Foto: R.RUBIO/EPVALÈNCIA (EP). La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han pedido al futuro Ejecutivo que salga de las elecciones del próximo 23 de julio abordar la regulación de la reducción paulatina de la jornada laboral con el objetivo de las 32 horas sin recorte salarial y han instado a redefinir las causas y los procedimientos del despido, con mención especial al despido colectivo.
Los sindicatos han reclamado a todos los grupos políticos que concurren a las próximas elecciones generales que asuman e integren las propuestas presentadas este jueves y las implementen cuando se conforme el próximo Gobierno.
Los sindicatos abogan por adaptar el modelo de trabajo a los intereses y necesidades de una sociedad y un mercado de trabajo del siglo XXI, por lo que piden una reforma integral del Estatuto de los Trabajadores que avance en derechos y aborde los nuevos retos a los que se enfrenta el trabajo, su organización y su regulación.
Entre sus propuestas piden abordar también la regulación del uso de los tiempos, de las medidas de flexibilidad interna negociada, de las contratas y subcontratas, la movilidad funcional, movilidad geográfica y la modificación sustancial de la condiciones de trabajo, el contrato a tiempo parcial, las distintas forma de organizar el trabajo, el fortalecimiento y estructura de la negociación colectiva o la adaptación de las directivas y sentencias europeas entre otras
También han instado a reforzar el actual sistema de indemnización por despido improcedente incrementando su cuantía para adecuarlo a lo establecido en la Carta Social Europea Revisada y han reclamado un mayor compromiso de desarrollar el estatuto de las prácticas no laborales en los centros de trabajo, garantizando una formación práctica de calidad con derechos, que contribuyan a la inserción en el mercado laboral de las personas jóvenes.
Los sindicato también han pedido garantizar el cumplimiento y desarrollo de las medidas acordadas en los acuerdos de pensiones de 2021 y 2023 como eje para el mantenimiento del sistema público y la suficiencia de sus prestaciones, asegurando la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC.
Además, han instado a desarrollar los acuerdos pendientes de los citados acuerdos, especialmente de lo relativo a la jubilación parcial facilitando la renovación y rejuvenecimiento de las plantillas de las empresas.
De su lado, CCOO y UGT piden mantener el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el 60% del salario medio neto del país, como mínimo, y han instado al mantenimiento de su poder adquisitivo eliminando la posibilidad de que sus mejoras puedan ser compensadas y absorbidas.
También abogan por recuperar el poder adquisitivo perdido del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y garantizar su revisión de acuerdo al IPC, y por reformar de manera integral el sistema de protección por desempleo para hacerlo más inclusivo y extensivo, con el objetivo de que las personas en paro perciban una prestación, contributiva o asistencial, y se les dote de la suficiente formación y orientación para encontrar un trabajo e incrementar las cuantías y la duración de las prestaciones por desempleo.
Los sindicatos también han planteado una reforma fiscal más progresiva para sostener el gasto público, equiparándola a la media comunitaria y así dotar de recursos suficientes para mejorar las políticas públicas y ampliar nuestro Estado de Bienestar.
Entre las medidas concretas, CCOO y UGT piden la equiparación de los tipos de la base general a la del ahorro e incremento de los tipos a las rentas superiores en el IRPF con el ánimo de cerrar la brecha existente entre España y la UE, que son cinco puntos del PIB. También plantean la reforma del Impuesto de Sociedades asegurando una tributación mínima del 15%.
De su lado, los sindicatos piden a los grupos impulsar una nueva ley de industria que contribuya a la autonomía estratégica del país, que impulse el desarrollo industrial, el empleo de calidad y otorgue solidez a la actividad económica y productiva española. Que contemple, también, el desarrollo de las actividades de servicios de alto valor añadido, mejore la competitividad de las empresas basada en la creación de valor, y no en la reducción de costes laborales.
En materia de vivienda, los sindicatos piden configurar el derecho a la misma como derecho fundamental, apostando por incrementar la inversión para la creación de un parque público de vivienda en alquiler asequible (al menos hasta el 1% del PIB).
Además, instan a mantener normas que promuevan la contención y rebaja de los precios de alquiler y respaldar el despliegue en todo el territorio de la Ley de Vivienda y adoptar medidas para frenar el incremento del coste de los créditos hipotecarios.
Por último han abogado por facilitar la novación y/o subrogación de las hipotecas de tipo variable a fijo, así como ampliar los periodos de amortización para que las cuotas que sufragan las familias no superen el 30% de sus ingresos.
