputación de Valencia

VALÈNCIA (EP). CCOO PV ha logrado que se reconozca la relación laboral de siete personas becarias del Servicio de Comunicación y Relaciones Exteriores de la Diputación de Valencia, que han sido dadas de alta a la Seguridad Social, tras detectar la Inspección de Trabajo "fraude de ley y abuso de derecho, con un supuesto de relación laboral encubierta", según ha informado el sindicato en un comunicado.

La central sindical ha denunciado la "precarización del empleo" y ha emplazado a la corporación provincial "a solventar estas irregularidades en las becas presentes y futuras". Estas personas desempeñaban las actividades propias del personal técnico de comunicación, "en una actividad laboral y no formativa".

Por tanto, según CCOO PV, "a todos los efectos deben tener todos los derechos sobre el salario, jornada, permisos y vacaciones reconocidos a los trabajadores y a las trabajadoras de la corporación provincial".

CCOO PV denunció a la autoridad laboral "este caso de precarización del empleo a través de un uso fraudulento de las becas, que se llegan a prolongar hasta un año o incluso 36 meses, sin límite de edad, un hecho intolerable en la administración pública", afirma el sindicato.

Según CCOO PV, el informe de Inspección "ha sido concluyente y expone el cúmulo de irregularidades: no tienen programa formativo que prevea el seguimiento, supervisión o autorización de la práctica a desempeñar, con criterios de evaluación medibles".

CCOO PV ha subrayado que el objeto de las prácticas no laborales "es la formación", tal y como está difundiendo a través de su campaña informativa '¿Becas o trabajas?', para explicar las prácticas laborales y no laborales y detectar las diferencias entre las que son correctas y las que no.

Para la secretaria de Formación y Empleo de CCOO PV, Ana García, "no se pueden permitir estos abusos a la juventud" y ha recalcado que se deben "poner los medios para que puedan obtener un empleo de calidad con derechos, acorde a su cualificación, y eso es potestad de los poderes públicos y no al contrario, que sean las propias administraciones las que utilicen de forma fraudulenta la figura de las prácticas o becas".