VALÈNCIA (EFE). Aprobar la Ley de Accesibilidad Universal (LAU) valenciana antes de fin de año y desarrollar un plan de choque para reducir la lista de espera en el reconocimiento de la discapacidad son algunas de las demandas que ha planteado este miércoles en Les Corts el presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV), Luis Vañó.
Vañó ha comparecido en la Comisión Permanente de Les Corts Valencianes sobre políticas integrales de discapacidad para exponer la situación actual del sector y sus necesidades y presentar reivindicaciones como un plan autonómico de formación y empleo de personas con discapacidad.
En su comparecencia, ha resumido las peticiones de Cermi CV en un decálogo y ha defendido que la discapacidad es "el sector más diverso que hay" y "debe recibir atención especial por parte políticas públicas" con "un enfoque transversal".
Ha recordado que el Cermi lidera "los avances y derechos de 490.600 personas con discapacidad" y ha defendido "ver la discapacidad como una valiosa diversidad y no como una carga".
"Hay que incluir la discapacidad de manera genuina y significativa en todo porque lo que es bueno para la discapacidad en bueno para toda la sociedad", ha sostenido y ha insistido en tener "una visión totalmente integrada de la discapacidad".
Ha defendido que la implementación de la LAU "es urgente" y ha añadido: "esperemos que este trabajo parlamentario se inicie con diligencia y consenso para su aprobación antes de final de año. Nos jugamos mucho".
Ha planteado que ya trabajan para que se conforme el primer plan de acción y atención integral para personas con discapacidad, "una demanda esperada por años" y ha valorado que ya han establecido un "hoja de ruta, que saldrá publicada este viernes en el DOGV junto al decreto que conformará el Consejo Autonómico de personas con discapacidad.
Su tercera demanda ha sido la de reducir tiempos de espera para reconocimiento del grado discapacidad -de más de un año en Alicante y Castellón y un año en Valencia- con un plan de choque y ha pedido para ello incrementar personal de los centros de valoración porque hay muchos expedientes. Este plan "debe ser realista, urgente y tener la suficiente financiación", ha apuntado.
Además, se ha referido a la necesidad de un plan de formación y empleo de personas con discapacidad y una acción concertada en ámbito del empleo con el fin de llegar a la reserva del 10 % (-se ha pasado del 3 % al 7 %- para empleo a personas con discapacidad.
Igualmente, ha señalado que ya trabajan con Justicia para el futuro decreto del sistema público de apoyo para acceso a justicia de personas con discapacidad, así como con Hacienda en un nuevo decreto de empleo público para las personas con discapacidad ya que "no existe" y ello "incumple la ley".
Asimismo, Vañó ha planteado la necesidad de viviendas accesibles, asequibles e inclusivas y de un plan estratégico de educación inclusiva en la Comunitat Valenciana y ha instado a la necesidad de "la sostenibilidad económica del tercer sector de la discapacidad".
"El modelo actual es insuficiente y perjudica a las personas con discapacidad y sus familias, siendo crucial que desarrollemos un modelo financiero más estable y garantista que asegure la estabilidad económica de las entidades, permitiendo una mejor gestión y promoción de los derechos sociales", ha razonado.
Su décima demanda se centra en el desarrollo de un nuevo modelo de apoyo para personas con discapacidad sin red de soporte familiar o jurídica "que elimine la la incapacitación y tutela y establezca un marco en el ejercicio de la capacidad jurídica y en la igualdad de condiciones".