CASTELLÓ. El gigante frutícola Citr&co sigue a la espera de que el Tribunal Económico Administrativo Central resuelva la disputa que mantiene con la firma acerca de liquidaciones tributarias por valor de más de 4 millones de euros. El grupo radicado en el municipio castellonense de Almassora recurrió el cobro de este dinero en concepto de Impuesto de Sociedades y ahora falta que el organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, resuelva lo que desde la firma consideran una discrepancia de criterios.
Así lo reflejan las cuentas de la compañía del año pasado, según las cuales en 2021 se recibieron acuerdos de liquidación a raíz de diversas actas firmadas en disconformidad donde se ponían de relieve "discrepancias en la interpretación de la normativa" sobre el tratamiento fiscal de determinadas operaciones entre empresas del grupo y los precios de transferencia establecidos en dichas transacciones internas.
Los acuerdos de liquidación superaban un valor total de 4,4 millones de euros, intereses incluidos, relacionados todos ellos con el impuesto sobre beneficios -Impuesto de Sociedades- relativo al período entre los años 2013 y 2017. Actas que "han sido liquidadas por el grupo", tal como describe la memoria anual a fecha de 31 de agosto, pero la firma no está de acuerdo con el criterio esgrimido por Hacienda para el cobro de estas cuantías.
"Los administradores de la sociedad dominante -Citri&Co- y sus asesores fiscales consideran que existen argumentos fundados que avalarían la improcedencia de las liquidaciones notificadas", explican las mismas cuentas en ese sentido. De hecho, lo que hizo la empresa fue pagarlas "dentro del período voluntario de pago" y, a continuación, presentar una reclamación económica-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Central, el organismo encargado de dirimir reclamaciones tributarias.
Así pues, las cuentas de Cítrico Global apuntan que las actas de liquidación estaban "recurridas" al cierre del ejercicio fiscal: "Se encuentra pendiente de resolución". Con todo, en la compañía muestran tranquilidad y confianza en que el Tribunal acabe dictaminando en su favor, con el convencimiento de haber interpretado la firma correctamente la normativa.
Además, los administradores exponen en las mismas cuentas que "los eventuales pasivos resultantes" de estas discrepancias fiscales, "en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las presentes anuales consolidadas", con elevados registros de facturación.
No hay que olvidar que el gigante frutícola que tiene como origen la compañía Martinavarro facturó en la campaña 2020/2021 casi 438 millones de euros y empleó de media a unos 1.300 trabajadores en sus diferentes ramas, con las que comercializa cerca de medio millón de toneladas de más de 50 variedades de fruta fresca al año y cultiva más de 10.000 hectáreas de campo. Unos activos que han ido creciendo en los últimos años.
Así pues, el holding dispone de seis centros de manipulación: Villalonga (Valencia); Río Tinto (Huelva); Bigastro, Orihuela y Albatera (Alicante); y Marrakech (Marruecos). Desde ellos se comercializan muchos productos manipulados previamente en los centros de la mercantil Greenmed (antigua Martinavarro) ubicados en Sollana, Xeraco, Almassora y Cartaya (esta última en Huelva).
Actualmente, el conglomerado integra múltiples firmas del sector agrícola: además de Martínavarro y Río Tinto, incluye Sun Pack, Perales y Ferrer, Agrimarba 2, Organic Citrus, Ecosenses 2, Aldebaran Fields y Yan Success, centradas en el cultivo y comercialización de cítricos; pero también la holandesa Mcitrus BV, para comercialización agrícola; Carpa Dorada, para la explotación de variedades vegetales; o Melon&Co Direct, para la comercialización de melón y sandía. Ostenta asimismo Ebransar y Global Melon, que tienen como objeto la tenencia de participaciones; y a la compraventa y arrendamiento, excepto financiero, de bienes inmuebles se dedican Cítrico Real Estate; Rio Tinto Real Estate; y CG Indusvest.
