VALÈNCIA (EP). El presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade), Juan Santiago, ha denunciado las "consecuencias negativas" que tendrá para los alumnos de centros extranjeros la modificación del Decreto que regula la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), cuyo cambio está previsto aplicarse en junio de 2025.
Santiago ha calificado esta medida como una "gran injusticia" que pone en riesgo el futuro académico y profesional de estos estudiantes, según ha informado la asociación en un comunicado.
Estas declaraciones se han producido en la inauguración del Congreso 'Top Voces Educación - InfluencIA con Propósito', organizado por Acade este jueves en València, que ha contado con la intervención de la directora general de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Susana Tejadillos.
Han participado también por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy; la concejala de Educación, Deporte e Igualdad del Ayuntamiento de València, Rocío Gil; el presidente de ACADE en la Comunitat Valenciana, Alejandro Monzonís; y la presidenta de la Sectorial de Infantil en la Comunitat Valenciana, Carmen Bardal.
En su discurso, el presidente de Acade ha subrayado que los alumnos de centros extranjeros comenzaron el curso en septiembre de 2024 bajo el marco normativo vigente, organizando sus estudios y seleccionando asignaturas conforme a los criterios entonces establecidos.
Sin embargo, ha afirmado que la inminente modificación del Decreto que regula la PAU, que será aprobada antes de fin de año y aplicada en los exámenes de junio de 2025, dejará a muchos estudiantes sin la preparación adecuada para afrontar la nueva prueba. "Esos alumnos se verán obligados a presentarse a exámenes de materias que no están cursando y para las que no están siendo formados", ha denunciado Santiago.
Para Acade la implantación de estos cambios durante el curso actual es "inviable", ya que pone en una situación de desventaja a los estudiantes, quienes no tendrán tiempo suficiente para adaptarse a los nuevos criterios.
Santiago ha pedido a Susana Tejadillos que el cambio normativo se retrase hasta el curso siguiente, permitiendo a los estudiantes finalizar el año académico con las mismas reglas con las que comenzaron.
El presidente de Acade también ha recordado que la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ha aprobado una enmienda el pasado lunes 21 de octubre en favor de este aplazamiento, lo que refuerza "la necesidad de un cambio de enfoque por parte del Ministerio".
"No podemos permitir que estos alumnos paguen las consecuencias de una decisión apresurada. Es imprescindible que se garantice su derecho a una educación justa y a una transición ordenada hacia la universidad", ha afirmado.
En clave valenciana, ha pedido un sistema de desgravación fiscal para las familias que eligen centros no financiados con fondos públicos, una medida ya vigente en Andalucía y Madrid.
También ha solicitado que se avance en el reconocimiento de la autonomía diferenciada para los centros no sostenidos con fondos públicos, como se reconoce en la legislación educativa nacional. En cuanto a la educación infantil, ha exigido que el tramo de 0 a 3 años sea indivisible y que los centros estén obligados a ofrecerlo completo, evitando que la Conselleria otorgue autorizaciones a aquellos que no cumplan este requisito.
Asimismo, ha pedido un compromiso firme con un calendario claro de pagos para asegurar la estabilidad financiera de las escuelas privadas.