VALÈNCIA. Los presupuestos participativos del Ayuntamiento de València no acaban de funcionar. Sólo se han puesto en marcha el 40% de los proyectos aprobados por los vecinos en 2016, y de los más de 70 aprobados este año apenas se han concluido un par. Convertidos en un emblema de las nuevas maneras de gobernar, los presupuestos participativos se han topado con varias realidades que han hecho que su implementación sea tortuosa. Por si fuera poco la dimisión de Jordi Peris, portavoz de València en Comú y primer concejal de Participación, ha alterado el programa inicial. Con la llegada de una nueva concejal, Neus Fábregas, que ha propuesto un nuevo sistema, los vecinos han mostrado ya sus reticencias. ¿Por qué no acaban de funcionar?
1. Ausencia de un coordinador general. Dice el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés que en este asunto se percibe claramente, más que en ninguno, la ausencia de una figura que, situada por debajo del alcalde, Joan Ribó, haga las funciones de gran coordinador del consistorio, alguien “con mando en plaza”. Ese delfín que gerencia el Ayuntamiento no existe como tal y provoca que los asuntos de los presupuestos participativos, que afectan casi siempre a varias concejalías, se topen con retrasos burocráticos o confusiones, como por ejemplo la actuación en la calle Ramón de Perellós donde los vecinos denunciaron en su día que la actuación municipal no se ajustaba a lo solicitado. Ellos querían que la calle fuera para uso peatonal y Movilidad interpretó que querían una vía residencial con permiso a los niños para jugar en ella. Los coches siguen circulando por la calle. Los niños no juegan en ella.
2. Atascos en la ejecución. Un error de diagnóstico a la hora de poner en marcha los presupuestos participativos ha sido obviar la situación del personal del Ayuntamiento. La plantilla está envejecida. Es corta. Los constantes recortes de personal durante las dos últimas legislaturas del PP se han traducido en una carencia de medios humanos acuciante. Si bien el consistorio está realizando pasos para corregir esa dinámica negativa y, a pesar de la tasa de reposición, está incrementando la plantilla, el número de empleados está aún por debajo de las necesidades reales. En ese contexto, los presupuestos participativos tienen el mismo bajo cumplimiento que otros departamentos del Ayuntamiento porque sufren los mismos cuellos de botella. A este respecto, la Federación de Asociaciones de Vecinos emitió este martes un comunicado sobre el asunto en el que instaba al Ayuntamiento a que pusiera los medios necesarios para agilizar la tramitación o, en su defecto, que modifique el modelo de consulta dando a las asociaciones de vecinos unas pautas predeterminadas de qué tipo de proyectos deben proponer, para que no sean descartados o para que se puedan tramitar con agilidad. Desde los vecinos se cree que el atasco que ha sufrido el Ayuntamiento para ejecutar los proyectos aprobados en 2016 y 2017 podría estar detrás de los cambios introducidos en la consulta del 2018.
3. Dudas sobre el sistema. Un elemento que tampoco parece que vaya a contribuir mucho a la popularización de los presupuestos son precisamente los cambios que se han producido desde la primera edición. La presidenta de la Federación de Vecinos de València, María José Broseta, se ha mostrado sorprendida ante el nuevo modelo de presupuestos participativos anunciado por Neus Fábregas. La entidad vecinal desconoce a día de hoy al detalle el procedimiento de distribución de los siete millones de euros o cómo se seleccionarán los proyectos. Broseta considera que el anuncio de Fábregas de cambios ha generado inquietud y confusión entre las diferentes asociaciones. “En la reunión que mantuvimos con la concejala y otras entidades tan solo se nos dio alguna idea del nuevo proceso, pero sin entrar en detalles; en cualquier caso, se dejó abierta la posibilidad de que hubiera proyectos propuestos por la ciudadanía para sus barrios, al menos según entendimos los allí presentes”.
4. Considerar una participación del 2,3% un éxito. Sin el apoyo decidido de los vecinos será muy complicado aumentar la participación ciudadana. Los 15.338 votantes en el proceso decidimVLC de 2017 representan sólo el 2,3% del censo de mayores de 16 años empadronados en València, conformado por 674.918 personas. El problema viene en la interpretación de este resultado. Desde el consistorio están satisfechos porque suponía duplicar los votantes de la primera edición, e igualmente porque eran datos bastantes mejores que los de ciudades como Madrid (el 1,68% de participantes) o París (el 1,85%). Sin embargo, la interpretación que se hace desde fuera del Govern de la Nau es muy diferente. “No se puede vender como un éxito esa cifra, ni aunque el entorno sea tan bajo”, comenta Estellés. De hecho cita como ejemplo que en las pedanías, donde sí hay una mayor implicación, los porcentajes de votación son mucho más altos. Desde su punto de vista algo está fallando en la comunicación.
5. La brecha digital. Y finalmente, otro aspecto que se podría tener en cuenta a la hora de explicar este fracaso se halla en un error de concepción desde el principio: olvidarse de la brecha digital. Ya lo denunció UGT a finales del año pasado: la brecha digital no sólo no se está cerrando en nuestro país sino que además se ha hecho estructural. Un 18% de los hogares y un 17% de los ciudadanos españoles no acceden nunca a Internet, lo que coloca a España en el puesto 15 de los 28 estados miembros de la UE. Los estudios del sindicato demuestran que esta exclusión digital no se explica por la falta de infraestructuras en los hogares. Influyen, y mucho, la falta de interés (67,4%) o de los conocimientos necesarios (41%) y los costes relacionados con la conexión (25%). Los presupuestos participativos se han volcado sobre todo en el mundo digital. “Hay muchas personas de la tercera edad que nunca han utilizado un ordenador y no les puedes enseñar a manejar internet el día que van a votar un proyecto de los presupuestos”, comenta Estellés. Inocencia, ingenuidad, ignorancia… la realidad es que los presupuestos participativos están concebidos desde una óptica que, con ser amplia, es al mismo tiempo excluyente porque deja fuera a una parte importante de la ciudadanía. Y eso hace que sea imposible que sean los presupuestos ‘de todos’.