Ciegsa tendrá que traspasar sus activos a la Generalitat antes de que termine 2015

VALENCIA. La empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A. (Ciegsa)tendrá que pasar todos sus activos a la Generalitat antes de que termine 2015 si la Conselleria de Educación no cambia la ley del Gobierno anterior. En las apreciaciones del auditor de sus cuentas de 2014 llama la atención sobre el artículo 29 del Decreto Ley 7/2012 de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat.

En éste apunta a que se prevé la incorporación de la totalidad de las acciones de la sociedad, titularidad de la Generalitat, a favor de la Entidad de infraestructuras de la Generalitat, momento a partir del cual se procederá a su extinción de la sociedad mediante la cesión de su activo y pasivo. El Convenio de Colaboración firmado el 5 de febrero de 2001 con la Conselleria de Eduación, que se creó con el objeto de regular la realización y financiación de las obras y estructuras educativas, establece como fecha límite para que los edificios construidos vuelvan a manos de la Generalitat el 31 de diciembre de 2015. 

La auditora recuerda que cuando hizo esta apreciación la administración no había tomado ningún tipo de decisión para iniciar este proceso. Actualmente la Administración está esperando el informe jurídico correspondiente pedido a Abogacía de la Generalitat para saber exactamente qué pueden y qué no pueden hacer por lo que todas las opciones están abiertas. Se contemplaría tanto la opción liquidarla, como estaba previsto, o mantenerla para seguir construyendo infraestructuras educativas con los profesionales que actualmente están contratados por la empresa. 

Aunque en 2012 se decidió que iría a liquidación lo cierto es que sus entramados de deuda desprenden la idea de que la dificultarán, al margen de que se tome la decisión de que siga abierta para continuar con la construcción de colegios desde la misma. Además, en sus últimas cuentas, el resultado de explotación el año pasado fue negativo en 13,4 millones, frente a 1,9 millones de pérdidas registradas en 2013 por un cambio de legislación le llevó a asumir 11,2 millones de pérdidas al no poder compensarse el IVA de la Generalitat.

La modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), aprobada a finales de 2014, establece que "no estarán sujetos al IVA los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten la condición de medio propio instrumental" de la Administración Pública. 

Más de 800 millones evaporados

Desde que se pusiera en marcha, ya son 809.315.487 euros los que ha enjugado la sociedad a través de reducciones de capital. La última 'evaporación' fue poco después de elecciones pero antes del cambio de Consell, el 19 de junio, en la que acordó reducir el capital de la sociedad en 69,5 millones para compensar resultados negativos de ejercicios anteriores.

Estos se sumaron a las realizadas en 2013 y 2014 por importe de 183.115.487 euros y 556,7 millones. La última reducción de capital, realizada por la Generalitat, su único accionista, dejó el capital social en 71, 3 millones. El expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ya contaba con eliminar a Ciegsa en la reestructuración del sector público empresarial pero no llegó a entrar en fase de liquidación por el agujero de deuda que tiene la sociedad.

Los presupuestos de 2014 todavía se dedicaban 33 millones de euros a esta entidad, convertida en un pozo profundo en la que ha sido imposible terminar con su deuda. En 2012, cuando hubo que dar luz a las cuentas para poder acogerse a mecanismos de rescate como el Fondo de Liquidez Autonómico, apareció una deuda de más de 2.000 millones de euros por la construcción de colegios.

La Sindicatura de Comptes también apuntaba en 2013 a la Generalitat que reconociera en sus cuentas el valor de los centros educativos que Ciegsa ponía a su disposición y han alertado en numerosas ocasiones sobre los alarmantes sobrecostes en la construcción de colegios e institutos, que llegaron a superar el 50%.