Ciegsa, escuela de truhanes

VALENCIA. Gerentes de total confianza del presidente de turno para que la maquinaria funcionara: Eduardo Zaplana nombró a Javier García-Lliberós, esposo entonces de su consellera Alicia de Miguel, mientras que Francisco Camps designó al ahora investigado en presunto cobro de comisiones, Máximo Caturla, y a su amigo José Luis López Guardiola. Ésa era la consigna para hacer y deshacer en Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa) desde su fundación en el año 2000. Un entramado de amigos y políticos al frente de una empresa pública calificada por el actual Consell de Ximo Puig de «estafa institucionalizada para perpetrar el mayor expolio de recursos públicos destinados a la educación en toda la historia».

Aunque el Síndic de Comptes advirtió sobre la elevada deuda y los sobrecostes desde el principio, sus quejas no surtieron efecto hasta que la diputada socialista Ana Noguera acorraló a los gestores con preguntas e investigaciones más que incómodas sobre la ingeniería financiera. El conflicto interno generado por la bicefalia se hizo insoportable entonces, a principios de 2005, año en que se registra el mayor sobrecoste en las construcciones escolares, el 43%. Por un lado, el gerente Javier García-Lliberós, y, por otro, quien le puenteaba, el secretario autonómico de la Conselleria de Educación, a su vez consejero delegado de la mercantil, Máximo Caturla, hoy en libertad con cargos como su amigo Alfonso Rus tras la operación Taula.

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Para acabar de arreglarlo, en abril de ese año Ciegsa sufre un incendio que la Policía concluyó que fue intencionado en una nave de Alaquàs donde guardaba material escolar además de abundante documentación de la mercantil que quedó destruida. En mayo, un robo en la sede de la calle Pintor Sorolla provocó el despido de la secretaria de García-Lliberós por «perdida de confianza», según explicaron desde la Conselleria, al ser ella quien solicitó la víspera del suceso las llaves de las oficinas a la vez que recomendó que no se conectara la alarma de las instalaciones porque ese fin de semana iba a trabajar personal de la dirección. No hubo más consecuencias.

Mientras, las sospechas recaían en la fórmula de adjudicar las licitaciones. Se convocaba por lotes lo que beneficiaba a determinadas firmas que, de golpe, se quedaban con la obra de varios centros y perjudicaba a constructoras pequeñas que no podían hacer frente a tal volumen.

Ante tanto dislate y viendo que la deuda crecía, un grupo de diputados del PSPV acudió en julio del mismo 2005 a la sede para demandar información a Máximo Caturla. Ese día no lo lograron, pero volvieron la semana siguiente. Al ir a examinar las cuentas, los responsables de la empresa pública permitieron el acceso sólo a Ana Noguera. Le dejaron ver el libro mayor de contabilidad, en el que comprobó asientos llamativos, por lo que pidió las facturas de los proveedores, pero le fueron denegadas con la excusa de que debía hacer una solicitud especificándolo.

«En mi opinión, esta empresa se ideó conscientemente y desde el principio no para hacer colegios sino para ganar dinero. Se evitaban los controles políticos y funcionales y políticamente no podíamos acceder a la información porque era una empresa pública de titularidad privada», lamenta Noguera, quien no dudaba en coger su coche para visitar pueblo a pueblo el estado de las obras ante la falta de datos.

Los desmanes incluían sobrecostes injustificados; contratos irregulares; falta de control en las adjudicaciones; barracones eternos; alquileres a precio de oro de las sedes; proveedores entre los que se encontraban floristerías, restaurantes de renombre, calzados o ropa de marca; despachos de arquitectos y bufetes de abogados al margen de los de la Conselleria... Muchas de estas irregularidades fueron evidenciadas año tras año a través de los informes de la Sindicatura de Comptes o denunciadas en Les Corts en interpelaciones de la oposición. Más de un centenar de intervenciones durante dos legislaturas realizó la diputada socialista Noguera y otras tantas, Marga Sanz desde EUPV.

Pero la Generalitat o, en su defecto, los consejeros de Educación de turno, no pararon esta sangría que ha provocado, 16 años después, un registro por parte de la Guardia Civil en el marco de la operación Taula y una denuncia del nuevo Consell a la Fiscalía. «Desde Ciegsa se actuaba y después la Generalitat lo asumía sin ninguna planificación», porque «renunció a las potestades de dirección, control y recepción de la obra». revela el informe de la Intervención de la Generalitat. El exconseller de Educación y diputado Alejandro Font de Mora rechaza que hubiera dejación de funciones. A preguntas de Plaza, aseguró que «los centros están todos visados» y recordó la fiscalización a que las adjudicaciones son sometidas a través de la Sindicatura de Comptes o el interventor delegado. «Se les facilitaba todos los datos», añade.

La sindicatura advirtió

Torpeza o falta de visión, en 1995 el Consell socialista de Joan Lerma dejó sobre la mesa un regalazo en forma de proyecto de mapa escolar, un listado de creación de 388 centros educativos por localidades para cumplir la ley de enseñanza (Logse). La propuesta sobre papel, una vez modificada, fue bien aprovechada por el nuevo Gobierno popular de Zaplana un lustro más tarde, con la puesta en marcha de esta empresa con el pretexto de «agilizar las construcciones», pese a que la Conselleria tenía armado su propio equipo de arquitectos.

En síntesis, y por el contrato firmado en 2001 con Educación, la mercantil se hacía cargo de la obra y su financiación, así como de la contratación de suministros de colegios (3 millones de euros por edificio) e institutos (7 millones) para, una vez ejecutada, facturar los costes del servicio prestado a la Generalitat, obligada también a amortizar la financiación de la inversión de acuerdo a sus previsiones presupuestarias.

Al principio, en las etapas de García-Lliberós y Caturla, la obra era ejecutada en unos casos por el equipo de la conselleria y, en otros, por el Instituto Valenciano de la Vivienda o de los ayuntamientos, además de por empresa pública. La entidad sacaba a concurso proyecto y obra. Así, se licitaba un proyecto básico que después de un proceso de ajuste provocaba un alza en el presupuesto de licitación.

Sobre los datos que han aflorado con el informe, algunos de los cuales se conocían, la portavoz parlamentaria de Educación del PP, Beatriz Gascó, considera que deben «ser muy cautos porque estamos ante un presunto caso de corrupción. Pero hay que deslindar.

«Ciegsa se ideó conscientemente y desde el principio no para hacer colegios, sino para ganar dinero», apunta Ana Noguera

El que haya un presunto caso de corrupción en Ciegsa no convierte toda la actividad de Ciegsa en corrupta. Tenemos 600 centros en pie». Tras negar que en los sobrecostes haya mordidas o financiación ilegal, apunta que «los primeros interesados en dar las facilidades para que se sepa la verdad somos nosotros». Tampoco piensa que exista responsabilidad política. «Los sobrecostes no son delito y no son novedad. Habrá que estudiar centro a centro y no generalizar».

Cuando Alejandro Font de Mora es nombrado conceller en 2007 cesa a Caturla y nombra como consejero delegado a su asesor, José Luis López Guardiola, amigo de Francisco Camps. Las adjudicaciones se llevaban a cabo a través de baja libre, sacando una media entre la oferta más alta y la más baja.

Es en esta etapa cuando Ciegsa traslada su sede a un inmueble cuya compra costó 4,5 millones, tras vender la del Parque Tecnológico de Valencia, que no se llegó a utilizar y que había sido adquirida a la empresa Destro, propiedad del constructor Enrique Ballester. Ciegsa abre las puertas de las nuevas instalaciones a diputados y periodistas y, lo más importante, descienden los sobrecostes. Sin embargo, surge entonces un cártel de empresas que pacta los precios de las aulas prefabricadas antes de ser adjudicadas, «restringiendo la competencia». Entre 2008 y 2012, según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), un grupo de constructoras recibió 29 millones de euros en contratos.

La trama sancionada la integraban ABC Arquitectura —propiedad de Juan Lladró—, Algeco, Alquibalat, Alquibarsa, Arlan, Dragados (ACS) y Remsa. Al respecto, Guardiola, asegura a Plaza sentirse tan «engañado» por estas empresas como los ciudadanos «porque pactaban a nuestras espaldas», a lo que añadió: «Me interesa que se investigue judicialmente y que cada palo aguante su vela. En Ciegsa hemos trabajado con buena fe y honestidad. Yo no me he hecho rico». También insiste en que había controles, aunque reconoce que «el presupuesto no era finalista y era a base¡ de endeudamiento».

Bien diferente es la opinión del actual consejero delegado y secretario autonómico de Educación, el socialista Miquel Soler: «Aparte de las responsabilidades penales que se deriven, lo que es indudable es que no se estaba haciendo un seguimiento de lo que realizaba Ciegsa, porque no se habrían dado estas desviaciones tan fuertes ni los supuestos desfalcos o los mil millones de sobrecoste».

Construir sin Ciegsa

Con la crisis económica y los ajustes presupuestarios, el Consell de Alberto Fabra acordó en 2013 el proceso de disolución de la mercantil y la extinción de la deuda de la Generalitat con ella. Un informe jurídico de la Abogacía General, un año después, prohíbe seguir efectuándole encomiendas aunque continúa prestando servicios para la conselleria, sobre todo aquello que estaba en marcha, en particular el alquiler de barracones.

El proceso de integración en la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) no se ha producido todavía. En breve, se adoptará una decisión formal pero todo apunta a que será absorbida por este organismo. Las obras escolares, sin embargo, no se pararán. El nuevo conseller Vicent Marzà ha presentado el futuro plan de infraestructuras educativas: 124 centros en una primera fase y, en una segunda hasta 2019 se prevén otros 116, además de 463 actuaciones diversas. ¡Menudo negocio!, pensarán algunos con nostalgia.

(Este artículo se publicó originalmente en el número de marzo de Plaza)