VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha citado a declarar en calidad de querellados a prácticamente todos los miembros del Consejo de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de 2022 por el concurso de la nueva terminal de Sagunto. La citación, adelantada por Esdiario y confirmada por Valencia Plaza, se produce tras una querella interpuesta por Grupo Alonso a través de su sociedad Intersagunto Terminales (IST).
El motivo es la adjudicación del concurso para la "construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de una terminal pública polivalente en el Muelle Centro 2 del Puerto de Sagunto", realizada a finales de 2022. Al concurso se presentaron dos ofertas y, en diciembre de 2022, la Mesa de Calificación acordó excluir la de IST, lo que dejó como única oferta válida la de la UTE conformada por Noatum Terminales –empresa de capital emiratí–, la guipuzcoana Inversiones Algeposa y Boluda Lines, una sociedad perteneciente a Vicente Boluda, quien es consejero de la APV.
Grupo Alonso presentó primero un recurso de alzada contra la exclusión de su filial, en el que solicitó la anulación del acuerdo al valorarlo como "arbitrario e ilegítimo". Entendía que la Autoridad Portuaria de Valencia había excluido "de manera sorpresiva" la propuesta presentada por IST y afirmaba que "es ostensible la preferencia que se dispensa a la UTE licitadora".
Ahora, una vez rechazado, ha acudido a los tribunales con la presentación de una querella por los presuntos delitos de negociación y actividad prohibida a los funcionarios públicos en el ejercicio de su actuación; prevaricación administrativa; asesoramiento permanente o accidental por funcionario público; utilización de secreto o información privilegiada por funcionario público; fraude a la administración; aprovechamiento de información privilegiada por funcionario público; fraude a la administración, y tráfico de influencias.
La jueza la ha admitido a trámite y ha citado a declarar a los miembros del Consejo de Administración de la APV en aquel momento durante las próximas semanas. Después de escucharles, deberá decidir si ordena más diligencias, si sigue adelante con la instrucción y, en ese caso, a qué personas de las querelladas mantiene en la causa como investigadas.
Las personas querelladas que tendrán que acudir a declarar son un total de 18. Entre otras, las siguientes: el expresidente del Puerto Aurelio Martínez; el exalcalde de València Joan Ribó (quien delegó su voto aquel día en el exsecretario autonómico de la vicepresidencia Iván Castañón); la eurodiputada Inmaculada Rodriguez Piñero; el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; el alcalde de Sagunto, Darío Moreno; el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata; el empresario Vicente Boluda; el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) Salvador Navarro, y la directora corporativa de Puertos del Estado, Pilar Parra.
Es muy probable que a la mayoría de ellos les asista o la Abogacía del Estado o la Abogacía de la Generalitat, puesto que tienen derecho como componentes del Consejo de la APV. De hecho, el representante de la Abogacía del Estado en el Consejo de Administración del Puerto tendrá que declarar también.
En cambio, irán con defensa propia el naviero Vicente Boluda y su hijo Ignacio Boluda Ceballos, contra quien también se dirige la querella como supuesto beneficiario del presunto delito. También están querelladas como personas jurídicas las empresas de la UTE: Noatum Terminales, Inversiones Algeposa y Boluda Lines.
Una de las personas querelladas explicó este jueves a Valencia Plaza que están tranquilos ante la citación puesto que los integrantes del Consejo de Administración se limitaron a votar un acuerdo de adjudicación que les vino dado por la Mesa de Contratación y, por tanto, está avalado por los técnicos.
Intersagunto Terminales consideró en su momento que había sido "indebidamente excluido del concurso" al infringirse los principios de igualdad de trato y de no discriminación. Valoró que era "ostensible la preferencia que se dispensa a la UTE licitadora", que quedó como única candidata en el concurso tras la exclusión de IST.
En este sentido, sostuvo que se atentaba "contra la libre competencia", al mismo tiempo que "se excluía a la terminal con una gestión de recursos humanos más alineada con la normativa europea del arco mediterráneo español", se rechazaban "las mejores expectativas económicas para la propia APV" y se atentaba "a la legalidad en materia de concursos públicos de España".
En su recurso de alzada afirmaba que el volumen de inversión propuesto por IST era un 70% superior a la de la UTE, 34,9 millones más. Además, detallaba que la propuesta de IST incrementaba en 19,1 millones de euros las tasas respecto a la propuesta de la UTE. Por ello, Grupo Alonso considera "incomprensible" que la Autoridad Portuaria de Valencia rechazase unos ingresos "mucho más elevados".