Cien días y muchas limitaciones

Estas semanas he tenido la oportunidad de sufrir en carne propia las limitaciones en la autonomía de las instituciones más cercanas a la ciudadanía: los ayuntamientos. De hecho, hemos sufrido desde hace un tiempo la paulatina pérdida de competencias en las materias más sensibles. Sin embargo, después del 24M una gran parte de los ayuntamientos ha vivido cambios sustanciales, pasando a estar gobernados por plataformas unitarias o partidos progresistas dispuestos a afrontar una acción política basada en garantizar las necesidades básicas de la población y recuperar la gestión pública de los servicios. Es por ello que, ahora que se han producido los 100 días de gracia que se concede a los nuevos equipos de gobierno de las diferentes administraciones, es de justicia analizar con qué corsé normativo y, en consecuencia, económico se encuentran a la hora de enfrentarse a sus compromisos electorales.

La crisis económica ha supuesto una coartada ideal para implantar un nuevo modelo basado en la externalización de los servicios en un proceso, como dice el historiador Josep Fontana, de "privatización de la democracia". Así se ha producido durante los últimos años un sangrante desvío de dinero público a los bolsillos de grandes empresarios a través de la firma de contratos integrales blindados para tiempos muy prolongados que, en la práctica, no resultan eficaces para garantizar los servicios para los que se les ha contratado. Un ejemplo cuyos datos he conocido estos días, es el de la privatización del agua y saneamiento en muchos municipios que ha servido, no para mejorar la gestión y ahorrar, sino todo lo contrario, quedando de manifiesto el hecho de que finalmente son dos multinacionales las que controlan el 80% de esas privatizaciones: FCC y Aguas de Barcelona.

Según el gerente de AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), Luis Babiano, en una entrevista reciente, aseguraba: "No se privatiza para tener un mejor servicio, se privatiza porque nuestros ayuntamientos, mal financiados y a veces mal gestionados, ven la oportunidad de venderle a una multinacional algo muy valioso: los clientes seguros de este monopolio natural". Por lo que los nuevos consistorios se encuentran en la mayoría de los casos maniatados a la hora de afrontar los procesos de remunicipalización que habían considerado como prioritarios en sus programas electorales.

la externalización de los servicios en un proceso de "privatización de la democracia"

A su vez, el marco normativo estatal ha ido estableciendo limitaciones a la hora de implementar medidas recaudatorias provocando un vaciamiento paulatino de los ingresos públicos. Y esta es la pescadilla que se muerde la cola porque la falta de ingresos propios obliga a contraer deuda, hipotecando futuros ejercicios y, por supuesto, el futuro de las ciudades. Así pues, la deuda se convierte en un elemento indisolublemente unido a la acción de los gobiernos con todo lo negativo que ello conlleva.

Dentro de este contexto, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local rompe con el principio de autonomía local en aras de otros principios que considera de mayor prevalencia constitucional: el control presupuestario limitando el gasto social incluso en escenario de superávit y el control del déficit y adelanto de pago de la deuda. Evidentemente, estos principios rectores son consecuencia de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución Española que realizaron PSOE y PP con agosticidad y alevosía plegándose a las órdenes de la Troika.

Además, nos encontramos con otro obstáculo en la autonomía de los gobiernos locales a través de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que impide, a pesar de que haya superávit, que se dedique ese saldo positivo al gasto social, sino que ha de utilizarse para seguir saciando a los tenedores de deuda. Es decir, aunque el ayuntamiento esté cumpliendo honradamente los plazos de amortización, deberá seguir adelantando el pago de esa deuda con el superávit. Este nuevo obstáculo viene explicitado en su artículo 12 y es conocido como la "regla de gasto".

Así pues, con limitaciones a la hora de marcar la política fiscal del municipio, no pudiendo recaudar todo lo que se desearía, teniendo que cumplir religiosamente con el pago de la deuda y utilizando el superávit para compromisos económico-financieros, es muy complicado conseguir los objetivos programáticos de un ayuntamiento transformador. Además la Federación Española de Municipios y Provincias debería de ser un instrumento que forzara el cambio de norma legal y no una rémora como hasta ahora para la superación de las insuficiencias normativas.

Los conocidos como "ayuntamientos del cambio" se reunieron en Zaragoza el pasado jueves 17 de septiembre para firmar una Declaración que recogiese todas estas reivindicaciones y en la que se comprometieron a hacer una labor pedagógica que ayudara a hacer comprender cómo nos encontramos constreñidos por un entramado legislativo que se impone para marcar el camino a seguir. Ante ello, ayuntamientos como el de Alicante, Madrid o Barcelona reivindican la conquista de la autonomía local pasando por la toma de decisiones que hagan posible la gestión a partir de la recaudación de impuestos, abandonar la dependencia del endeudamiento y una recuperación de la gestión pública en los servicios básicos de la ciudad. Por supuesto, todo ello pasando por una auditoría de la deuda que ponga luz y taquígrafos a todas las acciones políticas pasadas que condicionan el presente y futuro de todas estas ciudades.

A pesar de las dificultades, estoy convencida de que viviremos tiempos de transformaciones pero es necesaria audacia y firmeza a la hora de afrontar la hoja de ruta programática, siendo conscientes de que las presiones serán muchas y vendrán teledirigidas por elementos muy poderosos que verán cómo su poder va debilitándose en pro de la soberanía popular. Hasta que llegue ese momento, al menos, tengamos este análisis en cuenta al contemplar los 100 primeros días de los nuevos gobiernos locales y hagamos saber a nuestros vecinos y vecinas que también, en nuestro pueblo, la Troika nos quiere gobernar.