Según ha informado el CGPJ, "la decisión se ha adoptado teniendo en cuenta el volumen de asuntos ingresados durante los tres primeros trimestres del año", en concreto que haya sido superior a los 1.500, y, "especialmente, el número de asuntos pendientes a 30 de septiembre", valorando igualmente que exceda los 1.500.
La Comisión Permanente ha contado con los informes favorables del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias en la materia, así como de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) concernidos por la medida.
Así, el plan de especialización se mantendrá en las provincias de Alicante, Araba, Barcelona, Bizkaia, Castellón, Gipuzkoa, Madrid, Murcia, Toledo, Valencia y Valladolid.
Por contra, se le ha puesto fin en las de Cádiz, Málaga, Sevilla y Tenerife, aunque sus órganos judiciales seguirán conociendo de los procesos pendientes en materia de cláusulas abusivas hasta su definitiva conclusión.
Además, los respectivos TSJ "podrán valorar el mantenimiento de las medidas de apoyo vigentes, así como la exención total o parcial de reparto de asuntos de naturaleza civil por periodos de tres o seis meses prorrogables", apunta el CGPJ.
"Notable mejora"
El plan de especialización en cláusulas abusivas --acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física-- fue puesto en marcha el 1 de junio de 2017 y, desde entonces, se ha ido prorrogando por el tiempo necesario para cada órgano judicial.
La Comisión Permanente ha destacado "la notable mejora de la tasa de resolución en los órganos judiciales gracias a la progresiva consolidación del plan de especialización y al mantenimiento de las medidas de refuerzo tanto personales como de medios materiales implementadas por el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas".